Denuncia incremento de la trata en Chiapas, principalmente de centroamericanas

Teresa Ulloa

La directora en México de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina (CATWLAC, por sus siglas en inglés) Teresa Ulloa Ziáurriz denunció hoy el incremento de la trata de mujeres en la frontera sur Mexicana, la mayoría de ellas centroamericanas que son usas en bares, cantinas, botaneros y demás centros de prostitución. Otras más terminan en manos del crimen organizado quienes después de «usar» sus cuerpos, las asesinan. 

En conferencia de prensa, la abogada y activista defensora de los derechos humanos, manifestó hoy su preocupación que en entidades como Chiapas la violencia contra las mujeres va en aumento aún en aquellos municipios como Tapachula donde se declaró ya una Alerta por Violencia de Género (AVG) sin que hasta ahora las Autoridades locales sepan cómo responder ante esa medida dictada desde la propia Secretaría de Gobernación.

Teresa Ulloa estuvo en Chiapas para presentar el informe de la violencia hacia las mujeres en esta entidad ubicada e. La frontera sur Mexicana. 

La activista manifestó su preocupación porque se ha incrementado la trata de mujeres contrarío a lo que dicen las autoridades gubernamentales en la entidad y que las mujeres centroamericanas son las principales víctimas de este flagelo. 

Expuso que en las ciudades ubicadas a lo largo de la línea fronteriza como Tapachula y muchas localidades más es donde se puede Ubicar cómo se comercia y explota a las mujeres en bares, cantinas, botaneros y centros de prostitución.

Carteles como Los Zetas, dijo, también están implicados en la trata de mujeres y niñas, y esto ante la omisión o complacencia gubernamental.

En la presentación del informe, Xochitl Flores Archila del Observatorio de Violencia Social y de Género en el estado de Chiapas, recordó que esta instancia se creó a propuesta de Ulloa Ziaurríz Fundadora y Presidenta de Defensoras Populares A.C. con el apoyo de Indesol en el 2010 para responder ante un alarmante incremento en los delitos hacia la mujer en el estado.

 

Expuso que el Observatorio siempre ha tenido como su principal objetivo coadyuvar con información fidedigna y actualizada sobre el tema  de violencia social y de género; Impulsar mecanismos de colaboración entre Gobierno del Estado y la Sociedad Civil; Aportar elementos que permitan a las dependencias y entidades de la administración pública del Estado realizar de manera rápida y eficáz el procedimiento de atención y registro de información de los casos de violencia social y de género, lo que servirá para hacer los procesos de análisis y sistematización de las diversas fuentes de información.

 

A nivel nacional las instituciones trabajan actualmente un sistema informático que facilita la información sobre los diversos delitos que sufren las mujeres; que es alimentado desde todas las instituciones responsables de atender los delitos en todo el País con registros de cada víctima y el delito, esto se logró a través de varios años, un aporte importante del trabajo de la sociedad civil con los observatorios que existen en el País. 

Dijo que hacer visible la violencia que se ejerce contra las mujeres es el primer paso para que el estado y la sociedad civil generen políticas públicas para la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y que les preocupa que a mayor empoderamiento, mayor violencia.

 

Al día, desde el Observatorio se revisa los periódicos locales: Diario de Chiapas, Cuarto poder, Noticias, El Heraldo de Chiapas, El Siete de Chiapas, Expreso, La Voz del Sureste, El Sol de Chiapas, Chiapas Hoy,  y Es, Diario popular publicados en Tuxtla Gutiérrez.

 

De 2011 al 2016 se monitorearon 10, 997 periódicos, con un promedio de 40 notas con casos de violencia por mes, que suma 2400 notas de delitos contra mujeres y menores.

 

El Total notas periodísticas que contienen delitos son 2,560 que se conservan en sus archivos.

 

Los feminicidios se dan entre mujeres de 25 a 30 años promedio. Las Desapariciones de mujeres oscilas en edades que van en los 14 años promedio, todas ellas víctimas posible de Trata. 

 

Expuso que entre las mujeres víctimas de Trata de personas oscilan en los 17 años en promedio.

Desde septiembre de 2011 inició el monitoreo de prensa de periódicos locales y consideró Flores Archila que a partir de las bases de datos y notas periodísticas se puede detectar los municipios mas violentos y también los meses en que aumenta la Violencia, principalmente el Femenicidio, las Desapariciones y desapariciones como posibles víctimas de trata de personas, y que estos datos georreferenciados pueden contribuir al diseño de políticas públicas de prevención; los datos son como un termómetro o alarma que visibiliza la violencia.

 

Aclaró que el Observatorio no opera para dar atención a víctimas, sin embargo por su nombre continuamente les solicitan apoyo y lo que hacen es canalizar a las diferentes instancias que atiende el Gobierno del estado. 

La situación de las víctimas del delito es algo que les preocupa, y ha hecho que a los largo de estos años demos seguimiento a varios casos de desapariciones, violaciones y violencia familiar. 

Recordó que el pasado 18 de noviembre se declaró la Alerta de Género en soete municipios del estado, después de la lucha de más de tres años de activistas como Martha Figueroa Mier y otros  grupos feminista.

 

Y que como una señal que demuestra el compromiso del Congreso del estado es la Nueva Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y una Vida Libre de Violencia para las Mujeres que se acaba de aprobar por unanimidad. Deroga dos leyes: Ley de acceso y la Ley de Igualdad; tipifica la violencia de género en sus diversas expresiones. 

Indicó que es una Ley de avanzada que promueve la Universidad Autónoma de Chiapas y la Red Chiapas por la paridad efectiva (REPARE), Martha Figueroa y la Procuraduría General de Justica del estado que trabajan en la Ley reglamentaria para lograr hacer real los derechos de tod@s pero principalmente el de las mujeres, basada en los acuerdos tratados internacionales firmados y ratificados por México y aquí esta el meollo del asunto. 

«De e acuerdo a la experiencia mientras no se judicialice no habrá manera de avanzar, debe haber castigo penal para quienes no cumplen con la Ley», concluyó Flores Archila.

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