Desplazados de Nueva Palestina, Ocosingo, exigen a Fiscalía y Poder Judicial ejecutar órdenes de aprehensión; casi cinco años sin justicia
Desplazados de Nueva Palestina. Foto: Chiapas Paralelo
Seis familias tseltales expulsadas en diciembre de 2021 se manifestaron en Tuxtla frente al Tribunal de Justicia y la Fiscalía de Chiapas. Temen que el exsíndico de Ocosingo Martín Martínez Díaz, a quien señalan como líder del ataque, salga libre.
Familias desplazadas de la comunidad Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, se manifestaron este martes 10 de noviembre frente al Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General del Estado (FGE), en Tuxtla Gutiérrez. Exigieron que se ejecuten las órdenes de aprehensión contra sus agresores y que no se libere a ninguno de los detenidos. A punto de cumplirse cinco años del ataque, las órdenes de aprehensión que un juez ya liberó siguen sin ejecutarse, según las familias.
En un comunicado dirigido al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y al fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca, las seis familias preguntan: «¿Dónde está la cero impunidad?», el lema de la Fiscalía.
Llegaron con pancartas escritas a mano y con playeras que llevan impresa la ficha de búsqueda de Fredy Gómez Sántiz, emitida por la propia FGE. Fredy desapareció el 16 de diciembre de 2021, el día del ataque. «Somos 38 personas desplazadas», decían las pancartas sostenidas por niñas y niños.
Las peticiones
El documento enumera cinco demandas: ejecutar las órdenes de aprehensión liberadas contra los agresores; no dejar en libertad a quienes «han atentado con nuestras vidas»; la reparación integral del daño; una mesa de atención directa con el gobernador y el fiscal; y condiciones para una vida digna.
Las familias citan tres expedientes: el registro de atención 1308-078-1001-2022, en la Fiscalía de Justicia Indígena de San Cristóbal; la carpeta 145-101-3001-2022, en la Fiscalía contra la Desaparición Forzada, y la carpeta 0083-065-0914-2026, en la fiscalía regional de Palenque.
Isaura Velasco García, integrante de la familia y sobreviviente del ataque, dijo a Chiapas Paralelo que Martín Martínez Díaz está detenido por secuestro y que a las familias les han comentado que podría quedar libre. «Nada más uno lo tienen en la cárcel», dijo.
«Si no hay corrupción, entonces que lo encarcelen», reclamó. «¿Dónde está la justicia? Puro dinero».
Martínez Díaz fue electo síndico de Ocosingo en 2024 por el Partido Verde. En mayo de 2025 fue detenido tras un enfrentamiento con la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, y el Congreso estatal le retiró el fuero. Ese mes fue llevado a audiencia de vinculación a proceso por la desaparición de Fredy, en Cintalapa. En septiembre de 2026, como publicó este medio, dejó de aparecer en el Registro Nacional de Detenciones.
Isaura Velasco relató que ella pasó 11 meses en prisión junto con su cuñada, Antonia Aguilar Solórzano, y que fue liberada al no comprobársele culpa. Hoy vive con sus hijos en una casa rentada, donde duermen en el piso. «Para qué vamos a regresar si hay amenazas allá», dijo.
Desplazados de Nueva Palestina. Foto: Chiapas Paralelo
Diciembre de 2021
El 15 de diciembre de 2021, según el comunicado, hombres armados secuestraron a Antonia Aguilar y a dos de sus hijos, tras fallar en el intento de asesinar a su esposo, el defensor tseltal Versaín Velasco García. Al día siguiente atacaron el domicilio de la familia, quemaron las casas de seis familias, torturaron a mujeres, niñas y niños, y desaparecieron a Fredy.
Las familias señalan como responsables a Martín Martínez Díaz, Martín Martínez González, Mariano Díaz Arcos, Emilio Bolom Gómez, Agustín Arias Cruz y Antonio Velasco Gutiérrez, entre otros.
Versaín Velasco, quien había denunciado la presencia de grupos dedicados al tráfico de drogas, armas y personas en Nueva Palestina, fue detenido días después y condenado a más de 58 años de prisión por homicidio. La relatora especial de la ONU sobre personas defensoras, Mary Lawlor, citó en abril de 2026 su caso como una detención presuntamente arbitraria.
En octubre de 2023, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigió una recomendación a la FGE y al gobierno de Chiapas por omisiones y negligencia que propiciaron los ataques y el desplazamiento. El ataque ocurrió durante el gobierno de Rutilio Escandón; el caso sigue abierto en el de Eduardo Ramírez.
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