Exigen al gobierno detener la simulación de medidas ante la Alerta de Violencia de Género

Marchan por la vida y libertad de las mujeres, jóvenes y niñas de Chiapas (4) – Foto Andrés Domínguez

La Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas conformada por activistas y diversas organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos, calificaron de “una simulación” las medidas implementadas por el gobierno estatal ante la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para las Mujeres en Chiapas emitidas en noviembre  del 2016.

En voz de la feminista Mercedes Olivera, demandaron al gobierno frenar esa “engañosa” política pública con el no se ataca de raíz la violencia estructural que sigue cobrando cada vez la vida de más mujeres en todo la geografía estatal chiapaneca.

El Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas A.C., Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C., Melel Xojobal, A.C., Agua y Vida, A.C., Colectiva CEREZA, Semilla del Sur, A.C., y otras mujeres activistas, peticionarias de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para las Mujeres en Chiapas se dijeron preocupadas que en la entidad 60 por ciento del presupuesto se aplica en capacitación de jueces, policías, ministeriales y demás persona del aparato de procuración y administración de justicia, sin embargo, los resultados son en vano.

Señalaron que han dado seguimiento puntual a las medidas derivadas de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AGV) en Chiapas, es por eso que en el marco del Día Internacional de la Mujer, le piden al gobierno que “cese de su engañosa aplicación”.

Consideraron que las limitadas acciones emprendidas e informadas por el gobierno, a más de un año de su aplicación, lejos de detener la violencia, “han resultado ser una simulación y una burla para las mujeres violentadas y asesinadas”.

Señalaron que combatir la violencia de género no es incorporar mecánicamente la “perspectiva” de género a las políticas y programas del Estado, ni de realizar actividades parciales, fragmentadas y desarticuladas, sino asumir la existencia de las desigualdades y violencia de género, en todos los ámbitos de la vida social, así como la necesidad de transformarlas y de eliminar el carácter patriarcal del Estado desde su raíz.

Por lo tanto, le recordaron al gobierno federal, estatal y los alcaldes, la obligación del Estado de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres que tiene asignada constitucionalmente, no debe reducirse a medidas emergentes y superficiales, como la AVG, sino requiere de una política pública nacional que ataque los problemas de violencia de género de manera estructural.

Denunciaron que las autoridades responsables de cumplir y hacer cumplir el derecho que tienen las mujeres a la seguridad de sus vidas, es decir a vivir una vida sin violencia, han generado impunidad y han mostrado indiferencia, negligencia, desconocimiento y hasta complicidad con los perpetradores”.

Dijeron las activistas que las autoridades, pretextando que la AVG no es un instrumento que se avoque a combatir el carácter estructural de la violencia, las acciones que se han realizado y que se reportan en el informe que el Gobierno del Estado de Chiapas presentó en la última sesión del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) en noviembre de 2018, “son tan inocuas, superficiales e insuficientes que sólo han vulgarizado el concepto de género mostrando no sólo la incapacidad del gobierno para abordar el problema, sino también el carácter patriarcal obtuso de las instituciones y su funcionamiento”.

Exigieron la transformación de la estructura, funcionamiento y dinámicas del Estado para eliminar el patriarcado (verticalismo, segregación, discriminación, explotación e impunidad). Y que esto no se trata sólo una acción de protección a las mujeres, sino de generar políticas para que hombres, mujeres y el Estado mismo, eliminemos las relaciones de desigualdad que se oponen al ejercicio de los derechos humanos de las mujeres”.

Cuestionaron las medidas de seguridad desarrolladas por el gobierno en sus tres niveles, ya que los discursos oficiales de la AVG vulgarizaron el género en vez de promover relaciones de igualdad. Que el gobierno siempre informa de miles de órdenes de protección emitidas por las autoridades, sin embargo, no se presenta el análisis de su implementación y menos de los resultados obtenidos. Y que las órdenes de protección se tradujeron en meros documentos y no en acciones reales de protección a la vida de las mujeres.

A los policías se les encomienda el deber de investigar la comisión de delitos sin capacitación para ello, generando que la atención a mujeres sea revictimizante y basada en estereotipos masculinos de poder.

Explicaron que el informe del Gobierno de Chiapas refleja que más del 60 por ciento del presupuesto asignado a la AVG se canalizó a la capacitación de funcionarios y policías de diversos niveles, sin que haya redundado en las transformaciones personales necesarias para asumir y aplicar la justicia con visión de género.

Es por eso, dijeron, la seguridad para las mujeres consiste en la responsabilidad global del Estado de garantizar la vida de las mujeres y la no violencia. Y que esto incluye medidas de prevención, justicia y reparación, además de la eliminación del sentido patriarcal en el funcionamiento del Estado.

Las activistas denunciaron que la violencia en los municipios indígenas se ha acrecentado y reproducido debido a la falsa justificación de que los usos y costumbres impiden la intervención de las autoridades para sancionar la violencia hacia las mujeres y al no reconocimiento de que la cultura indígena también está construida sobre parámetros patriarcales dejando a las indígenas en una desprotección mayúscula.

Que el desplazamiento de miles de indígenas perpetrado por paramilitares en Chenalhó, Chalchihuitan, Aldama, y Oxchuc ha sido ignorado, a pesar de que esos municipios están considerados en la AVG.

Agregaron que a las mujeres centroamericanas criminalizadas se les priva de un juicio justo deportando a sus testigos clave y cuando son absueltas, se les priva del derecho a una tarjeta por razones humanitarias.

“La información aquí vertida nos da un panorama de la falta de interés e incumplimiento que tanto el estado de Chiapas, como el Estado mexicano, han mostrado respecto de su obligación de garantizar, promover, respetar y difundir los derechos humanos de las mujeres en cuanto al acceso a la justicia”, concluyeron.

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