«El Gobierno de Chiapas es experto en ocultar la violencia»: Frayba. Acusa negacionismo oficial ante el desplazamiento forzado.

Desplazados de Ángel Albino Corzo. Foto: Archivo

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) acusó al gobierno de Chiapas de tergiversar la realidad del desplazamiento forzado interno que afecta a 24 mil 510 personas en Chiapas, tanto población mestiza, como de las regiones donde habitan pueblos originarios; según ha documentado el organismo.

En un fuerte comunicado donde detalla casos específicos de poblados y familias enteras que están actualmente desplazadas, y otras que viven en sus comunidades pero bajo el asedio de grupos criminales, el centro humanitario acusó el gobierno de Chiapas de priorizar su imagen politica; calificó de negacionista la postura oficial que sostiene que el desplazamiento forzado y la violencia criminal está prácticamente resuelta en el estado.

«Nos inquieta, además, la actitud del Gobierno y la tergiversación de la realidad con el propósito de responder a un interés político, al proyectar la imagen de un estado en paz, tranquilo y sin graves problemas de violencia», señala el comunicado.

El documento va más lejos y plantea una acusación de complicidad institucional en el caso de comunidades que viven bajo bajo asedio «frente a grupos de la delincuencia organizada que operan en complicidad con autoridades municipales, estatales y fuerzas de seguridad federales». Entre esas autoridades enumera de manera expresa a las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal, a la Guardia Estatal bajo las órdenes del Secretario de Seguridad del Pueblo, a las Fiscalías Regionales subordinadas al Fiscal General del Estado, y al Ejército mexicano bajo mando del gobierno federal.

«Esta articulación de actores armados y autoridades permite la continuidad de la violencia y profundiza la crisis humanitaria que enfrentan las comunidades desplazadas», afirma.

El organismo tiene documentadas 24 mil 510 víctimas de desplazamiento forzado interno en Chiapas, cifra incluida en la investigación del Grupo de Trabajo Región Frontera, difundida en el informe Chiapas: la Paz Pendiente, y en su balance anual Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal.

El pronunciamiento responde al gobernador

El boletín aparece tres días después de que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar presentara su balance de seguridad ante la presidenta Claudia Sheinbaum, en la conferencia matutina realizada en instalaciones de la Séptima Región Militar.

Ese 11 de septiembre, el mandatario afirmó que el 95 por ciento de las personas desplazadas por grupos delictivos en el estado ya había regresado a sus comunidades de origen, y atribuyó el retorno a la aplicación de la ley «sin miramientos» contra el Cártel del Pacífico, el Cártel de Chiapas y Guatemala y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

En esa misma “mañanera”, el gobierno estatal proyectó un video con imágenes de noticiarios sobre secuestros de policías, balaceras, enfrentamientos armados, narcobloqueos y despojos de vehículos registrados durante la administración anterior, y el gobernador sostuvo que Chiapas pasó del segundo lugar nacional en incidencia delictiva a ubicarse, en julio de 2026, entre las entidades con menor incidencia del país.

Frayba responde directamente a ese planteamiento. Según el boletín, el gobernador afirma que en Chiapas ya no existe desplazamiento forzado y que quienes no han retornado es porque decidieron vivir en otro lugar. «Esta afirmación presenta el desplazamiento como si se tratara de una libre elección de las personas, invisibilizando las condiciones y causas de la violencia, inseguridad y falta de garantías», señala el organismo.

Y cuestiona la reducción del problema a un porcentaje: «Es lamentable y sumamente grave reducir una situación de violaciones graves a los derechos humanos, como el desplazamiento forzado, a un simple porcentaje, como si las múltiples afectaciones que acompañan estos hechos pudieran registrarse únicamente en tablas y cifras».

El desplazamiento, apunta, implica la pérdida del territorio, de los bienes, de los medios de subsistencia y de los vínculos comunitarios, y afecta principalmente a mujeres, infancias y personas adultas mayores. «Esta falta de sensibilidad resulta aún más grave cuando proviene de un Gobierno que se autodefine como humanista.»

No es la primera vez que el mandatario presenta el asunto como superado. En su primer informe de gobierno, en diciembre de 2025, aseguró que su administración logró «restaurar la paz, el estado de derecho y el buen gobierno».

Los casos que el boletín enumera

En el caso de la región fronteriza, el Frayba señala que en Amatenango de la Frontera, Frontera Comalapa y Chicomuselo persiste una situación crítica de violencia armada y control territorial que ha desplazado a cientos de familias desde 2021. Muchas continúan en movilidad forzada, sin refugios seguros, sin atención humanitaria y expuestas a nuevas agresiones durante su tránsito.

Refiere también el caso de Nueva Independencia, Ángel Albino Corzo, donde el organismo documentó el desplazamiento de familias de este ejido cafetalero entre la segunda mitad de 2024 y principios de 2025. Testimonios refieren que el presidente municipal, Manuel de Jesús Moreno Fernández, del Partido Verde Ecologista de México, estaría brindando protección a un grupo de poder político denominado «Los Robleros», al que las personas afectadas señalan vínculos directos con la delincuencia organizada.

Chiapas Paralelo documentó este caso en dos entregas: Un corredor de tráfico y una mina, intereses que impiden retorno a cientos de desplazados de la sierra de Chiapas (marzo de 2025) y No hay condiciones para volver: a casi dos años del desplazamiento forzado, 45 familias de Jaltenango siguen lejos de su tierra (mayo de 2026).

 La zona selva, en la comuniad Nueva Palestina de Ocosingo, el centro humanitario recordóa que las víctimas de este desplazamiento siguen en la misma condición desde diciembre de 2021, sin atención humanitaria emergente adecuada y sin acceso efectivo a la justicia. El caso fue documentado por este medio en Grupos del crimen desplazan a pobladores de la Lacandona.

También en Ocosingo esta el caso de Lacanjá Chansayab; ahí se dio el desplazamiento del pueblo Maya Lacandón ocurrió el 13 de septiembre de 2023, dentro del perímetro de los Bienes Comunales de la Zona Lacandona, en Ocosingo. A tres años, las personas defensoras del territorio continúan desplazadas, despojadas de sus viviendas, su territorio y su patrimonio comunitario. En 2024, líderes lacandones advirtieron a este medio que la situación en la Lacandona es un polvorín.

En la zona tsotsil, en los Altos de Chiapas, en la comunidad Tzanembolom Centro, delmunicipio de Chenalhó, las familias se vieron obligadas a salir en el primer semestre de 2024 por negarse a incorporarse y colaborar con el grupo denominado «Los Herreras». Permanecen sin condiciones para un retorno seguro. Chiapas Paralelo ha documentado la operación de ese grupo y su disputa territorial en  Desplazamientos y ataques alcanzan a bases de apoyo del EZLN en Pantelhó , en Aumenta el desplazamiento forzado en Chiapas, quedan pueblos fantasmas y Desplazados tsotsiles: más de dos años bajo el asedio de un grupo armado ligado al CJNG

En Jotolá, municipio de Chilón, el desplazamiento de febrero de 2026 afectó a integrantes del Congreso Nacional Indígena, quienes llevan poco más de siete meses en esa condición. Entre los agresores identificados hay Guardia Estatal, policía municipal, funcionarios del INPI y del Tribunal Unitario Agrario

La reclasificación como «personas vulnerables»

Uno de los señalamientos más específicos del boletín apunta a la negativa de las autoridades a reconocer a las víctimas como personas en situación de desplazamiento forzado interno, reclasificándolas como personas en situación de vulnerabilidad.

«Esta actuación invisibiliza la violencia que provocó su desplazamiento, desconoce las obligaciones del Estado frente a las víctimas y obstaculiza el acceso a las medidas de atención, protección, reparación y restitución de sus derechos», señala Frayba.

El organismo recuerda además que Chiapas cuenta con una Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno que permanece inaplicada, y atribuye esa inaplicación a «la deliberada acción de no promulgar el reglamento interno necesario para hacer efectiva dicha ley», pendiente desde 2012. En lugar de cumplir ese marco jurídico, apunta, «se pretende promulgar, de manera inoficiosa, una nueva ley».

El pronunciamiento cierra con un llamado a las autoridades para que atiendan de manera integral las situaciones de desplazamiento y generen las condiciones para que las personas afectadas puedan regresar a sus hogares de manera segura y digna.