Comunidades de Aldama exigen liberación de sus defensores comunitarios

Incomunicación, criminalización y privación arbitraria de la libertad al defensor comunitario Cristóbal Sántiz Jiménez                                  Créditos: Luis Enrique Aguilar

A cuatro días del arresto de Cristóbal Sántiz Jiménez, desmienten las acusaciones por homicidio en contra del líder comunitario.


Representantes del municipio de Aldama en conjunto con las 21 comunidades que lo conforman y 115 comuneros afectados por la invasión de tierras por parte de la comunidad de Santa Marta, Chenalhó; exigen la cancelación inmediata a las órdenes de aprehensión en contra de sus representantes y defensores comunitarios.

Por ello, se sumaron a la firma de libertad propuesta por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

“La detención de nuestro compañero Cristóbal Sántiz Jiménez, es por ser uno de los representantes permanentes de los 115 comuneros afectados…, el gobierno hace caso omiso y en vez de castigar a los culpables mandan a encarcelar quien o quienes alzan la voz, quien o quienes denuncian la injusticia que se comete en nuestras comunidades” manifestaron.

De igual manera denunciaron el incremento de violencia hacia el pueblo de Magdalena que ha dejado huérfanos, viudas, heridos y la suma de 2036 Desplazados Forzados Internos (D.F.I) hasta el momento; tales agresiones han sido denunciadas en más de una ocasión, a nivel estatal y federal.

“Los tiroteos hacia las comunidades, personas, carros que transitan y una ola de violencia que hemos sufrido las comunidades de nuestro pueblo de Magdalena Aldama, ha obligado a hombres, mujeres y niños a desplazarse a la montaña para refugiarse” declararon.

Por otra parte, los representantes señalaron a las autoridades de Aldama y Chenalhó como verdaderos “oportunistas”, pues solo piensan en sacar ventajas personales, mismas que se ven reflejadas en la intención del gobierno por provocar una matanza entre pueblos indígenas.

“Es claro que el origen del conflicto lo ha sembrado el gobierno con sus programas de certificación parcelario o sus planos definitivos. Y que ahora los maneja como disputa de tierras…” expresaron.

Por todo lo anterior, integrantes del pueblo de Magdalena-Aldama se asumen como legítimos dueños y aclaran que lo han sido desde antes de llamarse Aldama o Magdalena, porque es ahí donde han vivido sus abuelos, abuelas y porque en otras palabras, son sus tierras ancestrales.

Además, piden estar atentos al desenlace del problema, pues de ser necesario, tomaran las acciones de defensa que consideren necesarias.

“Ahora somos quienes exigimos la devolución de nuestras tierras, que cese la violencia y que se castigue a los responsables por la violación de los acuerdos firmados por Magdalena-Aldama” dictaminan.

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