Militarización y represión; ONU denuncia impacto a derechos de pueblos indígenas a raíz del COVID-19

Elecciones en San Juan Chamula, municipio de los Altos de Chiapas que se rige por usos y costumbres. 1 de Julio de 2007. Foto: Ariel Silva

*“Cada día recibo más informes de todos los rincones del mundo sobre cómo las comunidades indígenas se ven afectadas por la pandemia de la COVID-19 y me preocupa profundamente ver que no siempre se trata de cuestiones de salud.


José Francisco Cali Tzay, nuevo Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, José Francisco Cali Tzay, expresó en Ginebra, Suiza su preocupación por el devastador impacto que la pandemia de la COVID-19 tiene en los pueblos indígenas, más allá de la amenaza para la salud.

Cali Tzay mencionó que los estados de emergencia exacerban la marginalización de las comunidades indígenas y, en las situaciones más extremas, además, se produce una militarización de sus territorios.

Cabe señalar, el pasado 11 de mayo, se publicó un Decreto en el Diario Oficial de la Federación en el cual autoriza la permanecía de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina (SEDENA-SEMAR) en labores de seguridad dentro de las ciudades.

“Aunque me critiquen de que quiero militarizar al país, seguiré insistiendo en que las fuerzas armadas nos deben ayudar en tareas de seguridad pública, porque necesitamos su disciplina y profesionalismo para enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia, y no quiero que la Guardia Nacional (GN) termine como la Policía Federal, porque sería un rotundo fracaso, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

El Relator comentó que a los pueblos indígenas se les priva de su libertad de expresión y asociación, mientras que los intereses empresariales invaden y destruyen sus tierras, territorios y recursos.

“En algunos países se están suspendiendo abruptamente las consultas con los pueblos indígenas y también las evaluaciones de impacto ambiental para forzar la ejecución de megaproyectos relacionados con la agroindustria, la minería, las represas y la infraestructura” añadió Cali Tzay.

Esto último, se logra asociar con los recursos legales implementados para detener la construcción del megaproyecto “Tren Maya”.

Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C. y habitantes Ch´ol de los municipios de Ocosingo, Palenque y Salto de Agua realizaron una acción legal que finalizó el pasado 8 de mayo, en el momento en que la Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Penales Federales de Chiapas, determinó conceder una suspensión a un grupo de indígenas se ampararon frente a la determinación del Ejecutivo Federal de continuar las obras del tren maya a pesar de la contingencia sanitaria que opera en el país derivada del Covid-19.

Sin embargo, FONATUR informó que el proyecto seguirá debido a que no ha sido notificado de tal amparo de forma oficial.

“En caso de existir dicha suspensión provisional, esta no tiene efecto alguno” respondían.

FONATUR agregó que no considera procedente dicha suspensión provisional pues se trata de una vía de comunicación ferroviaria actualmente en operación y cuyos trabajos de obra son de mantenimiento y se llevarán a cabo con estricto apego a los protocolos sanitarios de medidas de protección.

Ante ello, los denunciantes reclamaron al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) el avance de los trabajos del Tren Maya, tras recurrir a un amparo para su suspensión.

Inclusive Organizaciones indígenas y civiles solicitaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este fin de semana medidas cautelares en contra del Tren Maya para evitar daños irreparables al acuífero subterráneo de la Península de Yucatán, elemento indispensable de los territorios del pueblo maya y principal fuente de abasto de agua de la población y de las comunidades mayas.

Además, el Relator describió que los pueblos indígenas que pierden sus tierras y medios de vida se ven empujados a una mayor pobreza, a tasas más elevadas de malnutrición, a la falta de acceso al agua potable y al saneamiento, así como a la exclusión de los servicios médicos, lo que a su vez los hace más vulnerables a la enfermedad.

Pero Cali Tzay afirmó que las comunidades indígenas que han logrado resistir mejor la pandemia de la COVID-19 son las que han logrado la autonomía y el autogobierno, lo que les permite gestionar sus tierras, territorios y recursos, y garantizar la seguridad alimentaria mediante sus cultivos tradicionales y su medicina tradicional.

“Ahora más que nunca, los gobiernos de todo el mundo deben apoyar a los pueblos indígenas para que apliquen sus propios planes de protección de sus comunidades y participen en la elaboración de iniciativas nacionales para garantizar que éstas no los discriminen” mencionó el Relator.

Añadió que los Estados deben velar por que los pueblos indígenas tengan acceso a la información sobre la COVID-19 en sus idiomas y es necesario adoptar medidas especiales urgentes para garantizar la disponibilidad y el acceso a servicios médicos culturalmente apropiados.

“Los derechos al desarrollo, la libre determinación y las tierras, territorios y recursos deben garantizarse para que los pueblos indígenas puedan gestionar estos tiempos de crisis y promover los objetivos mundiales de desarrollo sostenible y protección del medio ambiente.  La pandemia nos está enseñando que tenemos que cambiar: tenemos que valorar lo colectivo por encima de lo individual y construir sociedades inclusivas que respeten y protejan a todos. No se trata sólo de proteger nuestra salud” finalizó.

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