Con 73,224 víctimas, reiteran al Estado mexicano implementar acciones más concretas para la prevención, investigación y sanción de la desaparición forzada

El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Cortesía: Ángeles Mariscal/Chiapas Paralelo.

* La búsqueda de las personas desaparecidas debe partir de la participación de las familias para encontrarlas, como identificar y sancionar a quienes son responsables intelectuales y materiales.


En la presentación del Informe sobre Búsqueda, Identificación y Versión Pública del Registro de Personas, Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos humanos, población y migración de la Secretaría de Gobernación, proporcionó una nueva cifra el pasado 16 julio de 2020, en la que refiere que hay 73 224 personas desaparecidas.

Según datos oficiales de la Secretaría de Gobernación proporcionada en 2020, han ubicado 873 fosas clandestinas y 147 033 personas desaparecidas desde 1964 al 2019, de estos 85 396 han sido localizadas, mientras que 61 637 personas aún se encuentran en calidad de desaparecidas.

De las personas desaparecidas 15 835 son mujeres, 45 612 hombres y 190 aparecen como indeterminados.

Ante lo expuesto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A. C. (FRAYBA) compartió que, la desaparición forzada de personas en México se profundizó desde el año de 2006, en un contexto de violencia iniciada por Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y seguida por Enrique Peña Nieto, expresidentes de la Republica.

El Frayba puntualizó que los gobiernos anteriores no reconocían la desaparición forzada como una política de Estado.

Asimismo, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se mantiene una deuda con las víctimas de desapariciones forzadas, sin poder detener la violación a los derechos humanos, porque a dos años de haber ganado las elecciones, las acciones para afrontarla son insuficientes y no han sido efectivas.

El CDH mencionó que, en nuestro país las desapariciones forzadas se vinculan a la violencia del Estado, en especial al de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de Seguridad Pública.

A su vez, añadió que, la crisis de este crimen de lesa humanidad se ha extendido a agentes no estatales, es decir, grupos paramilitares y el crimen organizado, son perpetradores de acciones bajo el cobijo de las instituciones en sus tres niveles de gobierno.

“Ante la situación es necesaria la verdad, como en el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, y las 37 desapariciones forzadas cometidas por el grupo paramilitar Organización Desarrollo Paz y Justicia en la zona Norte de Chiapas, derivadas de la estrategia de contrainsurgencia implementada por el Estado mexicano hacia el Ejército Zapatista de Liberación Nacional entre los años de 1994 al 2000”, expuso el Frayba.

 


El pasado 19 de junio del presente año, se conmemoró los 24 años de impunidad en la zona norte del Estado, donde Minerva Guadalupe Pérez Torres fue interceptada, torturada y su cuerpo fue ocultado, y Sebastián Pérez López, victima de disparos con arma de fuego, lo que le causó la muerte, eran originarios de Masojá Shucjá del municipio de Tila, los hechos fueron cometidos por el grupo paramilitar mencionado, además son autores de 85 asesinatos.

El Centro de Derechos Humanos, sostiene que, a pesar de la emergencia sanitaria, no han parado las desapariciones forzadas, el reporte del primer semestre de 2020, arrojó un resultado de dos mil 332 personas.

Por ello, la Asociación Civil, pide que México implemente de manera urgente estrategias para a la prevención, investigación y sanción de la desaparición forzada, así como reparar a las víctimas.

“Reiteramos el llamamiento de la Organización de Las Naciones Unidas: ‘En estos tiempos de crisis, los familiares de personas desaparecidas deben ser aún más apoyadas y empoderadas, y las instituciones del estado a cargo de la búsqueda e investigación deben cumplir sus funciones sin demora’, finalizó el Frayba.

La CNDH destacó que Chiapas como otros 31 estados tienen la responsabilidad de atender los casos de desaparición de personas y violaciones graves a los derechos humano.

Ante este llamado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el 27 de abril de este año, exhortó a las autoridades del estado chiapaneco a atender de forma prioritaria la problemática de la desaparición de personas y en favor de las víctimas.

El Organismo Nacional envió un escrito a los titulares de cada uno de los estados, el cual contiene 16 tareas, de las que derivan 31 acciones concretas, que se proponen para fortalecer la cooperación de las instancias encargadas de la búsqueda de personas, de atención a víctimas, de procurar justicia y brindar seguridad pública, así como de aquellas responsables de promover el desarrollo social.

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