Amenazan con desplazar y cerrar las casas de 6 familias zapatistas

Estado mexicano responsable ante las agresiones a poblados que ejercen la autonomía. Cortesía: Frayba

*Las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional realizan la defensa de su tierra y territorio en un contexto de constante violencia, amenazas y asesinatos por la acción de grupos armados sobre sus tierras y bienes naturales.


El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) dio a conocer el incremento de los ataques a la autonomía contra el pueblo zapatista de Nuevo San Gregorio del municipio Autónomo Rebelde Zapatista Lucio Cabañas, por parte de un grupo agresor.

En ese sentido, las Brigadas Civiles de Observación (BriCO) y la Junta de Buen Gobierno “Nuevo Amanecer en Resistencia por la Vida y la Humanidad”, Caracol 10 “Floreciendo la Semilla Rebelde”, documentaron nuevos ataques que ponen en riesgo la vida, seguridad e integridad personal de 6 familias Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN).

BriCO y la Junta de Buen Gobierno indicaron que las 8:29 horas, el grupo agresor de nuevo removió el alambre de púas que se encuentra al lado de la Escuela Secundaria Autónoma, espacio cerrado alrededor de dos años por las agresiones constantes.

Así mismo, las BAEZLN están en resistencia y defensa del territorio recuperado, por esas circunstancias hay un gran riesgo a la vida, seguridad e integridad debido a que el grupo agresor ha lanzado la amenaza de desplazar de manera forzada y entrar a cerrar las casas donde viven, lo que ocasionaría daños hacia las Bases de Apoyo y a observadores de derechos humanos solidarios.

Las BAEZLN se replegaron hacia la escuela autónoma protegiéndose de los disparos. Cortesía: Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq

Por otra parte, en el pueblo de Nuevo San Gregorio se ha dificultado la siembra de cultivos provocado por el despojo territorial, esto ocasionó la falta de alimentos básicos para las personas.

Así pues, subrayaron que hechos siguen sucediendo bajo la observación de los gobiernos de: Andrés Manuel López Obrador, a nivel federal y de Rutilio Escandón Cadenas, en lo Estatal. Es decir, el Estado mexicano es indiferente y omiso en implementar una acción efectiva para desactivar la violencia contra las BAEZLN, quienes son defensores y cuidadores de su territorio.

Lo anterior puede generar una situación de mayor alcance en violaciones graves a los derechos humanos, enfatizó el Frayba.

Por esa razón, el Centro de Derechos Humanos solicitó la intervención del gobierno mexicano de manera eficaz y en cumplimiento de los derechos colectivos del Pueblo Zapatista de Nuevo San Gregorio, en marcado en la Ley Para el Dialogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas.

Así como, los Acuerdos de San Andrés, El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las Declaraciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Carta Magna, para respetar la autonomía y libre determinación del territorio recuperado por el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Información urgente recibida desde la Comunidad Autónoma Zapatista de Nuevo San Gregorio. Cortesía: Frayba

Por último, solicitaron a la sociedad civil nacional e internacional sus acciones de solidaridad enviando expresiones de repudio frente a la omisión del Estado mexicano y el aumento de la violencia en la comunidad Nuevo San Gregorio a: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México; Adan Augusto López Hernández, secretario de Gobernación de México; Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.

Aunado a ellos, Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; Rutilio Escandón Cadenas, gobernador del Estado de Chiapas; Victoria Cecilia Flores Pérez, secretaria General de Gobierno en Chiapas; Juan José Zepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República; y Olaf Gómez Hernández, fiscal General del Estado de Chiapas.

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