Preocupa que sacerdote chiapaneco Marcelo Pérez “sea detenido, asesinado o desaparecido”

El sacerdote Marcelo Pérez Pérez, fue vicario de la Pastoral Social de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas. Foto: Archivo

El sacerdote Marcelo Pérez Pérez, contra quien la Fiscalía General de Chiapas giró una orden de aprensión por el delito de desaparición forzada en Pantelhó, recibió muestras de respaldo y solidaridad por parte de centros humanitarios y organizaciones que trabajan por la construcción de procesos de paz y defensa de los derechos humanos; también de poblados indígenas, grupos campesinos y líderes sociales.

En un comunicado público, 27 organismos, entre ellos el Servicio Internacional para la Paz (Sipaz) y la Red Todos los derechos para Todas y Todos (Red TdT), manifestaron su preocupación por la “posible detención, desaparición o asesinato del defensor de derechos humanos”.

Explican que la orden de aprehensión en contra del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, solicitada por la Fiscalía General del Estado el pasado 21 de junio de 2022, “demuestra que el sistema de procuración de justicia está siendo utilizado de manera parcial y de mala fe, carente de objetividad y lealtad para criminalizar a un defensor de los derechos humanos”.

Refieren que Marcelo Pérez ha realizado innumerables acciones de defensa y acompañamiento de procesos organizativos de defensa de la tierra y el territorio, además de facilitar procesos de mediación de pueblos y organizaciones que sufren situaciones de violencia, como lo ha hecho en Simojovel, Chenalhó, Chalchihuitán, El Bosque y Pantelhó, “lo que ha permitido la disminución de la violencia en estas zonas”.

En ocasiones anteriores el sacerdote de origen tsotsil ha recibido amenazas, hostigamiento, intimidaciones y agresiones físicas, por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió en 2016 medidas cautelares a su favor, bajó el registro MC- 506-14. Dichas medidas siguen vigentes, pero de acuerdo a los organismso humanitarios, “no son suficientes para que él pueda continuar con su actividad de defensa en un entorno seguro”.

Los organismos firmantes exigieron al gobierno mexicano el retiro de la acusación penal, y responsabilizan al Estado mexicano de lo que pueda ocurrirle al sacerdote.

En cartas por separado, habitantes de municipios como Tila, Oxchuc, Chilón, San Cristóbal, Tuxtla, indígenas de las zonas Altos, zoque y selva, le manifestaron su solidaridad y respaldo, agradeciendo el acompañamiento que ha hecho en sus comunidades.

También, a través de páginas de Facebook de cuentas que dicen ser de personas de los municipios de Simojovel y Pantelhó, continuaron ataques llamándolo “demonio”, “delincuente”, entre otros adjetivos.

Al sacerdote lo acusan familiares y abogados de las 21 personas que fueron detenidas y desaparecidas presuntamente por integrantes del grupo de autodefensas armadas de Pantelhó “Los Machetes”, que constituyeron para expulsar a integrantes de la delincuencia organizada en este municipio.

Marcelo fue intermediador entre la población de Pantelhó y autoridades de gobierno, para evitar enfrentamientos armados entre el ejército y autodefensas, y para la consolidación del un Concejo de Gobierno en ese municipio.

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