Banco holandés busca continuar con sus inversiones en Centroamérica: Copinh

Banco ligado al asesinato de Berta Cáceres expande operaciones en Centroamérica. Imagen: Protesta de comunidad lenca contra el banco FMO por su participación en el financiamiento del proyecto Agua Zarca– COPINH.

*FMO es cofinanciador de la central hidroeléctrica Agua Zarca, planeada para ser construida en el río Gualcarque, en territorio Lenca en Honduras.

*El asesinato de Cáceres ocurrido el 02 de marzo de 2016, en manos de un ex militar y empresario hondureño, pretendió acabar con la lucha del pueblo indígena lenca por defender los recursos naturales de la explotación de empresas. 


El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), alertó que el banco europeo de desarrollo FMO, busca continuar con sus inversiones en Centroamérica a pesar de no haber asumido su responsabilidad y ni reparado a las víctimas de la violencia que financió con el proyecto Agua Zarca.

Entre 2014 y 2017, indicó que el banco FMO, propiedad en un 51% del estado de Holanda, financió el proyecto Agua Zarca, propiedad de la familia Atala Zablah e impuesto a la comunidad indígena Lenca de Río Blanco, en el occidente de Honduras.

De acuerdo al Copinh, FMO contribuyó con más de 17 millones de dólares, junto a recursos del banco finlandés FinnFund y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), aportó recursos a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) con los que pagaron actos de violencia y asesinatos contra la comunidad Lenca.

Así pues, durante el proceso de resistencia contra la construcción de Agua Zarca, Berta Cáceres, quien fungía como coordinadora del Copinh, denunció actos de violencia que iban desde la persecución y amenazas contra integrantes de la organización indígena.

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Así como, sabotajes, actos de corrupción dirigidos a miembro de la policía y alcaldías locales. Y, ataques directos mediante la contratación de sicarios para agredir a las y los indígenas lencas.

Por estos antecedentes y tras el asesinato de Cáceres, el Copinh mantiene una demanda civil por negligencia contra el banco FMO desde 2018. Para junio del 2022, subrayó que el medio The Intercept reveló el rastro financiero de un pago, con valor de un millón 700 mil dólares provenientes del banco FMO, realizado días antes del asesinato de la ambientalista.

Tras consultar documentos legales y financieros holandeses y estadounidenses, entregados por el banco FMO a los abogados europeos representantes del Copinh, se evidenció que dicha transferencia se realizó a través de una compañía fantasma panameña denominada Concretos del Caribe S.A., (CONCASA).

Dicha compañía, tiene entre sus socios a Daniel Atala Midence, quien ocupaba el cargo de ejecutivo financiero de DESA y mantenía el control administrativo de CONCASA, a partir de enero de 2016, cuando recibió los pagos provenientes de FMO.

Mediante un comunicado, el Copinh aseveró que el banco FMO, junto a sus socios, el BCIE y el FinnFund, cometieron graves delitos financieros que permitieron el desvío de parte sustancial de sus fondos, que financiaron los hechos de violencia por parte de David Castillo y los Atala Zablah.

Por medio del desvío de fondos, indicaron que también se hizo un pago de 1.2 millones de dólares de manera directa a David Castillo, 3 días antes del asesinato de Cáceres.

Tras la revelación de los pagos, el Copinh presentó una denuncia penal ante la oficina del Fiscal General de Holanda contra el banco FMO y sus directivos por los crímenes de complicidad en actos de corrupción, malversación, blanqueo de dinero y violencia en el financiamiento del proyecto Agua Zarca.

En el momento de la presentación de la acción penal, el Copinh declaró que la demanda tiene como objetivo “desenmascarar el accionar criminal de los supuestos bancos de desarrollo y verdes como el FMO, que con su dinero financian la corrupción, violencia y violación de derechos humanos a las comunidades indígenas, de banqueros multimillonarios como los Atala”.

El Tribunal de Sentencia condeno a David Castillo, coautor del asesinato de Cáceres a 22 años y 6 meses de prisión. Cortesía: COPINH.

En 2022, Castillo fue condenado a 22 años y medio de prisión por su responsabilidad en el asesinato de Cáceres. De acuerdo al Consejo, era el principal contacto y enlace con el banco holandés.

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