Separar los Bienes Comunales de Venustiano Carranza, alternativa para terminar con conflicto agrario de 60 años
Pobladores de la Alianza San Bartolomé de los Llanos, del la comunidad Paraíso del Grijalva, proponen separar los Bienes Comunales de Venustiano Carranza, para terminar con 60 años de conflicto. Foto: Ángeles Mariscal
Una medición de tierras impugnada, la negativa a reconocer derechos comunales y el desplazamiento provocado por la construcción de una hidroeléctrica enfrentaron, hace seis décadas, a dos grupos campesinos tsotsiles de Venustiano Carranza, Chiapas. El conflicto ha dejado decenas de muertos y hoy, en 2026, la salida es dividir las tierras comunales y construir la reconciliación. «Todos somos hijos, hermanos, parientes», dice una anciana que creció en medio del conflicto y hoy desea un futuro distinto para sus nietos.
Sobre el camino pavimentado que lleva a la comunidad Paraíso del Grijalva hay retenes improvisados con piedras. Los levantaron los propios pobladores después de sufrir ataques armados. A unos metros, un letrero de acceso a la comunidad conserva impactos de bala, lo mismo sucede con una docena de viviendas que tuvieron que ser abandonadas. Es la imagen con la que hoy conviven los habitantes de esta comunidad tsotsil, la de un territorio que se defiende.
Una herida de seis décadas
El conflicto agrario entre la Alianza San Bartolomé de los Llanos (ASBALL) -de la que forma parte Paraíso del Grijalva- y Casa del Pueblo, organización también integrada por familias tsotsiles de Venustiano Carranza, comenzó a gestarse desde 1942 y se formalizó en 1965, cuando una resolución presidencial reconoció a 746 comuneros básicos su derecho a la tierra. Diferencias político-ideológicas y acciones a favor de terratenientes que intentaban recuperar parte de la tierra entregada a los comuneros rompieron el tejido comunitario, quienes se opusieron empezaron a ser agredidos. Ahí iniciaron las hostilidades contra este pueblo asentado en la orilla del río Grijalva, una tierra que como su nombre lo indica, era un paraíso fértil en el que la población se dedicaba a la agricultura y pesca.
En 1974 empezó el proyecto de construcción de la hidroeléctrica conocida como La Angostura, fue el pretexto para quitarles tierra a los de Paraiso del Grijalva y disminuir sus derechos comunales bajo el argumento de que no eran “maoístas-socialistas”. Entonces, esta comunidad decide separar legalmente las tierras, y aunque el derecho les asistía, autoridades agrarias federales se opusieron en la práctica; entonces inició un juicio legal que hoy, medio siglo después, se dirime.
La diferencia de posiciones fue aderezada con expulsiones de facto del censo de comuneros, despojo de parcelas, agresiones físicas, quema de viviendas, entre otros agravios. El costo humano, documentado a través de los relatos de ambas comunidades, ronda las 19 muertes: alrededor de 14 del lado de Alianza San Bartolomé de los Llanos y Paraíso del Grijalva, y cinco del lado de Casa del Pueblo. Decenas de ancianos vestidos a la usanza de los tsotsiles de Venustiano Carranza que este sábado se reunieron para pedir por enésima ocasión una solución, dan constancia de ello.
En el año 2000 la coyuntura política del cambio de régimen priísta que gobernó más de 70 años, impulsó un acuerdo de no agresión y de espeto a la tierra que cada comunero tenia en posesión. Los comuneros de Paraíso y quien también forman parte de la ASBALL quedaron en poder de poco más de 18 mil hectáreas y los de la Casa del Pueblo con 30 mil; sin embargo, estos últimos desean una tercera parte de la tierra de sus contrarios.
El acuerdo no duró más de unos meses y continuaron las emboscadas y ataques armados, y la continuación de querer poseer, por parte de la Casa del Pueblo, la totalidad de las tierras. “Recalcamos que a lo largo de la historia de este conflicto agrario, el gobierno siempre ha jugado un papel central, ya que a ambos grupos les hace creer que obtendrán las tierras por las que luchan , firmando convenios por separado”, señalaron los pobladores de Paraiso en la asamblea que este sábado 15 de agosto de 2026, se llevó a cabo en el centro del poblado.
«Hay una complicidad»: los señalamientos al Estado
Es aquí donde las dos versiones, la de la Casa del Pueblo y la de la comunidad Paraiso del Grijalva y el resto de la ASBALL, enfrentadas en casi todo lo demás, convergen. Los dirigentes de Paraíso sostienen que la propuesta gubernamental de reducirlos a 11 mil hectáreas y no las 18 mil que tienen en posesión, no es neutral: «ellos [Casa del Pueblo] están apadrinados por instancias del gobierno que ellos mismos les dijeron que nos redujeran a 11,000. Hay una complicidad del que nosotros no estamos de acuerdo.» Afirman.
Además, recuerdan que en más de una ocasión a funcionarios de la Secretaría de Gobierno de Chiapas “se les ha salido de la boca», han dicho que buscan pacificar la zona para destrabar el proyecto de la empresa Aquagranja Dos Lagos para instalar grandes granjas piscícolas en las aguas de la presa La Angostura. Este es un señalamiento que ha sido recurrente en la zona: la imposición de proyectos extractivos provenientes de grandes empresarios que solo quieren la tierra y el agua.
Se refieren a un proyecto que identifican como «Aquagranja Dos Lagos” que consiste en colocar jaulas flotantes para criar pescado con alimento procesado, que, afirman según documentos sobre el proyecto, ocuparían 800 hectáreas de la superficie del río y contaminarían el agua de la que viven 115 pescadores tradicionales de la comunidad.
Casa del Pueblo, por su parte, en diversos comunicados habla de instrumentalización directa y de impunidad sostenida por parte del Estado, recuerdan que el 7 de mayo de 2026 funcionarios estatales se comprometieron a «aplicar el estado de derecho para quien o quienes provoquen e inciten a la violencia»; exigen «que no quede impune como siempre ha pasado desde hace muchos años en administraciones pasadas». Y, además, atribuyen el asesinato de 1975 a un «contubernio con los tres niveles de gobierno».
Doña Carmen Hidalgo Limones, anciana de Paraíso quien desde los 18 años ha vivido en medio de este conflicto, llega al mismo señalamiento con otras palabras: «les pido a los gobernadores que nos pongan un poco de atención a nosotros también, que no solo… están haciendo, como son cómplices… por eso se tapan en la misma chamarra.» Y sobre los enfrentamientos dice «ellos están matando y nos echan la culpa a nosotros.»
Dos organizaciones enfrentadas y una de sus voces más ancianas coinciden, así, en señalar al mismo actor, al Estado mexicano0 y sus instituciones, aunque lo describan con matices distintos: omisión histórica, complicidad activa, o algo más deliberado. En todos estos años, ninguna versión gubernamental ha sido clara sobre esto; en cada ocasión que los campesinos se enfrentan, en cada muerte, acuden delegaciones oficiales a “pacificar”, a detener campesinos y encarcelarlos. En 60 años, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre el fondo del conflicto, y tampoco hay acciones legales específicas para dividir en dos las tierras comunales, o para argumentar e instrumentalizar jurídicamente cualquier otra propuesta.
Decenas de vidas ha costado el conflicto entre comuneros de Venustiano Carranza: Foto: Ángeles Mariscal
«Queremos ser sujetos constructores de nuestra propia historia»
El reclamo de Paraíso del Grijalva tiene hoy un número concreto para poner fin a la disputa, piden les reconozcan la posesión de 18,290 hectáreas que sus habitantes tienen desde hace 30 años. «Ni un paso atrás, ni un metro menos», repiten sus dirigentes, José Morales Vázquez y Andrés Gómez Vázquez. Insisten en que la vía de salida es pacífica, «estamos en la mejor disposición de que el conflicto termine solo con la delimitación de tierras de las 18,290 hectáreas.»
El 15 de junio pasado, los pobladores de Paraíso entregaron una carta al gobierno de Chiapas rechazando la propuesta de solo les reconocía 11,000 hectáreas, dos terceras partes de lo que poseen. Señalan que quizá la intención de apropiarse de más terreno, tenga que ver con el proyecto de una empresa extranjera para instalar granjas piscícolas en la presa.
Explican asi la escalada más reciente, en 2021, cuando comuneros de la Casa del Pueblo intentaron entra a su comunidad los días 4 de mayo y 12 de junio. «Ellos venían con la intención de hacer tierra rasada, o sea, de desalojarnos. Querían nuestras casas, nuestras tierras, el río, para instalar el megaproyecto a favor de ellos».
De esa agresión datan los retenes con piedras que instalaron para impedirles el paso, y las casas abandonadas, algunas quemadas, que tuvieron que dejar por estar muy expuestas en el camino.
Los dirigentes invocan también su derecho a colocar las barricadas, hablan de «legítima defensa». “Nosotros en ningún momento hemos salido de las 18,290 hectáreas para agredir (pero) siempre que nos agredan, no vamos a defender, eso está claro en nuestra asamblea».
«Queremos ser sujetos constructores de nuestra propia historia», dice la carta dirigida al gobierno estatal, y añaden una idea que sus dirigentes repitieron después: «pensamos que la paz no se decreta, se construye con hechos».
En la carta al gobierno de Chiapas tienen como única petición para acabar con el conflicto y tener certeza juridica en la posesión de sus tierras, “la división y separación de las tierras comunales de los Bienes Comunales de Venustiano Carranza” de las cuales, 18 mil 290 les pertenecerían, por tenerlas en posesión desde hace más de 30 años.
La contraparte
La Casa del Pueblo ha sido tajante en ese punto: «no a la división de las tierras comunales”, es la consigna que desde que inició el conflicto, sostienen y repiten. La más reciente en los comunicados públicos del 21 de junio y 1 de agosto pasados.
«NO A LA DIVISIÓN DE LAS TIERRAS COMUNALES; justicia para todos nuestros compañeros caídos en la lucha por nuestras tierras; desarticulación de los paramilitares de la mal llamada Alianza San Bartolomé de los Llanos; alto al hostigamiento… que podrían derivar en una nueva emboscada.» Y advierte, «la tierra chiapaneca se seguirá abonando con sangre indígena.»
Sin embargo, dice que su organización tiene disposición a negociar, «nuestra comunidad manifiesta su disposición al diálogo, a la negociación, a las acciones políticas para llegar a una solución justa y definitiva en el tema agrario», señalan en sus comunicados.
«Lo que queremos nosotros, paz»
Doña Carmen tiene 62 años. Nació en Yuch’en y llegó a los 18 al asentamiento que hoy ocupa, cuando su comunidad tuvo que desplazarse porque parte de su tierra «quedó en el agua»; se trata de la misma inundación por la construcción de la hidroeléctrica.
Ha visto la disputa desde niña, a través de su propio padre: «hace como unos 61, 62 años lo vi… mi papá llegaba a México, mi tío Domingo, a resolver esos problemas (agrarios).»
Y se refiere a «nuestro compañero, el señor Bartolomé Martínez Villatoro» como alguien de su propia comunidad de origen, el Yuch’en, muerto por defender las tierras, como parte de quienes han dado la vida en esta lucha.
Sobre el presente, doña Carmen lo que pide es paz. «Lo que quiero ahorita es paz, nosotros ya vamos a morir, y mi esposo está enfermo, tirado en la cama.» Describe una ética heredada de sus abuelos en relación con el conflicto, «nunca hay que robar, hay que trabajar con nuestro sudor, es lo que Dios nos manda. Es el trabajo que sostiene a la comunidad”.
«Los de la Casa del Pueblo, los de Paraíso, todos trabajamos la milpa, el ganado, la miel, nuestros esposos, nuestras hermanas, nuestras hijas hacen el tejido tradicional (…) somos de la misma sangre, somos hijos de Dios todos… no hay necesidad de enfrentarnos, es cuestión de bajarle, yo estoy rezando todos los días, pidiendo a Dios que no vengan a matarnos.»
Es la misma paz que piden todo durante la asamblea comunitaria de este 15 de agosto, a la que acuden ancianos vestidos con la indumentaria tradicional tsotsil, niños que corren entre los adultos, adultos jóvenes, mujeres.
En las calles de Paraiso del Grijalva se pueden ver grandes cúmulos de maíz recién cosechado, al fondo, las aguas de la presa que les provee de pescado, colmenas que les dan miel; pero sobre todo, destaca su riqueza culturas expresada en sus ropas y la delicadeza de sus tejidos; entre las artesanas bordadoras de Chiapas, destacan las de Paraíso del Grijalva, ganadoras de varios concursos de arte.
Lo mismo se observa en las tierras que poseen integrantes de la Casa del Pueblo, son dos pueblos ricos sumidos en un conflicto grande.
¿Qué impide que dos pueblos que viven en condiciones semejantes, y que dicen desear lo mismo -paz y una vida plena- logren conciliarse? ¿Qué implicaría, en los hechos, dividir las tierras comunales en dos bloques? Y, sobre todo, ¿qué hay realmente detrás de seis décadas en las que el Estado, según ambas partes, ha mirado hacia otro lado?
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