Académicos del CESMECA respaldan actuación institucional en el conflicto del posgrado feminista y piden autocrítica colectiva

Doce académicas y académicos del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica emitieron este 23 de septiembre un pronunciamiento en el que respaldan las actuaciones de la dirección del CESMECA y de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas en el conflicto que derivó en la separación de cuatro docentes del Posgrado en Estudios e Intervención Feministas, al tiempo que exigen autocrítica colectiva y reparación del daño para quienes denunciaron violencia, discriminación y racismo dentro de la institución.

Es la primera vez que académicos del propio CESMECA, ajenos a las partes directas del conflicto, firman un posicionamiento con nombre propio sobre el caso.

El pronunciamiento parte de separar dos planos que, sostienen los firmantes, se han confundido en el debate público: «Una cosa es defender la existencia, consolidación y autonomía académica de los estudios feministas y otra muy distinta convertir esa defensa en un argumento para descalificar procedimientos institucionales relacionados con denuncias de violencia laboral, acoso, discriminación y otras formas de violencia dentro de la propia comunidad universitaria».

Con esa distinción, los académicos rechazan que las medidas adoptadas por las autoridades universitarias puedan presentarse «como un intento de clausurar el pensamiento crítico de las mujeres, desmantelar el Posgrado en Estudios e Intervención Feministas o impedir la continuidad de un espacio académico dedicado a los estudios feministas».

El documento cuestiona de manera directa la forma en que las docentes separadas del cargo han presentado públicamente su caso. Según los firmantes, los mensajes que circulan «presentan las medidas adoptadas por las autoridades universitarias como una decisión arbitraria de carácter político contra quienes ejercen el pensamiento crítico y una supuesta agresión política contra el PEIF» y sostienen que las estudiantes estarían siendo amenazadas y controladas por las autoridades. A esas afirmaciones las califican de «graves e irresponsables» porque «no se acompañan de evidencias verificables que permitan acreditarlos y sustentarlas».

Los firmantes advierten que esa narrativa «omite antecedentes fundamentales del conflicto, sus dimensiones laborales, académicas e institucionales y desplaza la atención respecto de las denuncias relacionadas con prácticas de discriminación y racismo y de procedimientos institucionales seguidos por cerca de ocho meses». Y añaden: «No consideramos aceptable que la denuncia pública de presunta persecución política sustituya a la presentación responsable de pruebas, ni que afirmaciones no acreditadas sean utilizadas para cooptar voces con derecho a expresarse, para infundirles miedo y desvalorarlas».

Disculpa, reparación y sanación

El respaldo a la dirección del CESMECA y a las autoridades de la UNICACH viene acompañado de una aclaración que los propios firmantes subrayan: «Nuestro respaldo no constituye un cheque en blanco a ninguna autoridad; no afirmamos que toda decisión institucional sea incuestionable, ni que las autoridades universitarias estén por encima de la crítica. Constituye un llamado a que las decisiones institucionales se respeten y a que cualquier inconformidad sea procesada por las vías correspondientes, con pleno respeto a los derechos de todas las personas involucradas».

En el mismo párrafo expresan su respaldo a quienes denunciaron violencia dentro del CESMECA: «expresamos nuestro respaldo a quienes con valentía han denunciado situaciones de violencia, hostigamiento, discriminación o racismo dentro de nuestra comunidad universitaria y consideramos indispensable que sus voces sean escuchadas con la misma seriedad que aquellas que actualmente tienen mayor capacidad para hacer circular pronunciamientos públicos».

Piden además que «corresponde a todas y cada una de las partes ofrecer a las víctimas una disculpa pública y plantearse las vías para su sanación y la reparación de daños y perjuicios».

El pronunciamiento también marca distancia de los ataques que el conflicto ha generado hacia afuera de las partes directas: «es preocupante e inaceptable la ola de ataques oportunistas contra el feminismo, la universidad pública, la intelectualidad, la academia y el propio CESMECA», señalan, y reivindican al centro como «una tradición académica de más de 35 años comprometida con la investigación, la formación y la comunicación científica y humanística en Chiapas y Centroamérica».

 Los académicos reconocen que administraciones rectorales anteriores «fueron omisas a distintas denuncias presentadas tanto por estudiantes y académicas como por trabajadoras administrativas sobre diversas situaciones no deseadas», y asumen «el compromiso colectivo de trabajar para revisar críticamente los mecanismos institucionales, las condiciones de convivencia, nuestras prácticas cotidianas y aquellas circunstancias que pudieron permitir que conflictos y formas lesivas se prolongaran en el tiempo».

El pronunciamiento cierra con una exigencia hacia adentro de la comunidad académica: «Una comunidad académica comprometida con el pensamiento crítico debe ser capaz también de cuestionar las relaciones de poder a su interior, de examinar sus propias prácticas y corregir aquello que afecte la dignidad, los derechos y el trabajo de quienes la integran, rompiendo todos los pactos que perpetúan las desigualdades, las injusticias y la deshumanización».

El pronunciamiento está suscrito por Alain Basail Rodríguez, Axel Köhler, Carlos de Jesús Gómez Abarca, Daniel Villafuerte, Emilio Pérez Pérez, Gabriel Hernández García, Jesús Solís Cruz, Ma. Luisa de la Garza Chávez, María del Carmen García Aguilar, Mauricio Arellano Nucamendi, Pablo Uc González y Raúl Arriaga Ortiz, todos adscritos al CESMECA-UNICACH.