Derecho efectivo a la alfabetización pide Cien Letras A.C. No remedios, sino prevención desde los primeros años de escuela
La organización Cien Letras A.C., junto con especialistas de al menos otras dos organizaciones educativas, dio a conocer el 8 de septiembre un pronunciamiento que exige garantizar el derecho efectivo a la alfabetización desde los primeros años de escolaridad, y no únicamente a través de programas remediales dirigidos a personas jóvenes y adultas que no aprendieron a leer y escribir.
El documento se leyó al cierre del conversatorio «Infancias y caminos de alfabetización. Del derecho declarado al derecho garantizado», realizado en el marco del Día Internacional de la Alfabetización, y quedó abierto a la firma de las personas asistentes y de quienes decidan sumarse posteriormente.
En el encuentro participaron Guadalupe Albores Castro y Herminia Hernández Morales, de Cien Letras A.C.; Magnolia Bolom Pérez, de Nenemi Paxia, y Lorenzo Sánchez Pérez, vinculado al Proyecto MIA.
«¿Qué estamos haciendo —o dejando de hacer— para que la escuela básica, especialmente en contextos de vulnerabilidad, siga produciendo trayectorias que culminan en niñas, niños y adolescentes sin haber aprendido a leer y escribir?», plantea el pronunciamiento como la pregunta que buscó colocar en el centro de la agenda educativa.
El texto sostiene que la alfabetización es un derecho humano y que reconocerlo en leyes, programas y discursos «es indispensable, pero no suficiente»: solo se hace efectivo cuando cada niña y cada niño encuentra, desde los primeros años de escolaridad, condiciones sostenidas para aprender a leer y escribir.
Las organizaciones identifican que, en escuelas rurales, indígenas, multilingües y multigrado, convergen varias condiciones que dificultan ese aprendizaje: el desajuste entre la lengua de enseñanza y la lengua materna del alumnado, herramientas pedagógicas insuficientes para acompañar trayectorias diversas, la discontinuidad de las experiencias escolares, el acceso limitado a libros y materiales de cultura escrita, y una articulación débil entre escuela, familias y comunidad.
El pronunciamiento llama a siete acciones concretas: garantizar procesos de alfabetización desde el inicio de la escolaridad con seguimiento continuo; fortalecer la formación docente; reconocer la diversidad lingüística como condición de la enseñanza y no como obstáculo; ampliar la participación en prácticas de cultura escrita; fortalecer el vínculo escuela-familias-comunidad; asegurar presencia institucional oportuna, y que las políticas educativas atiendan también las causas del analfabetismo, no solo sus consecuencias.
El documento reconoce que varias de estas condiciones «rebasan a una escuela, una organización o un proyecto particular» y remiten a decisiones estructurales sobre formación y adscripción docente, continuidad del servicio educativo y educación bilingüe, responsabilidad que, plantean, corresponde a las instituciones públicas.
«Que ninguna niña ni ningún niño avance por la escuela sin haber tenido oportunidades suficientes, pertinentes y sostenidas para aprender a leer y escribir», sintetiza el pronunciamiento como exigencia central.
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