Historia: del secuestro de migrantes y la paz social en Chiapas

En las últimas semanas se han publicitado las acciones (en Chiapas) de destrucción de plantíos de mariguana, el decomiso de dólares de procedencia ilícita, la intercepción de droga, la localización de migrantes secuestrados en San Cristóbal de las Casas, y otros operativos en la frontera con Guatemala. En todas estas acciones participan efectivos de la Marina, Defensa Nacional, PGR y otras instituciones.

Para quienes vivimos en Chiapas, el que se cometan todo este tipo de ilícitos no es nuevo ni sorprendente (ojalá lo fuera), porque en la vida diaria se observa que existen, y no de ahora; tampoco es un fenómeno extraordinario, porque la lógica indica que siendo este un estado fronterizo, es acá un punto estratégico por donde pase todo tipo de mercancía ilegal que tiene por destino México y Estados Unidos. Extraordinario sería en todo caso, que mientras otros estados del país están convulsionados por las acciones de la delincuencia organizada, Chiapas fuera un paraíso de seguridad.

Lo que si hay que preguntarse, es cuál es el objetivo de hacer del dominio público y publicitar a través de los medios de comunicación, las acciones encaminadas a combatir esta problemática social, que en un Estado de Derecho deberían de ser una política pública cotidiana.

Habría que preguntarse si la difusión mediática de los operativos de seguridad en Chiapas, podría estar encaminada a la búsqueda de la legitimación social de una mayor militarización y despliegue de fuerzas federales, por cierto tan denostadas por su actuar en el norte del país, por la violación a los Derechos Humanos que ha cometido contra la población civil.

La cereza del pastel es la ingenua -acaso ignorante- política de comunicación del gobierno de Chiapas, quienes en su comunicado de prensa  para dar a conocer el caso de los migrantes secuestrados en una casa de seguridad de San Cristóbal, la plantean como una “política humanitaria que impulsa el Gobierno de Chiapas”, y no el actuar al que debiera abocarse el gobierno en un Estado de Derecho.

Independiente de la estrategia que siga el gobierno mexicano al mediatizar los operativos de combate a la delincuencia organizada en Chiapas, a lo que deberíamos estar atentos las y los ciudadanos de a pie, es que en estos operativos de las fuerzas de seguridad, no se violen los Derechos Humanos de la sociedad civil.

En Chiapas no queremos padecer la historia que han vivido y viven otros mexicanos, arrastrados en una ola de desapariciones, secuestros, desplazamientos forzados y detenciones arbitrarias.