Ignominia en la Comisión Estatal de Derechos Humano
La escandalosa crisis interna que precedió el fin del Consejo Estatal de Derechos Humanos y la creación de una Comisión que lo sustituyera, exigía decisiones responsables y a la altura de la misión de ese organismo defensor y promotor de las garantías individuales de los chiapanecos. Sin embargo, la LXV Legislatura defraudó a los ciudadanos.
A propuesta de la comisión legislativa de Derechos Humanos, la Comisión Permanente del Congreso eligió el pasado 29 de enero a Juan Óscar Trinidad Palacios como nuevo ombudsman, una figura que le queda bastante holgada a un hombre vinculado más a la política arcaica que a los preceptos democráticos modernos que buscan ponerle límites a los abusos del poder.
En su artículo 10, fracción III, la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (agosto de 2013) establece como requisito que el presidente del organismo debe “Contar con experiencia en materia de derechos humanos, o actividades afines reconocidas por las leyes mexicanas y los instrumentos jurídicos internacionales”; no obstante, la biografía de Trinidad Palacios está muy lejos de configurar ese perfil, pues está bien arraigada en la burocracia y a los servicios prestados al Partido Revolucionario Institucional, por el que fue diputado local (1991-1994) y federal (1997-2000), así como dirigente estatal (2006). El único vínculo con la materia que hoy le ocupa, es haber sido miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Unión, pero no precisamente para defenderlos sino para proteger al gobernador Julio César Ruiz Ferro y al PRI de las acusaciones por la matanza de Acteal en 1997. Antes de tomar protesta como presidente de la CEDH, era presidente del Tribunal del Trabajo Burocrático del estado.
Además, el artículo 11 de la citada ley, señala que “El Presidente, será elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado, o, en sus recesos, por la Comisión Permanente, con la misma votación calificada. Para tales efectos, la comisión correspondiente del Congreso procederá a realizar una amplia auscultación entre las organizaciones sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad, así como entre los organismos públicos y privados promotores o defensores de los derechos humanos.
”Con base en dicha auscultación, la comisión correspondiente del Congreso, propondrá
al pleno de la misma, una terna de candidatos de la cual se elegirá a quien ocupe el
cargo o, en su caso, la ratificación del titular”.
El nombramiento de Trinidad Palacios fue por unanimidad y no formó parte de ninguna terna. Pese a sus cuestionables “méritos” para ocupar el cargo, ningún diputado objetó la propuesta de la Comisión respectiva integrada por José Antonio Albores Trujillo (PRI), Ana del Carmen Valdiviezo Hidalgo (PVEM), Flor Ángel Jiménez Jiménez (PRI), Alma Rosa Simán Estefan (PRI), Rhosbita López Aquino (Poch) y Jorge Enrique Hernández Bielma (PRI).
La consulta obligada a la sociedad resultó una farsa. Salvo algunas instituciones de educación superior, las demás organizaciones “consultadas” o son un membrete sin representación alguna o nada tienen que ver con los derechos humanos. Van desde los Pueblos Unidos Colosistas hasta la Unión de Industriales de la Masa y la Tortilla de la Frailesca, pasando por el Colegio de Arquitectos e Ingenieros Chiapanecos Non Plus Ultra, Jóvenes a la Vanguardia, Parcelas del Agua, Frente de Comerciantes de Comitán y Aranso, entre otras. La Unach y la Unicach, si no quieren quedar como comparsas, deberían justificar con amplitud por qué dieron su aval.
La recién creada Comisión Estatal de Derechos Humanos, desde su inicio, nace con un problema de credibilidad y, por lo tanto, de legitimidad. Es un mal augurio para esa institución a cuya cabeza deberían estar hombres honestos e intachables, comprometidos con la democracia y con la inquebrantable convicción de defender y promover las garantías individuales. Por definición, el ombudsman tendría que ser una persona lo suficientemente distanciada del poder para actuar sin presiones contra quienes desde esa esfera perjudican a los ciudadanos. Y Trinidad Palacios no lo es, su biografía lo invalida para ocupar el puesto.
No obstante, la Comisión Permanente del Congreso local, integrada por Neftalí del Toro Guzmán (PRI), Itzel de León Villard (PAN), Jorge Alberto Clemente Magdaleno (PVEM), José Agustín López Lara (PVEM), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo (PRI), José Antonio Albores Trujillo (PRI) y hasta Hortencia Zúñiga Torres, del PRD, convalidaron el nombramiento que ilustra la decadencia institucional de la CEDH.
Desde que fue creado en 1990, en el gobierno de Patrocinio González Garrido, el organismo ha venido dando tumbos, asediado por la injerencia del Ejecutivo en turno o por las pugnas internas entre sus consejeros. De los ocho presidentes que ha tenido en sus 24 años de existencia (Alberto de la Rosa Salazar, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Pedro Raúl López Hernández, Yesmín Lima Adam (dos periodos), Juan Carlos Moreno Guillén, Florencio Madariaga Granados y Lorenzo López Méndez), sólo los dos primeros se acercan al perfil idóneo del ombudsman. En materia de defensa de derechos humanos, con Trinidad Palacios al frente de la CEDH, viene una etapa difícil para Chiapas.
Para elegir al ombudsman
una Trinidad era el mandato
los diputados en mal plan
se inclinaron por Palacios.
Juan Óscar en derecho
tiene trayectoria opaca
o edifica buen pertrecho
o lo tiran de la hamaca.
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