Linchamientos, fractura social e institucional

Desplazados regresan a refugio PROCURADURÍA

La Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Gobierno por fin se decidieron a actuar en el caso de los linchamientos ocurridos en la zona Altos del estado de Chiapas. Hay 12 presuntos responsables del asesinato de dos personas en San Juan Cancuc; y el alcalde Diego Velasco López e integrantes de su cabildo están en calidad de presentados.

Con las víctimas del pasado jueves en la comunidad San José Chacté, sumaron ocho los muertos por golpes y quemaduras en un periodo de ocho meses. La situación era ya insostenible por las repercusiones sociales, políticas y económicas que estaban provocando las imágenes de la barbarie. Estado sin ley e ingobernabilidad, eran percepciones que iban ganando terreno como fuego sobre pastizal seco.

En los primeros casos de linchamiento, en junio de 2013, las autoridades optaron por “tolerar” la justicia por propia mano por temor a que un operativo policiaco para detener a los responsables desencadenara una reacción más violenta de las comunidades indígenas; o bien porque no se quiso romper la “estabilidad” en municipios potencialmente explosivos y políticamente rentables como San Juan Chamula, donde han ocurrido dos casos con saldo de cinco muertos.

Bajo estas circunstancias, las acciones institucionales se limitaron a ofrecer investigaciones expeditas; a tratar de contener los efectos mediáticos de los trágicos hechos, como el de la reproducción de miles de videos con las escenas del linchamiento en la comunidad tzotzil de Las Ollas; y a exhortar a los Ayuntamientos –por medio de los canales institucionales de operación política— a inhibir actitudes vengativas con carácter de justicia sumaria ante presuntos delincuentes.

Sin embargo, la cautelosa y riesgosa decisión, resultó estéril. Las medidas preventivas fueron rebasadas por un fenómeno que tiene hondas raíces y también causas más recientes. Es indiscutible que detrás de esos actos de salvajismo, deshumanizados, existe odio, rencor social, ignorancia, impunidad, miseria y discriminación, pero también es cierto que los valores democráticos no han logrado permear las comunidades indígenas. Esa disociación y las deficiencias del sistema de justicia, han generado desprecio hacia las instituciones e incluso relaciones perversas que las socavan cotidianamente. Si en las etnias hubiera asimilación, convicción y respeto de lo que los mestizos concebimos como Estado de derecho, sin duda los linchamientos no se presentarían con terrible frecuencia.

Pero la realidad es más descarnada y quizá estemos asistiendo a una etapa de descomposición social en algunas poblaciones indígenas, pues quemar a personas con la crueldad y el sadismo con que lo han hecho es una práctica muy alejada de los sistemas normativos llamados “usos y costumbres”.

La aplicación de la ley ante casos extremos de violencia multitudinaria en los Altos de Chiapas, debe servir para contener ese tipo de conductas ajenas a todo concepto de civilidad. Sin embargo, la solución de fondo del problema debe ir más allá de la sanción penal. Tiene que mejorar la prevención del delito y la impartición de justicia, la educación y el combate a la pobreza, pero también deben de revisarse los mecanismos institucionales en los que está sustentada la relación con las etnias, porque es evidente que algo está fallando.

Que entre los involucrados en el linchamiento de San Juan Cancuc aparezcan autoridades comunitarias, es una señal de que el entendimiento del derecho y de la justicia dista mucho de la concepción que tiene el gobierno. Y ello representa un factor permanente de riesgo para garantizar la paz social.

Hay mucho que reflexionar en torno a los linchamientos, sobre todo mucho que cambiar, incluso las formas de hacer política.

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