“Uso legítimo de la fuerza”, sometimiento de la política

Al fondo, muy al fondo, los colores de la Patria. Foto: Isaín Mandujano/Chiapas PARALELO

Al fondo, muy al fondo, los colores de la Patria. Foto: ARCHIVO Isaín Mandujano/Chiapas PARALELO

 

Los diputados de la LXV Legislatura chiapaneca tienen en sus manos para su análisis, la iniciativa enviada por el Ejecutivo que pretende crear el “Código que establece el uso legítimo de la fuerza por las instituciones de seguridad pública” y asimismo obran en su poder otras propuestas de reforma al Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas.

Si los legisladores aprueban dichas iniciativas –probablemente en la sesión de este martes 13 de mayo— estarían poniendo en riesgo las libertades políticas de los ciudadanos. El documento principal alude a la delincuencia como destinatario de las nuevas disposiciones, pero también es cierto que la dedicatoria está dirigida a sectores críticos y con capacidad de protesta al tener como objeto “preservar las libertades, la paz pública y la seguridad ciudadana…”.

En este sentido, no es circunstancial que la propuesta se presente en estos momentos, cuando existe un entorno de descontento social, de crecientes conflictos en diversas regiones del estado y cuando se aproximan las fechas en que el magisterio inicia sus movilizaciones para presionar por sus demandas laborales o bien contra la Reforma Educativa que aún no aceptan cabalmente, y que el año pasado originó un paro de tres meses, un prolongado plantón en el centro de la capital, bloqueos viales y recurrentes tomas de edificios públicos. Agréguese al contexto también la eventualidad de los conflictos electorales y poselectorales del 2015, que en muchos municipios suelen derivar en enfrentamientos y tomas de alcaldías.

Si la intención primordial fuera combatir la delincuencia para brindar mayor seguridad, no habría necesidad de promover una iniciativa que legitime el uso de la fuerza de las corporaciones policiacas, pues legalmente están facultadas para ello; además existen protocolos para efectuar operativos disuasivos, de contención, de desalojo, en los que incluso participan otras instituciones para que se apliquen con legalidad y sin excesos.

Las constantes alusiones al respeto a los derechos humanos, a la observación de criterios de racionalidad, proporcionalidad, así como a la consideración de recurso último ante el agotamiento del diálogo para solucionar un problema, hacen pensar que el “Código que establece el uso legítimo de la fuerza por las instituciones de seguridad pública” está pensado más en inhibir y contener la protesta social. Y la pinza coercitiva se cierra con las reformas al Código Penal que pretenden convertir en delito grave, la sedición, la conspiración y el motín, así como castigar con severidad la difusión de “secretos de Estado”, cuyo destinatario directo son los medios y los periodistas.

Si los diputados locales aprueban las iniciativas, el mensaje que estarían enviando a la sociedad es el de endurecimiento, lo cual evidenciaría que en el ejercicio del poder la política, entendida como el arte de resolver conflictos por medio del diálogo y la negociación, está perdiendo la batalla. Y eso es bastante peligroso para la gobernabilidad democrática.

 

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