Resurgirá la Fiscalía General del Estado de Chiapas

A principios del próximo año, la Procuraduría de Justicia del Estado desaparecerá y dará paso a la Fiscalía General del Estado de Chiapas.

No es una experiencia nueva, y en muchos aspectos recordará a lo ya vivido en el coletazo final de la administración de Pablo Salazar Mendiguchía, cuando fue creada la Fiscalía del Estado que presidió Mariano Herrán Salvatti de 2004 a 2007.

En aquella ocasión, diversos personajes criticaron la designación del otrora zar antidrogas, debido a que la autonomía que se buscaba era imposible porque lo dirigía el antiguo procurador de Justicia. “Es solo un cambio de nombre”, argumentaron abogados, “porque las prácticas seguirán siendo las mismas”.

Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas. Foto: Archivo

Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas. Foto: Archivo

La Fiscalía naufragó en el gobierno de Juan Sabines y su, hasta entonces poderoso fiscal, después de desempeñarse como secretario de Economía, terminó tras las rejas acusado de malversación y enfrentado a su antiguo protector, Pablo Salazar.

El 28 de septiembre de 2007, la Fiscalía que había sido creada el 5 de noviembre de 2004, fue convertida en Ministerio de Justicia, con ocho fiscales regionales y un ministro. En 2009, el Ministerio recuperó el nombre de Procuraduría de Justicia del Estado, y como procurador a Raciel López Salazar.

Como hace 12 años, en la propuesta de la nueva Fiscalía no se han escuchado las voces de abogados, ciudadanas o activistas, simplemente es una iniciativa vertical, cuya pretensión es hacer autónomas y profesionalizar esa dependencia.

A diferencia de 2004, la creación de esta fiscalía responde a una agenda nacional en donde ya han participado más de la mitad de los estados, con la consiguiente desaparición de las procuradurías.

La misma Procuraduría General de la República deberá cambiar de nombre –y esperemos que de procedimientos– para convertirse en Fiscalía General de la República, para estar acordes, dicen los funcionarios, con el Nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales.

Las fiscalías, sin embargo, no han sido exitosas porque cambian de nombre pero no acaban con vicios, y siguen dependiendo de los gobernadores. Los casos de Chihuahua y Morelos, los únicos que conservaron su fiscalía casi en toda la administración pasada, así lo demuestran.

La nueva Fiscalía General del Estado de Chiapas traerá pronto zipizapes en el equipo de gobierno porque se abrirá la posibilidad de que Raciel López Salazar, quien es procurador de Justicia desde 2009, deje por fin el cargo.

Si la pretensión es brindar autonomía a los nuevos órganos de justicia, el relevo del procurador chiapaneco debería verse como una condición, porque sus años en la PJE desgastan necesariamente, pero sus vínculos con una red de administradores de la justicia del sureste, cuya cabeza visible es Antonio Lozano Gracia, dificultad la jugada.

Las fiscalías, como en su momento lo planteó Pablo Salazar, deben tener mayor autonomía, transparencia y transexenalidad, por eso, el nombramiento para el nuevo fiscal será por siete años, y deberá rodearse de funcionarios de carrera.

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