El regreso de Juan Sabines Guerrero como cónsul en Orlando, Florida, coloca en muy mala situación a la 4T, de la que se esperaba una renovación de cuadros y no la recuperación de políticos que simbolizan la corrupción y hasta la maldad.
Manuel Velasco Coello regresó al Senado como operador político del presidente Andrés Manuel López Obrador, tarea que ha desempeñado desde hace mucho tiempo. Con el mandatario lo liga no solo la amistad de su abuelo, sino alianzas y afectos personales que se fortalecieron en las pasadas elecciones, cuando se convirtió en puente de comunicación con Enrique Peña Nieto.
Le dicen súper delegado, pero en realidad no ha podido ampliar su poder más allá de su delegación, y desde la que esperaba mover el ajedrez de las 51 dependencias federales restantes en Chiapas.
Chiapas es de los cuatro estados en donde aún no se ha instalado el Sistema Estatal Anticorrupción, el cual debió empezar a funcionar hace dos años, pero ha sido obstaculizado por los propios políticos.
En las reuniones de su equipo, antes de que Rutilio Escandón asumiera la gubernatura, se habló mucho de aplicar la ley a quienes habían desfalcado al erario chiapaneco. Se barajaron nombres de quienes caerían en desgracia.
A diferencia de lo que sucede en el nivel nacional, en donde existen relaciones tersas entre el SNTE y el presidente de la República, en Chiapas se ha abierto una ruptura casi insalvable entre el líder de la sección 7, Pedro Gómez Báhamaca, y el gobernador Rutilio Escandón.
El principal problema con el que se ha topado el actual gobierno es con el Frente Nacional por la Lucha del Socialismo (FNLS), una organización que se ha asentado en Huixtán, Oxchuc y Ocosingo, y que mantiene a cinco policías retenidos con el propósito de negociar la liberación de uno de sus militantes.
El asesinato de Lauren Green y Renato José Zárate, investigadores que vivían en San Cristóbal de Las Casas, ha puesto la mirada en la inseguridad que se vive en el país, y de la que Chiapas no está ausente.
Carlos Morales Vázquez enfrenta una de las más inusitadas protestas que se hayan registrado en Tuxtla, que no la vivió Juan Sabines, Samuel Córdova Toledo ni Fernando Castellanos Cal y Mayor, no obstante el aura pestilente que emanaban: una marcha para exigir la separación de su encargo.
Empleados de gobierno del estado de Chiapas esperaban que, con la llegada de la 4T, mejoraran sus sueldos y prestaciones. En lugar de eso, han sido despedidos más de 17 mil trabajadores de diferentes dependencias y delegaciones federales, y quienes conservan su puesto de trabajo han perdido compensaciones y apoyos diversos conquistados a lo largo de varios años.