Uso politico del nuevo modelo penal

 

«¿Que nos paguen, que nos paguen!», es el reclamo insistente de los empresarios. Foto: Archivo

 

El nuevo modelo procesal penal que sustituyó al inquisitivo o mixto, corre el riesgo de convertirse en el mismo sistema penal al servicio del gobierno para reprimir la protesta social. Las detenciones recientes de la defensora de los derechos humanos Silvia Juárez, y de empresarios vinculados a la asociación Empresarios Chiapanecos Organizados (ECHO) revelan la utilización indebida del Derecho Penal.

Anunciado como un nuevo modelo, que representaría ventajas extraordinarias en materia de derechos humanos, eficacia en el procesamiento de los delitos y las personas inculpadas, el nuevo proceso penal, desde su inicio reveló que sus anunciadas ventajas serían muy relativas en cuanto al respeto a los derechos humanos.

El gobierno del Estado continua abusando del poder punitivo que ejerce a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de los tribunales para resolver problemas sociales o bien para ganar la legitimidad que pierde en el terreno social y político.

Tanto Silvia Juárez como los empresarios han sido vinculados a proceso por delitos relacionados con el “orden constitucional y la seguridad del Estado”, como es el motín. La misma denominación y el bien jurídico que pretende proteger el delito, hablan por sí solos del contexto en que se producen las conductas. Son delitos propios de sistemas autoritarios que penalizan la protesta social para limitar el activismo de las y los defensores de los derechos humanos o de los activistas sociales. Encarcelándoles se pretende distraer su activismo para dedicar tiempo y esfuerzo en su defensa.

En ambos casos, tanto la defensora de los derechos humanos como los empresarios, las acusaciones se originaron en movimientos de inconformidad y ejercicio de la libertad de expresión y reunión que implicaron acciones políticas, mismas que la Procuraduría de Justicia del Estado tradujo en delitos.

Muy  pronto el nuevo modelo penal cumplirá un año de su aplicación en el territorio nacional y vendrán las evaluaciones sobre su efectividad en el marco de la sanción a responsables y del respeto a los derechos humanos.

Derivado de la utilización indebida del derecho penal y del proceso penal para castigar a quienes protestan, y derivado también de las persistentes violaciones a los derechos humanos en ese espacio, quizá una manera de sintetizar una evaluación sería la siguiente: El modelo procesal es nuevo, el Ministerio Público es el mismo; o bien, el proceso penal es nuevo, las violaciones a los derechos humanos son las mismas.

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