Este es un alcalde que quiere ser rey: Cuentos conejos

Dentro de las múltiples funciones que debe cumplir un alcalde en México están, sin duda ninguna, aquellas que se relacionan con el manejo de los bienes públicos, las finanzas y, en general, velar por el buen uso de todos los recursos que forman parte del patrimonio municipal correspondiente. En este tema, es cierto que en el país existen experiencias exitosas de un manejo escrupuloso de los recursos públicos, pero el común denominador es el derroche, la simulación, el cinismo y la abierta corrupción que carcome la confianza ciudadana. Cuando los servicios que el Estado en sus diferentes escalas tiene la obligación de ofrecer a la ciudadanía se compran mediante el soborno, allanamos el camino de la inexorable ley de la naturaleza: el pez más grande se come al más chico. Semejante regla, desde luego, es incompatible con el grado de desarrollo de nuestra convivencia humana, aunque existirían múltiples ejemplos que obligarían a un determinado matiz.

Otro aspecto importante es el de la seguridad de los ciudadanos, aunque esta se ve acechada en los años y días recientes, constituye una de las principales actividades que el ejecutivo a escala local debe proporcionar a la población que representa. La inseguridad que hoy padecemos escasamente podrá resolverse si antes no se fortalecen las propias instituciones que en este y otros temas son todavía frágiles. La federación sólo puede actuar de manera circunstancial y episódica; mientras que a los ayuntamientos les corresponde el diario accionar de la seguridad y ofrecer las condiciones para que los ciudadanos puedan desempeñar sus actividades cotidianas con la indispensable protección a su persona y bienes.

Todo esto viene a cuento porque en los últimos días el alcalde la ciudad capital de Chiapas se ha ocupado de responder y descalificar las opiniones de la periodista, Gabriela Coutiño; pero antes lo había hecho con Sandra de los Santos, ambas colaboradores del portal Chiapas Paralelo. No es usual que un presidente municipal se dedique a responder a la prensa, aunque es loable que esto ocurra. Ojalá esto permitiera saber cómo toma decisiones el presidente y, en general, cuál es la racionalidad que a menudo lo motiva en el ejercicio de su encargo. Son tan opacas las administraciones locales que resulta al menos interesante que una autoridad municipal se tome la molestia de ofrecer sus opiniones sobre cierto tipo de temas. Sin embargo, los municipios escasamente pasan la prueba del ácido de la transparencia y la rendición de cuentas.

En el campo del periodismo, por su parte, existen ciertos imperativos que obligan a los periodistas a indagar, revisar y diagnosticar todo aquello que sea de interés público. Esa es una de sus principales funciones. Los periodistas tienen como actividad irrenunciable mantener bajo escrutinio todo aquello que resulte relevante para la colectividad. De ahí que, para los fines del periodismo, temas como el uso y destino de los recursos públicos, los contratos, obras y servicios; entre otros, sean de sumo interés.

Fernando Castellanos. Foto obtenida de Facebook

El alcalde tuxtleco se sube al ring porque da muestra ostensible de su incapacidad para responder a las críticas o por un afán de notoriedad que sus desatinos no le permiten. Está en su legítimo derecho de aspirar a la gubernatura, como ya ha sucedido con algunos alcaldes de la capital. Sin embargo, poco aporta a sus anhelos descalificar o, de manera alegórica, pretender amenazar a periodistas que, igualmente, están en principal función que admite su oficio o profesión de solicitarle una entrevista o indagar sobre los contratos que una entidad pública como lo es el ayuntamiento de Tuxtla realiza con alguna empresa.

Un somero análisis al portal del Ayuntamiento tuxtleco arroja una estadística poco alentadora. La ley de transparencia para el Estado de Chiapas estipula en su artículo 74 que los sujetos obligados “deberán poner a disposición del público y mantener actualizada de manera regular y permanente, las siguientes obligaciones de transparencia”: el marco normativo; estructura orgánica; facultades, atribuciones o funciones; metas y objetivos; indicadores diversos con el fin de cotejar resultados de la acción pública; directorio; gastos de representación y viáticos; remuneraciones; convocatorias; actas y acuerdos; entre otros temas de interés. De ahí que sea una obligación de transparencia del ayuntamiento sustentada en la ley respectiva incorporar en su página electrónica información relevante y que puede ser consultada por la ciudadanía sin que medie solicitud alguna al respecto. Debe reconocerse que alguna información está disponible en la página oficial del ayuntamiento, pero hay datos sensibles que simplemente no se encuentran. Por ejemplo, en el tema de la situación patrimonial de los funcionarios del ayuntamiento solamente 53 de ellos presentan información relacionada con esto y ocupando puestos menores en el organigrama, de directores generales para abajo. Sin embargo, brilla por su ausencia la información relativa de los altos funcionarios del ayuntamiento, incluido el presidente municipal, por supuesto. Tampoco se encuentra la información correspondiente a la remuneración bruta y neta de los servidores públicos del ayuntamiento. En el área de la información curricular, por ejemplo, aun cuando a través de lo ahí estipulado sabemos que el alcalde en funciones tiene una maestría en Ciencias del Estado, no se conoce absolutamente nada de más al respecto. Algo que resulta un tanto desconcertante es que el coordinador de asesores tiene una formación en química clínica y una Maestría en Inmunohematología, cuando su perfil profesional podría ser más adecuado para el sector salud. Y así como estos casos hay otros en los que no parece existir correspondencia entre la formación profesional y los cargos que ocupan (consulta realizada el día 17 de noviembre de 2017).

En síntesis, la página oficial del ayuntamiento tuxtleco reporta información importante, pero deja en la opacidad datos y documentos relevantes que tiene la obligación de publicar, tal y como lo hemos ejemplificado apenas arriba. Hay que aceptar que el alcalde tenga la buena disposición o el deseo de comunicar sus logros y alcances en la administración municipal, pero por principio de cuentas sería conveniente que ofrezca la información que está obligado a proporcionar por mandato de ley. Sus deseos de ocupar otros cargos en la administración pública son legítimos, pero sus aspiraciones podrían llegar a ser improcedentes mientras se desempeñe como alcalde para el periodo por el cual fue electo. Por lo pronto, muchas tareas le quedan por delante y, en la era de la comunicación, siempre será mejor mantener esos canales abiertos.