A un año, Oxchuc sin cumplir sentencia del Tribunal Electoral

Indígenas de Chiapas se pronuncian por gobiernos comunitarios, rechazan partidos políticos. Foto: Archivo Chiapas Paralelo

Han pasado 365 días desde que el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) emitió una sentencia (28 de junio de 2017) a favor de  la Comisión Permanente por la Paz y la Justicia en Oxchuc, en el que ordena al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) a encauzar la demanda autonómica de ese municipio, a ejercer su derecho a elegir a su Ayuntamiento municipal, mediante sus propios sistemas normativos electorales, sin la participación de partidos políticos (TEECH/JDC/19/2017 y sus acumulados). Pero ésta, a un año de su emisión, aún espera su cumplimiento.

La sentencia instruía al IEPC a realizar diversas acciones: (i) Realizar un estudio antropológico para  determinar la viabilidad de la implementación de los usos y costumbres de dicha comunidad para la elección de sus autoridades; (ii) Realizar un estudio socioeconómico que dé cuenta de la sostenibilidad del municipio y, (iii) “Documentar la situación de la estabilidad social en el municipio”. Requisitos todos ellos que una vez cubiertos, se procedería a la consulta para definir el régimen de la elección: sistemas normativos internos o partidos políticos (https://www.chiapasparalelo.com/opinion/2017/07/gana-oxchuc-en-el-tribunal-electoral-va-por-elecciones-de-usos-y-costumbres/)

El camino para llegar a ellos ha sido azaroso. Únicamente se cuenta, hasta hoy día, con el estudio socioeconómico que de manera voluntaria, de buena fe, aportó la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, presidida entonces por el arquitecto Jaime Martínez Veloz, como coadyuvante hacia la paz en Oxchuc.

El dictamen antropológico ha esperado muchos meses para comenzar sus trabajos. Primero, el IEPC se demoró en decidir que fuera el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) quien debía realizarlo. La decisión fue acertada, dada la trayectoria y solvencia metodológica de la institución.

Pero luego, el equipo de antropólogos retrasó el inicio de la investigación, en virtud que el IEPC ha aducido que carece de fondos económicos para pagar la investigación, ya que el gobierno del estado le ha negado ese presupuesto especial, que se estima en 500 mil pesos, aproximadamente.

Frente a esta negativa, es visible la responsabilidad del gobierno del estado, que no ha querido coadyuvar a favor de que el IEPC cumpla con la sentencia. Más que ayudar, los actores gubernamentales y políticos han intervenido a Oxchuc para socavar la legitimidad y la fuerza de  la Comisión Permanente por la Paz y la Justicia en Oxchuc, lo que ha creado confrontaciones internas, que se han prolongado desde los conflictos post electorales de 2015 (https://www.chiapasparalelo.com/opinion/2016/02/por-que-es-conveniente-una-eleccion-de-usos-y-costumbres-en-oxchuc/).

En la última etapa, uno de los momentos más álgidos fue el ataque de un grupo armado en contra de miembros de la Comisión Permanente de Paz y Justicia, el 24 de enero de 2018, que dejó al menos tres muertos y 17 heridos.

Estos grupos de choque han proliferado y han sustituido la intervención armada de las policías del estado, quienes no ingresan a Oxchuc, ya que sufrieron una derrota militar el 09 de enero de 2016, dejando casi 70 policías heridos, cuando intentaron desalojar el palacio municipal, tomado por la resistencia popular.

Por vacío de la presencia del Estado se ha producido una creciente paramilitarización en el municipio. De tal forma que lograr la paz, es ahora el principal cometido del gobierno indígena que deberá ser nombrado próximamente.

En suma, el gobierno del estado, por acción y por omisión, ha impedido que la sentencia del tribunal se materialice, y ha intervenido para cooptar a la resistencia en Oxchuc, y se ha servido de las y los actores políticos partidarios para debilitar y desmoralizar la lucha de la Comisión Permanente por la Paz y la Justicia.

Con su intervención, y en defensa de los intereses de las élites partidarias, ha hecho que el conflicto se prolongue, dejando muertos y heridos en el camino. Además de una intensa violencia en la vida cotidiana; bloqueos y afectaciones varios a la ciudadanía chiapaneca en lo general, y a la industria turística de San Cristóbal de Las Casas, en particular.

Ante el incumplimiento de la sentencia, el abogado comunitario Gabriel Méndez de la Comisión Permanente por la Paz y Justicia Indígena del municipio de Oxchuc,  volvió a ir al tribunal para obtener un nuevo Decreto a su favor, que ordenaba posponer la celebración de los comicios municipales el 01 de julio de 2018  (https://www.chiapasparalelo.com/opinion/2018/04/secretaria-general-de-gobierno-cancela-las-elecciones-municipales-por-partidos-politicos-en-oxchuc/).

Pospuestas las elecciones, éstas deberán celebrarse una vez presentados los resultados del dictamen antropológico y de la consulta; requisitos ambos establecidos en las sentencias del Tribunal, pero que no hay aún una fecha precisa para su entrega.

La ruta crítica que sigue es: (i) El INAH entrega al IEPC el dictamen antropológico (ii) El gobierno del estado entrega al IEPC la “constancia” sobre la “situación de la estabilidad social en el municipio”; (iii) El IEPC, en coadyuvancia con Oxchuc, y otras instituciones como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), elaboran el diseño de la consulta, para que los habitantes de Oxchuc decidan sobre el régimen electoral de gobierno en el municipio: “régimen por sistemas normativos internos”, o “régimen de partidos políticos”; (iv) Una vez decidido, el IEPC, en coadyuvancia con los mismos y otros actores, organiza el proceso electoral municipal en Oxchuc; y, (v) De los resultados, se integrará la autoridad municipal.

El camino no se ve corto, y será más largo sí el gobierno el estado (el ahora saliente y el entrante) no colabora para aplanar el camino y omitir su intervención en continuar sembrando conflictos que retrasen más la ejecución de la sentencia.

Así, en esta situación de impasse, Oxchuc llega al 28 de julio de 2018 conmemorando el aniversario de la primera sentencia del tribunal. Para hacerlo visible y levantar la voz y la exigencia frente a la omisión, convocó a celebrar el “II Encuentro Nacional por la Libre Determinación de los Pueblos Indígenas en México”, que se celebrará en la cabecera del municipio.

Estarán presentes personalidades que han sido actores claves en los procesos de autonomía política indígena, como las autoridades de Cherán, Michoacán; Almoloya de Juárez, Estado de México, y del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero. Todos ellos han logrado el reconocimiento de sus gobiernos autónomos en el ámbito municipal, después de sendas luchas en los tribunales.

Y es que ante la omisión del Estado a nivel nacional, se ha producido una suerte de  judicialización de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y éstos han tenido que enfrentar la negativa de las rancias clases políticas de sus entidades federativas, que les niegan el reconocimiento de sus derechos a la autonomía política. Pese a que estos se encuentran reconocidos en la Constitución de la República desde 2001, y en los tratados internacionales, desde 1989.

En Chiapas, Oxchuc no es el único que lucha por su autonomía política. En este II Encuentro Nacional, también estarán presentes los gobiernos autónomos comunitarios de los municipios tseltales de Sitalá y Chilón. Estos municipios demandan desde 2016 el reconocimiento de sus sistemas de elección por “usos y costumbres”.

Igual que Oxchuc, se fueron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien les dio la razón y ordenó a su homólogo de Chiapas analizar la situación, quien los remitió al IEPC para que resolviera. Pero el IEPC puso muchas condiciones y, finalmente se negó a conocer estas demandas.

Chilón y Sitalá asistirán a este segundo encuentro a compartir su experiencia de autogobierno, ya que, como afirma su slogan “No sólo buscamos nuevos gobernantes, sino una manera distinta de gobernar”, entre ellos, integrar gobiernos comunitarios, y no gobiernos bajo la figura municipal.

Así las cosas. “A punta de sentencias”, tanto Cherán, como Almoloya de Juárez, Ayutla, Oxchuc, Sitalá y Chilón han avanzado en el reconocimiento de sus derechos colectivos a la autonomía política. No debería de ser así, y no es ésta la única ruta posible, ni deseable.

Esto ocurre por la carencia de una reglamentación electoral que facilite el procedimiento, para que los municipios puedan ejercer su derecho a decidir sobre el régimen político de su preferencia: sí por partidos políticos, o mediante el nombramiento de sus sistemas propios.

Hoy no se puede ignorar la oportunidad que abre el ascenso de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, y no está de más recordarle el compromiso que asumió con los pueblos indígenas, al pedir su voto, de que promovería el cumplimiento de los “Acuerdos de San Andrés”.

Y, justamente, estos Acuerdos reconocen, precisamente, el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y autonomía; por lo que se esperaría que más temprano que tarde el Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas introduzca una reforma, que reconozca la opción ciudadana a decidir cómo elegir a su autoridad municipal, si por partidos políticos o por sistemas normativos internos, es decir, mediante sus “usos y costumbres”.

Conviene recordar que la base constitucional para el avance de esa reglamentación ya existe. La nueva Constitución de Chiapas, publicada el jueves 29 de diciembre de 2016 estableció en su Artículo 1º que: “Chiapas es un Estado Democrático de Derecho de composición pluricultural que reconoce los sistemas normativos internos de sus pueblos y comunidades indígenas, de acuerdo a los establecido en esta Constitución y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y está comprometido con la protección de su biodiversidad (Periódico Oficial Núm. 273)”.

A la decisión sobre qué régimen electoral mejor conviene a un municipio, se llegaría mediante una consulta interna, y los habitantes de los municipios decidirán lo que mejor les conviene. Así, ya no tendrán que depender de un peritaje antropológico, sino de su voluntad de decidir, mediante procedimientos organizados por el órgano electoral.

En resumen, como hemos visto, el camino hacia la autodeterminación de los pueblos indígenas enfrenta la resistencia del poder, en particular de aquellos enquistados en los intereses de los partidos, y por eso se avanza poco a poco.

Pese a ello, se esperaría que más temprano que tarde, próximamente, Oxchuc sea el primer municipio que conquiste la autonomía política en Chiapas, al elegir a sus autoridades mediante sus sistemas normativos propios.

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