Atemperar los ímpetus

Dentro de las múltiples ocurrencias de los portavoces y protagonistas de la 4T están, por ejemplo, el tema de las universidades o, más recientemente, lo que la primera dama nos ha informado que hará como parte de sus actividades sustantivas para que creamos que no es primera dama, la recuperación de archivos por todo lo largo y ancho del país. Ambas son, desde luego, actividades loables, pero merecen quizá una reflexión más detenida de sus propósitos y alcances.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, durante la campaña nos informaba que se crearían cien universidades más en el país para atender la demanda de educación superior, dada la saturación de las existentes que no alcanzan a cubrir las necesidades de educación de los jóvenes en ese nivel de instrucción. De acuerdo con información de la SEP, en el país existen poco más de 5 mil instituciones educativas (5,343) de nivel superior públicas y privadas. De ese total, más de 2 mil (2,180) son escuelas de educación superior públicas y el resto privadas (3,163). Esto significa que el Estado provee apenas el 40 por ciento de los espacios educativos para atender la demanda en el país, mientras que la iniciativa privada ofrece casi el 60 % de ellos. Visto así, incrementar el número de universidades del país en la cantidad propuesta por el presidente no modifica sustantivamente la tendencia, aunque, desde luego, habrá más espacios para los jóvenes que hoy son rechazados en las universidades públicas.

Aceptando sin conceder que, en efecto, no sólo resultan necesarias sino imprescindibles esa cantidad de universidades, lo propio sería una suerte de diagnóstico sobre las condiciones en las que operan las existentes. Aunque existe una mayor concentración de universidades públicas en el centro de la República, no es menos cierto que en cada entidad federativa existe por lo menos una universidad estatal y sumar 100 más no solamente suena muy atractivo para miles o millones de jóvenes que carecen de oportunidades educativas, sino que resulta de la más elemental justicia de la cual han sido excluidos muchos mexicanos.

Beatriz Gutiérrez Müller

No es ninguna novedad que muchas de las universidades públicas del país atraviesan por problemas financieros y, en algunos casos, la situación es tan crítica que prácticamente se encuentran en quiebra. Es más, en algunas de ellas han dejado de pagar a su personal frente a la inexistencia de recursos para financiar sus nóminas. Las universidades no son una isla en un país plagado de problemas. Por lo tanto, un buen diagnóstico permitiría determinar con mayor precisión cuáles son los problemas que a las universidades las han orillado a una suerte de crisis interna que compromete su viabilidad en el futuro inmediato.

Precisamente por esas razones ¿No sería más conveniente rescatar a las existentes, sanearlas y mejorar todo aquello que un diagnóstico imparcial señale como imprescindible de atender? Esto, por supuesto, no riñe con la idea de incrementar el número de universidades en el país, pero resulta urgente atender los rezagos e ineficiencias de las existentes.

Más allá de esto, la sra. Beatríz Gutiérrez Müller, se ha negado a ocupar lo que con frecuencia suelen tomar como actividades propias las esposas de los presidentes. En efecto, la tradición priista les reservó por siempre la presidencia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, mejor conocido como DIF que, en otras épocas, llevaba otros nombres. También, muchas de las primeras damas han desarrollado iniciativas propias que, precisamente porque son esposas de los presidentes, tienden a ser avaladas y respaldadas con presupuesto público. Margarita Zavala, por ejemplo, se ocupó atender problemas de drogadicción; mientras que, Martha Sahagún, creó su fundación Vamos México para financiar una diversidad de iniciativas.

La sra. Gutiérrez Müller está en su derecho de no aspirar a un cargo que no desea desempeñar por la razones que ella juzgue pertinentes. En descargo se le ocurre que lo mejor para ella será asumir una función como el de impulsora de la recuperación de archivos y la memoria histórica del país. Para ello, se pretende crear una comisión denominada o conocida a través de los medios como “Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México“. Aunque la propuesta en sí mismo puede no ser incorrecta, todo parece indicar que no existe nada en esos temas que valga la pena recuperar o mejorar. Más aún, esa coordinación seguramente absorverá o requerirá alguna partida presupuestal para fondear sus actividades y no está mal que así sea. De lo contrario, no es posible que ello fructifique, aunque la esposa del presidente ha reiterado que ocupara el cargo de presidente sin remuneración alguna.

Es obvio que la Dra. Gutiérrez Müller tiene un particular interés profesional sobre el tema de los archivos y la memoria histórica de nuestro país. Es historiadora y nadie en su sano juicio podría negarle un interés genuino sobre el tema. El problema es que existe un Archivo General de la Nación que, pese a las limitaciones, se encarga precisamente de las actividades que la Dra. Gutiérrez Müller pretende hacer con la comisión que aspira a crear. He aquí la pregunta: ¿por qué no pensar primero en examinar los problemas del Archivo General de la Nación y ofrecer los cambios necesarios para mejorar los servicios a los usuarios? Más aún, ¿No sería conveniente al menos promover la descentralización de modo que los archivos estatales puedan consultar precisamente en sus lugares de orígen? En tiempos de la austeridad republicana ¿Resulta apropiado crear una burocracia, aunque sea con nobles intensiones, para atender asuntos que ya realizan otras instituciones?