México ante la crisis migratoria Centroamericana: Más allá de Donald Trump

FotMéxico no tiene capacidad real para sustentar un programa masivo de empleo a los migrantes. Y señalemos también que la nueva modalidad de cruces grupales –las caravanas- rebasan el poder deliberado de grupos no gubernamentales, es una construcción de los actores migrantes.o Elías Villacinda

Por María del Carmen García Aguilar[i]

El popular refrán “A río revuelto, ganancia de pescadores”, permite entender el acontecimiento de las caravanas migratorias, y su desconcertante sentido gregario, definido como “crisis migratoria”. El “río revuelto”, ante tal acontecimiento, fue autoría estadounidense y la “ganancia” esperada era para el presidente Donald Trump. Lo cierto es que hoy no tenemos una lectura precisa de lo que es dicha crisis, aunque sabemos que no es “la invasión de inmigrantes” que clama el presidente estadounidense; tampoco se reduce a la politización que se erigió sobre las caravanas, cuyo debilitamiento obedece a un encuadre más definido en la lucha partidista de las próximas elecciones estadounidense.

 

La expresión coyuntural de esta crisis, colocó al gobierno de Peña Nieto en una situación de impotencia política y al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en una posición delicada, asumiendo decisiones fincadas en el respeto a los derechos humanos de la población migrante en atención a los marcos del derecho internacional y de la Carta Magna mexicana. La centralidad de México como país de tránsito es inevitable si asumimos que los flujos migratorios son apenas la punta del iceberg de un problema mayor oculto en la nebulosidad que empaña la comprensión de la crisis migratoria centroamericana. Sin duda, ya se ha visto, el gobierno de AMLO será objeto tanto de los reclamos para un tránsito pacífico, como de las exigencias de contención de los flujos por un país que ya no admite a quienes viven en su “patio trasero”. Por ello, es preciso que el actual gobierno de México tenga claridad del fenómeno migratorio centroamericano a la hora de asumir compromisos con Estados Unidos y con los países de origen. No hacerlo, corre el riego de asumir los diagnósticos y las recetas que impone Estados Unidos, como ha ocurrido con el narcotráfico y su combate que han hecho del país, un país de muerte.

 

La literatura consultada sobre el fenómeno migratorio centroamericano, específicamente sobre los tres países que conforman el Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), registra que su emergencia en la segunda mitad del siglo pasado guarda una estrecha correlación con tres sucesos o acontecimientos: la guerra civil, maniobrada directamente por Estados Unidos, en el que uno de sus desenlaces fue la migración de los nacionales hacia Estados unidos, ya bajo el estatus del refugio, asilo, o de forma indocumentada. Su control o regulación se manejó desde sistemas migratorios bilaterales en atención a intereses del país de recepción; el segundo evento fue, paradójicamente, el fin de las guerras civiles, que trajo consigo los llamados Acuerdos de Paz, y en paralelo la definición de regímenes políticos democráticos y la imposición de un modelo económico de corte neoliberal; el tercer evento está marcado por los desastres naturales cuyo primer impacto son los desplazamientos forzados de sus afectados, que los coloca en el círculo de la pobreza o en situación de crisis humanitaria.

 

México, como como país de tránsito, no tuvo incidencia en el manejo político de esta migración. Hasta bien entrado el siglo XX el gobierno mexicano explícitamente operó una no política migratoria, para los que transitaban su territorio sin documentos, bajo el conocimiento implícito de que Estados Unidos hacía de esta migración, como con la de sus connacionales, su “puerta de doble batiente” (Morales, 1989).  La ruptura de estos explícitos e implícitos ocurre con los atentados del 11s, aunque previo a estos, el país del “sueño americano”, reducía cada vez más los canales de ingreso legales,  operándose, como respuesta inevitable, los incrementos en la inmigración indocumentada. También previo al 11s, México había asumido como propio la guerra contra las drogas del gobierno estadounidense, que implicaba la vigilancia policial y militar de la frontera sur.

Después del 11s, la estrategia de seguridad se impone como mandato imperativo en las escalas nacional, regional, hemisférica y mundial. México, ya plegado a la guerra contra el crimen organizado de Estados Unidos, asume en su totalidad dicha estrategia. Durante las primeras tres administraciones del presente siglo, México las implementa como decisiones de Estado, con un abierto sentido de “inevitabilidad”. Se desvela, sin sonrojo alguno, lo que México es para la Casa Blanca: su ‘patio trasero’.

 

El costo político, pero también moral, para México es incalculable: asumió el mito político securitario estadounidense, que no es otra cosa que una plataforma ideológica, que hace de la seguridad nacional,  y de los nuevos enemigos, el eje articulador de su política exterior. Para México, la lucha contra los enemigos, que son sus connacionales, implica la guerra interna. El poder de las agencias federales del vecino país es inmenso y la capacidad de invención de enemigos no tiene límites, como tampoco lo tiene para triturar los mínimos de las soberanías nacionales de sus “aliados”. Este es el escenario internacional que dio juego a las nuevas relaciones asimétricas entre Estados Unidos y México. Los compromisos establecidos en prácticamente todas las áreas de la vida económica y política entre ambos países, están atravesadas por el eje securitario.

 

El gobierno de Manuel Andrés López Obrador enfrentará serias dificultades si pretende alterar el marco de las relaciones ya establecidas, para empezar el poder potestativo que Estados Unidos se atribuye para definir el campo migratorio binacional o regional. Ante el fenómeno de las caravanas centroamericanas, que iniciaron a fines octubre de 2018 y continuaron hasta enero de 2019, la nueva administración sostuvo una política migratoria con estricto apego al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, no así el mandatario estadounidense que de manera unilateral alteró la normativa del asilo, reenviando a los solicitantes a territorio mexicano en donde esperarán la respuesta del juez a su petición de asilo. La decisión de AMLO de apoyar la estancia de los centroamericanos en México, en espera de su resolución, le valió la crítica de organizaciones defensoras de migrantes y de estudiosos, e incluso de la población nacional, por la inexistencia de condiciones para tal decisión. En reiteradas ocasiones, ante el posible vínculo de esta decisión con la política de Trump, el gobierno reitera que su decisión no deviene de ningún acuerdo “vinculante” con el gobierno estadounidense.

En una nota de Luis Alonso Pérez (01 de marzo de 2019) la secretaria de la SEGOB, Olga  Sánchez Cordero, anuncia que México podría recibir 3.5 millones de centroamericanos para 2024, esto es, un ingreso de 700 000 personas anuales. Estos datos, le sugiere a la funcionaria, que México “es atractivo para los migrantes como un lugar para quedarse, y aseguró que el gobierno federal cuenta con la capacidad para dar oportunidades para estos extranjeros”.  Estas declaraciones, como  sugiere la editorial de La Jornada(01/03/2019), amerita una revisión de los datos, y una proyección política realista, no sólo por los grandes problemas de pobreza y desigualdad social de México, sino porque la magnitud del problema migratorio, al menos en los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica, está en enorme  desequilibro entre el  crecimiento demográfico y económico, que inhibe toda integración social. Y como indica Naïr (2018), “el crecimiento de población genera desplazamiento de población”. Los responsables directos de este desequilibro estructural son los gobiernos de Estados Unidos y de cada uno de los países expulsores, en la figura del llamado “Estado de la economía”. El rasgo indicativo de lo que planteamos es la composición de los flujos migratorios: niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y familias completas.

 

Si ya sostener una política migratoria de tránsito en apego a la protección de los migrantes, requerirá el apoyo o incluso la participación directa de los organismos internacionales, y no gubernamentales, la decisión del gobierno mexicano de  promover una política de desarrollo económico en los países de los migrantes, pasa por reconocer sus límites y márgenes estrechos de su puesta en marcha. Obama ante la crisis humanitaria de los niños migrantes en 2014 y 2015, impulsó una estrategia similar, de promoción al desarrollo económico y social, y los flujos no dejaron de crecer. Donald Trump es partidario de impulsar, junto con México, el desarrollo social en los países expulsores, pero su impacto no es de corto plazo. En tanto, ya externó, al Congreso, la decisión de extender la acción de devolución de los solicitantes de asilo a territorio mexicano en espera de la resolución de esta, a la garita fronteriza que comunica a las ciudades de Mexicali y Calexico, como ya ocurre con Tijuana (Eras, 2019).

No cabe duda de que los responsables directos del drama centroamericano continuarán con su cometido securitario y proyecten que  las subsecuentes crisis derivadas de los flujos migratorios sean asumidas por el país de tránsito, sin establecer ningún marco de entendimiento, aprovechando que su gobierno actual “rehúsa” la externalización de los controles impuestos por Estados Unidos, como ocurre con la Unión Europea con los países del Magreb que le son frontera.

El nuevo gobierno enfrenta grandes desafíos. Los migrantes vienen no con el proyecto de quedarse en México, pero ante la fuerza de la contención se jugará con las reglas del juego del tránsito indocumentado o legal desde la figura del asilo, aunque implique esperar en territorio mexicano la resolución de su petición a las autoridades migratorias estadounidenses. Pueden proyectar incluso ante la negativa del asilo por parte de Estados Unidos, jugar con la posibilidad de quedarse en México, en la perspectiva de hacer menos violento la precariedad extrema que hoy les amenaza con la pérdida de la vida misma. Sin embargo, México no tiene capacidad real para sustentar un programa masivo de empleo a los migrantes. Y señalemos también que la nueva modalidad de cruces grupales –las caravanas- rebasan el poder deliberado de grupos no gubernamentales, es una construcción de los actores migrantes.

 

Fuentes citadas

Antonio Eras. 2019. “EU expande devolución de migrantes de Centroamérica pese a las “resistencias de México”. La Jornada, 14 de marzo de 2019.

Brooks, David. 2019. “American Curios/Entre dos palabras”. La Jornada, 04 de marzo. https://es-us.noticias.yahoo.com/m%C3%A9xico-recibir-3-5-millones-194200848.html

La Jornada. 2019. “México protesta pero acepta decisión de EU de regresar migrantes al país” Redacción, 12 de marzo. https://www.jornada.com.mx/sin-fronteras/2019/03/12/mexico-protesta-pero-acepta-decision-de-eu-de-regresar-migrantes-al-pais-1067.html

Martínez Fabiola y Ana Langner. 2019. “Ofrece México a Washintong ser parte de la respuesta a la migración ordenada”, La Jornada, 01 de marzo de 2019. https://www.jornada.com.mx/2019/03/01/politica/010n1pol

Morales, Patricia. 1989. Indocumentados mexicano. Causas y razones de la migración laboral. México: Enlace Grijalbo.

 Naïr. 2018. “Demografía y migraciones futuras”. El País, 22 de junio de 2018

Por Luis Alonso Pérez. “México podrá recibir 3.5 millones de centroamericanos para 2024: Sánchez Cordero”, 01, de marzo de 2019.

[i]Investigadora-Docente. Observatorio de las democracias: sur de México y Centroamérica, CESMECA-UNICACH.

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