Activismo y periodismo de alto riesgo

Por Carlos de Jesús Gómez[i]

El activismo y el periodismo son actualmente actividades de alto riesgo. Según el informe Global Análysis 2018, de Front Line Defenders, en México se asesinaron alrededor de 48 defensores de derechos humanos en 2018, y en lo que va del 2019 hay registro de 5 activistas muertos. Por otra parte, Artículo 19ha documentado, desde elaño 2000 a la fecha, el asesinato de 124 periodistas en México, en posible relación con su labor periodística.Estas cifras hacen de México uno de los países más peligrosos para ejercer la libertad de expresión, el acceso a la justicia, a la ciudadanía y otros derechos elementales.

Las dimensiones de estos crímenes y la complejidad de entramado social y político latinoamericano en que se presentan nos colocan frente a uno de los grandes problemas nacionales y regionales. Para Front Line Defenders (2018), estamos frente a una “epidemia de asesinatos de activistas” a nivel mundial en la que destaca el hecho de que de los 321 casos registrados en 2018, cuatro países latinoamericanos concentran más de la mitad (223): Colombia encabeza la lista con 126; siguiéndole México, con 48; Guatemala, con 26; y Brasil, con 23.

El asesinato es el último escalón de la violencia ejercida contra activistas y comunicadores, pues es precedida por una larga lista de acciones de difamación, amenazas, vigilancia, y violencias de tipo estructural, a través de los medios de comunicación convencionales, la vigilancia cibernética, los procesos legislativos y las estrategias policíacas. Dicho de otro modo, los activistas y los reporteros críticos se sitúan generalmente frente a un continuumde violencia, proveniente de diferentes fuentes.

En manera particular, son los defensores de derechos ambientales quienes en comunidades indígenas y rurales se encuentran en mayor condición de vulnerabilidad. El encarcelamiento arbitrario en 2017 de Silvia Juárez, integrante del Movimiento en Defensa del Territorio Zoque, en resistencia civil y pacífica en contra de proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos y de minería en el municipio de Tecpatán, Chiapas y la región; el asesinato, a comienzos de año, de Sinar Corzo, miembro del Comité Ciudadano Defensa de los Derechos Humanos Coloso de Piedra; y el reciente asesinato de Abiram Hernández, activista de derechos humanos que acompañaba a familiares de personas desaparecidas, son casos emblemáticos de la violencia que experimentan activistas en el sur de México.

En Centroamérica las cosas no son muy distintas. Los megaproyectos en materia hidroeléctrica, de minería y de agroindustria son emprendidos por empresas transnacionales, apoyados por los Estados y protegidos por el brazo militar de estos son una constante. En Honduras, el asesinato de Berta Cáceres en 2016, defensora de los derechos humanos, líder indígena lenca, feminista​, activista del medio ambiente y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), es una expresión más de la violencia que experimentan los activistas que forman parte de movimientos en defensa del territorio.

El conflicto de Rio Blanco y el asesinato de Berta Cáceres revelan, además, los preocupantes vínculos entre las empresas privadas y la utilización del ejército a los servicios de los intereses de estas. El 30 de noviembre de 2018, el Tribunal Penal Nacional de Honduras condenó a siete hombres por el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta, determinando que estos hombres fueron sido contratados por ejecutivos de Desa, empresa que construye una hidroeléctrica en el territorio indígena Lenca.

En Nicaragua, a casi un año de haber comenzado una larga jornada de protestas, testimonios e informes de derechos humanos han registrado alrededor de 500 personas asesinadas; más de 800 personas secuestradas y detenidas arbitrariamente, y cientos de jóvenes exiliados. Sin embargo la violencia política ha sido denunciada por los movimientos indígenas, estudiantiles, ecológicos y feministas que han nucleado las protestas en este último año, revelando la faceta neoliberal, extractivista y autoritaria del gobierno de Daniel Ortega.

En definitiva, las personas, que como Berta, alzan la voz para defender sus territorios y exigir sociedades más democráticas son consideradas traidoras, criminales o terroristas. Muchas veces estos testimonios no consiguen traspasar los bloqueos producidos por los medios de comunicación públicos y aquellos vinculados a la oligarquías de los diferentes países, por lo cual el papel de los medios de comunicación crítica es cada vez más importante. Al mismo tiempo, por la incomodidad que producen a quienes tienen intereses implicados, también se busca silenciarlos.

Según el Comittee to Protect Journalists, México y Estados Unidos encabezan la lista de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo. La información recopilada por Artículo 19, del 2000 a la fecha, muestra un incremento sustantivo asesinatos a periodistas de poco más del 100 por ciento en el sexenio del Felipe Calderón en relación al sexenio de Vicente Fox. Los estados que se mantienen con más asesinatos son: Veracruz (26), Tamaulipas (14); Chihuahua (13), Guerrero (12) y Oaxaca (12).

Así lo constata el Informe Ante el Silencio, Ni Borrón Ni Cuenta Nueva, donde se exponen algunos de los principales obstáculos para el ejercicio del periodismo: la criminalización y la restricción  de la libertad de expresión; el silenciamiento del mensajero y del mensaje; la falta de acceso a la información de personas; la ineficiencia de las instituciones especializadas; la importancia del discurso en la “normalización” de las desigualdades estructurales: y la manipulación de la opinión pública. En resumen, romper el silencio y ejercer un periodismo crítico implica asumir un precio muy costoso.

Esta problemática es también compartida con los países centroamericanos vecinos. En Honduras, Guatemala y Nicaragua se ha experimentado un aumento en las cifras de asesinatos de periodistas y ataques contra la prensa. Al igual que México, la impunidad prevalece, por lo que la mayoría de casos no llegan a esclarecerse. Al mismo tiempo, los gobiernos se muestran cada vez más intolerantes con los medios críticos y el disenso de la sociedad.

Ante tal situación, el papel que han tenido los Mecanismos de protección a periodistas y defensores en América Latina ha sido fuertemente criticado por distintas organizaciones. Según el informe de Amnistía internacional, en México estos mecanismos; no reciben el apoyo político de otras instituciones; presentan una alta rotación de personal; demoran en la evaluación del riesgo y de las respuestas ofrecidas; continúan los agentes estatales perpetrando ataques contra defensores; mantienen un enfoque muy restringido para proteger a las familias de las víctimas; predomina un enfoque policial y reactivo, y no consideran medidas estructurales que aborden las causas subyacentes de la violencia contra defensores y periodistas.

Muchas de estas características también son compartidas con otros mecanismos similares en Guatemala, Honduras y Colombia. Los desafíos reconocidos por Amnistía Internacional y diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos son mayúsculos. Entre éstos se encuentran: la eliminación de la corrupción, la creación de una política pública integral de protección coordinada en los ámbitos federal y estatal, especialmente en el contexto de la creación de nuevos mecanismos en los estados y;la inclusión de la sociedad civil a lo largo de todo el proceso.

Estos resultados no sorprenden, si consideramos la complejidad y la naturaleza de los crímenes. Si bien el Estado figura como la principal fuente de violencia, en las últimas décadas han emergido múltiples actores, productores de violencia en México y Centroamérica, como las pandillas, el narcotráfico y los diferentes grupos del crimen organizado, sumándose a la violencia estructural producida sistémicamente, expresada en la pobreza, la desigualdad social, y a la inestabilidad política, esta última caracterizada por el retorno de gobiernos de derecha a la región y las estrategias de seguridad y re-militarización desplegadas. En resumen, es un problema con raíces estructurales.

Un problema de esta magnitud tiene fuertes implicaciones. La interacción entre los múltiples actores productores de violencia pone en tela de juicio el papel del Estado como garante de la protección de los ciudadanos. A propósito de esta, “protección”, Charles Tillynos dice que evoca al menos dos significados: uno reconfortante, relacionado con un refugio para resguardarnos, y otro, con un sentido ominoso, que refiere a una persona fuerte que obliga a los comerciantes a pagar tributo para evitar daños. Para Tilly, la emergencia de los estados-nación está asociada a esta segunda concepción.

La consolidación de los Estados modernos ha implicado centralizar la violencia y procurar la legitimidad del monopolio de esta. Esto se ha conseguido, de múltiples formas en diferentes contextos, a través de la guerra, con la cual pretende eliminar o neutralizar a sus propios rivales fuera de los territorios en los que tienen una prioridad clara; la creación de Estadoo la eliminación o neutralización de sus rivales dentro de esos territorios; la protección, que implica eliminar o neutralizar a los enemigos de sus clientes; y la extracción, que incluye adquirir los medios para realizar las tres primeras actividades. Tal analogía resulta útil para re-pensar el espíritu y el papel de los Estados-nación en la actualidad, y no, así, su fracaso como muchos plantean.

Por otro lado, son diversos los impactos causados por la violencia a nivel social, que incluyen la erosión del tejido social, la imposición del silencio para evitar los costos de la violencia, y el trastrocamiento de las subjetividades y prácticas políticas de los ciudadanos. En medio de tanto, la violencia termina eclipsando los procesos de pacificación, de autogobierno y de democracia que aparecen en clave local en diferentes territorios de América Latina. No obstante, es desde el ámbito de la sociedad y la presión que esta ejerza sobre la política donde radica la esperanza, pues las respuestas militarizadas representan la continuidad de la violencia.

[i]Integrante del Observatorio de las Democracias: sur de México y Centroamérica. Correo electrónico: jesus.gomezabarca@gmail.com