Horizonte sombrío

Hace unos días se llevó a cabo un foro en la Cámara de Diputados de la Federación. Con el tema sobre las haciendas públicas fueron convocados tanto funcionarios, como académicos y representantes populares de distintas partes del país. El diagnostico no pudo ser más que una muestra de los retos que como país habremos de enfrentar en un tiempo corto. Para decirlo en pocas palabras, el gobierno necesita más dinero para atender todos sus compromisos, pero recaudar fondos no es tan sexi y, además, las instituciones con frecuencia lo hacen mal y, peor aún, lo reparten en forma terroríficamente demencial.

Si no hubiese sido por los señalamientos del subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, el evento hubiera pasado sin pena ni gloria. Pero entre lo que dijo el funcionario, lo que interpretó la prensa y la opinión del presidente, existen diferencias que vale la pena comentar.

En efecto, el presidente aparentemente descalificó las opiniones del subsecretario Herrera, pero las opiniones se basan en interpretaciones interesadas o incorrectas. Tengo las versiones estenográficas de lo que el subsecretario dijo y jamás se refirió al cobro de nuevos impuestos. Dijo, eso sí, que el gobierno necesitará recursos al menos para la segunda mitad del presente periodo presidencial, es decir, para 2022. En ese orden, mencionó que resulta indispensable fortalecer las finanzas estatales, particularmente de los gobiernos subnacionales. Solamente bajo esa lógica cabe destacar la importancia de dos tipos de impuestos que están vigentes y que no se trata de nuevos gravámenes: el de la tenencia y los cobros a la propiedad. Ambos tienen un enorme potencial, pero son políticamente incorrectos. A ningún ciudadano nos gusta pagar impuestos, muchísimo menos mientras nuestra percepción sobre las autoridades es que resultan ser ostensiblemente corruptas y no harán un buen uso de esos recursos; ejemplos sobran que convalidan esta sospecha popular.

Por lo tanto, la idea que circuló a través de la prensa que se estaba discutiendo la necesidad de nuevos impuestos fue, por decir lo menos, parcialmente cierta. Asimismo, la visión presidencial quedó contaminada frente a las distintas interpretaciones esgrimidas. Sin embargo, el presidente Obrador acostumbrado a entronizar el poder que le confiere la investidura que ostenta, aprovechó la ocasión para enviar el mensaje que se trata de una autoridad que ni se dobla, ni se quiebra, como ha sido en toda nuestra historia de bronce de confrontaciones políticas frecuentes. El presidente no se equivoca, así vaya derechito al precipicio y en el camino nos lleve a todos al despeñadero.

Uno de los problemas reiteradamente señalados por los expertos es que, en el concierto internacional, el Estado mexicano recauda poco por la vía de los impuestos. Los países nórdicos, por ejemplo, tienen un sistema a través del cual recaudan un equivalente cercano al 60 por ciento del PIB; Francia está cercana al 50 por cierto. México, por el contrario, apenas recauda 16 por ciento. Nuestro país ni siquiera es comparable con respecto a las economías latinoamericanas que pertenecen a la OCDE, puesto que el promedio de ellas está por encima del 30 por ciento con relación al PIB. Con otras palabras, países cuyas economías son similares a las de México, como Brasil, Argentina, Chile; entre otras, recaudan más del doble que nosotros.

El subsecretario Arturo Herrera se pregunta cuál es la razón por la que en México se obtienen tan pocos recursos. La explicación parece muy simple y tiene que ver con nuestro pasado de país petrolero. En efecto, mientras existió una extracción significativa de petróleo de nuestro subsuelo y precios altos en el mercado internacional, la sangría que el gobierno obtenía de PEMEX podía solventar los gastos. Pero los tiempos han cambiado, ahora no sólo se extrae menos petróleo sino que, además, los precios han caído estrepitosamente. En los 80 del siglo pasado, por ejemplo, se extraían alrededor de 3 millones de barriles diarios, mientras que ahora no llegamos ni a la mitad. Peor aún, los precios se han desplomado ya que hoy en día los precios por barril oscilan entre los 40 o 50 dólares, cuando antes estaban por encima de los 100 dólares.

En este contexto, el Estado mexicano fue irresponsablemente omiso respecto de una de sus funciones principales que implica la obtención recursos para atender necesidades sociales. Mientras el cuerno de la abundancia petrolera inyectaba los recursos suficientes para el financiamiento al desarrollo, no sólo se evadió la responsabilidad en el cobro de impuestos sino que, además, se dilapidaron los recursos en obras innecesarias, de mala calidad o se escurrieron por el caño de la corrupción.

Posibles problemas vinculados con Hacienda.

Aunque las reflexiones apuntaron en muchas direcciones, algunas de ellas nos ayudan a comprender el estado en que se encuentran la finanzas del país. El auditor superior de la federación, David Colmenares Páramo, apuntó que se han hecho muchos esfuerzos por alcanzar una reforma fiscal que equilibre las relaciones entre los diferentes niveles de gobierno y que, además, procure incentivar a los estados y municipios a encarar el tema de la recaudación en sus propios ámbitos de competencia. En este sentido, aunque se reconoce la existencia de iniciativas estatales e incluso municipales en el tema de los impuestos, estos resultan más la excepción que la norma. El cobro de impuestos están muy concentrados en la federación, de modo que a los gobiernos subnacionales quedan gravámenes de poca relevancia recaudatoria. De este modo, la mayoría de las administraciones estatales y municipales simplemente se limitan a recibir las participaciones que por ley les corresponde.

Esta situación se traduce en el hecho de que algunas entidades de la república, sobre todo las del sureste, sobreviven simplemente de lo que la federación envía como participaciones. En este caso se encuentran estados como Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Guerrero, entre otras, cuyos ingresos dependen por arriba del 90% de las participaciones federales.

Más desolador resulta saber que la mayor parte de esos recursos se usan para solventar el gasto corriente de las administraciones locales, de manera que la inversión productiva resulta relativamente poca comparada con lo que significa sostener a la burocracia y los insumos necesarios para el funcionamiento más o menos óptimo de los servicios que el Estado ofrece a la ciudadanía. De ahí que esas sean las razones por las cuales no solamente tenemos servicios de pésima calidad sino que, además, es imposible que estos lleguen a un conjunto importante de localidades urbanas y rurales del país.

Con base en esas reflexiones uno puede comprender mejor por qué razones el país se desintegra por efecto de las terribles desigualdades y la pobreza que no solamente tiene consecuencias individuales, sino sociales y regionales al mismo tiempo. Combatir la corrupción, como pretende el presidente Obrador, sin duda ayudará a liberar algunos fondos, pero más nos vale hacernos cargo que eso no será suficiente.

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