Recuperar la gobernabilidad, el reto de Rutilio Escandón

La presencia de Andrés Manuel López Obrador es tan abarcadora en los medios y en la conversación misma que volatiliza a los demás actores políticos, sean partidos, líderes opositores, senadores, incluso gobernadores,  a quienes se les ve y se les escucha poco.

Esta centralidad en el ejercicio del poder resulta positivo para muchos de ellos, porque podrían dedicarse al comercio subterráneo sin que nadie, o casi nadie, logre percatarse de sus andares.

Otros, bajo esa sombra protectora de activismo febril del presidente, no hacen olas, se mueven a gusto en la penumbra, en el dejarse ir con apariciones esporádicas, una vez a la semana quizá.

En Chiapas esta omnipresencia es relevante, como lo es también para Tabasco y la Ciudad de México, tres entidades en donde AMLO se asume como ejecutivo local y federal, y dueño de las parcelas que debe administrar y vigilar para su proyecto aún en construcción de la 4 T.

Esta hiperactividad presidencial es cómoda para el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Pero esa comodidad no debe convertirse en parálisis. Es necesario que siga por la ruta que se ha marcado -producto del azar o de la planeación concienzuda-, de golpear a los grupos de presión que han instalado su propio sistema de gobierno.

El Mocri Zapata es apenas el comienzo de una madeja que no podrá resolverse en este sexenio, pero será una buena herencia para el nuevo gobernante, porque se envía un mensaje de implantación vertical de la ley.

Aplicar la ley, en un estado como Chiapas, no es tan complicado, porque a diferencia de otras entidades en donde el crimen organizado marca su territorio con banderas de muerte, aquí son grupos que han nacido y crecido al amparo del gobierno.

En las diversas actividades productivas de la entidad, hay grupos que han aprovechado la benevolencia del Estado para contar con líneas de combis, de taxis y hasta de autobuses, sin que tengan concesiones, las cuales, en un verdadero acto de justicia, debieran pertenecer a los choferes que por años han trabajado para diferentes organizaciones de transporte.

La torcedura de la ley es un asunto que puede resolver el gobierno del estado. Una carretera bloqueada, en donde se cobra derecho de paso; una caseta tomada o cualquier vía obstaculizada, representa un retroceso en el desarrollo de Chiapas.

Las vías de comunicación son puentes de progreso y, bloquearlas, es un golpe terrible a la generación de empleos y un daño a los más pobres. Por eso, la detención de los líderes que cobraban derecho en la caseta de Malpasito ha sido bien visto, así como el encarcelamiento de Rosa Veiry Clemente Solís, del Mocri EZ, quien vive su segundo encierro en el Amate.

Casas destruidas que pertenecieron al Mocri, en Libramiento Manuel Velasco, en Tuxtla Gutiérrez.

Por donde se voltee hay espacios en donde el gobierno ha perdido el control, pero también hay posibilidades de recuperar la gobernabilidad.

Ningún gobierno de los últimos 12 años tiene tanta legitimidad y fortaleza para ejercer y aplicar la ley. No se debe perder esta oportunidad. Es posible que pasen varios gobiernos más para que se presenten de nueva cuenta estas condiciones.

Dejar pasar esta oportunidad sería un retroceso. Pablo Salazar aprovechó ese momento de fortaleza, con un gobierno presidencial que había derrotado al PRI, y el suyo, audaz y firme, para recuperar la gobernabilidad.

Si el gobierno estatal se desgasta en grillas baratas y en enfrentamientos estériles, en donde se percibe más una nueva campaña política a Palacio de Gobierno, este episodio será solo una anécdota de lo que pudo, quiso y soñó ser. No se debe entrampar en la descalificación de sus adversarios, sino dedicarse a proponer una nueva forma de ordenar esta casa grande que es Chiapas, que está destruida y a la que hay que recomponer las trabes, los castillos, las columnas y, finalmente, el techo de barro rojo de la gobernabilidad.

El reto está ahí. Ojalá que no se deje pasar este tren que solo tiene un viaje de ida.