La insurrección de Río Florido

El principal problema con el que se ha topado el actual gobierno es con el Frente Nacional por la Lucha del Socialismo (FNLS), una organización que se ha asentado en Huixtán, Oxchuc y Ocosingo, y que mantiene a cinco policías retenidos con el propósito de negociar la liberación de uno de sus militantes.

Este frente, con presencia en la Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Michoacán y Veracruz, es sumamente combativo, difícilmente doblegable con el encarcelamiento de sus líderes; su historia insurrecta arranca con este siglo, como parte de las mutaciones de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ).

Al igual que el EZLN, el FNLS se siente incómodo con la 4T, a la que ha descalificado por “sus ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”, y ha denunciado que en “Chiapas no se respetan los derechos humanos, y que cada declaración hecha por el gobierno en turno en este tema es hipócrita, y bajo el ropaje de gobierno del pueblo ha militarizado y cometido graves violaciones a los derechos humanos, se han perpetrado crímenes contra defensores de los derechos humanos, activistas, campesinos”.

A diferencia del MOCRI EZ, que se apropió ilegalmente de terrenos en Tuxtla y municipios aledaños, el FNLS se asentó en terrenos de nadie, y ha curtido a sus militantes en la lucha diaria, los ha politizado, y ha extendido sus ramificaciones a varias partes del país y a por lo menos diez poblados chiapanecos.

Marcha de familias de los cinco policías retenidos en Río Florido.

El que esté dispuesto a enfrentarse a la policía y a movilizarse continuamente, en una estrategia disruptora, complica mucho el actuar de la autoridad local, apoyada ahora por la Guardia Nacional, que liberó en días recientes la carretera San Cristóbal-Ocosingo.

El inicio de este conflicto, según ha denunciado el Frente, inició con una serie de escaramuzas y detenciones a sus miembros, y culminó el 18 de julio con el encarcelamiento de Javier González Díaz, habitante del ejido 20 de Noviembre, acusado de haber robado una moto, cuando “no sabe ni manejar bicicleta”; un mes antes había sido asesinado Mario Moreno López, víctima de dos balazos, también de ese ejido.

En respuesta, miembros del FNLS detuvieron a cinco policías en el municipio de Petalcingo, y bloquearon la carretera San Cristóbal-Ocosingo, a la altura de Río Florido, una comunidad en la que quedaron varados camiones, combis y trailers; algunos fueron quemados y saqueados.

A la exigencia de canjear a los policías por Javier González Díaz, la Fiscalía del Estado no ha cedido, bajo el argumento de que el Frente es un grupo radical que violenta la ley y que acumula más de cien denuncias por robo de vehículos, estafa a transportistas, amenazas y bloqueos carreteros.

Por su perfil combativo, el FNLS difícilmente cederá. Sus militantes están acostumbrados a la lucha permanente, al desgaste, al activismo y a las arremetidas policiales; por eso, el gobierno más que buscar soluciones que implique el sometimiento, debiera ensayar estrategias basadas en el diálogo y en la negociación para liberar a los cinco policías retenidos por esta organización, y establecer acuerdos para la convivencia en esa zona tan inflamable del altiplano central y casi puerta de entrada a la Selva Lacandona.

 

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