Sistema Estatal de Anticorrupción, el tema pendiente que se empieza a resolver

Chiapas es de los cuatro estados en donde aún no se ha instalado el Sistema Estatal Anticorrupción, el cual debió empezar a funcionar hace dos años, pero ha sido obstaculizado por los propios políticos.

Tanto Enrique Peña Nieto como Andrés Manuel López se propusieron en campaña acabar con la corrupción, lo cierto es que un organismo descentralizado que tiene como fin prevenir, investigar y castigar la corrupción, causa incomodidad entre la clase política en el nivel nacional y local.

En Chiapas, el gobierno anterior optó por marginar y olvidar esta propuesta. El Congreso del Estado emitió una convocatoria, en julio de 2016, para conformar el Sistema Anticorrupción del Estado, pero pasaron los meses, terminó esa legislatura, y no se supo de cuántos aspirantes habían respondido a la convocatoria, ni se volvió a mencionar el asunto, que era espinoso para el gobierno estatal y para el propio congreso.

Esta legislatura tampoco quiso retomar la propuesta, no obstante que Chiapas figuraba en la lista de los diez estados que no habían cumplido con esta obligación. Ha sido por la presión ciudadana y mediática que se desempolvó la convocatoria inconclusa y se declaró desierta (Decreto 2013).

El 3 de julio pasado, los diputados facultaron a la Comisión de Vigilancia a emitir otra convocatoria. El 12 de julio fue publicada la nueva convocatoria, dirigida a universidades y organizaciones de la sociedad civil, la cual debió cerrar el 25 de julio, pero ante la falta de propuestas, fue ampliada al 2 de agosto.

Las propuestas recibidas para integrar el Consejo de Participación Ciudadana de este instituto, por parte de las universidades, son Martín Tavernier Estrada, Mayte Palacios Morales, Omar David Jiménez Ojeda, Jorge Alberto Pascacio Bringas, Alma Leslie León Ayala y Nimrod Mihael Champo Sánchez, y por parte de las organizaciones civiles, Guilmar Sarmiento Gutiérrez, Araceli López Sánchez, José Abner Morales de la Cruz, Mariano Martínez Pérez, Néstor Gabriel López López, María de Lourdes Pérez Enríquez, Carlos Fabre Platas, Victoria Mayela Bermúdez Borrego, Esau Adalberto Enríquez Díaz, Esthela Montes Kolb, Jorge Antonio Orozco Zuart y Héctor Eduardo Mendoza Marroquín.

De estas 18 propuestas (6 de universidades y 12 organizaciones civiles), el Congreso del Estado deberá elegir, después de una serie de entrevistas que iniciarán hoy y concluirán el próximo martes, a cinco ciudadanos honestos y de prestigio para que integren el Consejo de Participación Ciudadana.

La función primordial de este consejo será involucrar a organizaciones civiles y académicos en la lucha contra la corrupción, así como proponer políticas anticorrupción. Por su importancia, este sistema será descentralizado, poseerá personalidad jurídica y patrimonio propios.

No obstante que Chiapas es de los cuatro estados que aún no cuenta con un Sistema Estatal Anticorrupción, y esperemos que no sea el último en cumplir con el mandato legal, ojalá que este organismo reciba el apoyo para su buen funcionamiento, y que no se convierta en un ente inútil y sometido al control gubernamental.

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