Corregir errores con padres de desaparecidos de Ayotzinapa

El domingo 16 de febrero estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumatzá, de la Isidro Burgos y varios padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa fueron reprimidos por la policía antimotines de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas. El resultado: un joven grave, como consecuencia del estallamiento de una granada de gas lacrimógeno, y otros más con heridas menores.

El acontecimiento era y es realmente delicado por sus consecuencias políticas, porque los estudiantes de Guerrero y los padres son víctimas históricas y héroes de una lucha interminable contra la impunidad, por lo que merecen la protección del Estado y no ser golpeados y gaseados.

Por unos días, el gobierno de Chiapas mantuvo su discurso de que lo importante era mantener el Estado de derecho, pero al ver que esa estrategia era insostenible, aceptó que se había equivocado, y culpó a dos policías de la agresión, pero exoneró a altos funcionarios.

Para entonces, ya predominaba la sensación en el gabinete de que más valía tolerar dos o tres horas de bloqueo, que convertirse en enemigos de los padres de los 43 desaparecidos, y de que es muy distinto enfrentar a grupos locales cuando bloquean calles, caminos o carreteras, que reprimir a los estudiantes de Guerrero, convertidos desde el sexenio pasado en símbolos del sufrimiento y la lucha digna.

El mayor logro de este gobierno ha sido aplicar la ley y restaurar el estado de derecho lo que se ha traducido en desalojos de propiedades ilegalmente invadidas, liberación de caminos y hasta de casetas de cobro, que habían estado en manos de grupos delincuenciales.

Urgía, por supuesto, aplicar esas medidas; urgía que las personas que lucraban con esos espacios recibieran un castigo; urgía acabar con el chantaje en contra de la sociedad y del Estado, y urgía finiquitar esos arreglos entre supuestos líderes sociales y funcionarios.

El gobierno de Chiapas actuó bien y ha merecido el reconocimiento, porque durante los dos sexenios precedentes se cedió el control de propiedades en litigio a grupos paralegales, y se diseñó, como método para obtener prebendas, el bloqueo y la presión violenta.

Hoy, esas formas –y qué bueno– no son bien aceptadas, por el contrario, enfrentadas con decisión; pero no es lo mismo combatir a grupos ubicados en los márgenes de la ley, que a un colectivo bien posicionado en el escenario nacional como abanderado de la búsqueda de justicia.

No obstante, las consecuencias no han sido graves para el gobierno chiapaneco. Esto se debe a que el estudiante ha evolucionado favorablemente de su herida y porque el gobierno local emergió de Morena, lo cual le provee alta impermeabilidad ante la crítica. Aunque hubo una petición de juicio político por parte de diputados de Guerrero, sus voces fueron apenas perceptibles.

Le urge al gobierno de Chiapas corregir errores, ser empático con los estudiantes de Ayotzinapa y castigar a los mandos y funcionarios que se equivocaron al ordenar el desalojo de estudiantes que hace 16 días bloqueaban el Libramiento Norte, pero no cargar sus baterías en contra de policías que cumplían con una encomienda.

 

 

 

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