El cochinito

En mi colaboración anterior señalaba que, en el contexto de la crisis sanitaria que vivimos actualmente, los gobernadores del PAN y el del MC han solicitado al gobierno federal mayores recursos para atacar los problemas como consecuencia de la pandemia.

Me atrevo a pensar que muy pocos estarían en desacuerdo con la idea de brindar mayores recursos a las entidades federativas y ayuntamientos del país, en la hipótesis de que esto terminará beneficiando a la ciudadanía de todos esos lugares. Al menos en el siglo XIX, los municipios contaban con mayores facultades para gobernar, las cuales perdieron en la Constitución de 1917 y durante todo el siglo XX fueron literalmente aplastados por el autoritarismo característico del régimen priista. Este hecho, no solamente impidió que una institución tan básica para gobernar se fortaleciera y consolidara sino que, además, contribuyó en la práctica a negar los derechos de la ciudadanía y, al mismo tiempo, sufrir las consecuencias del abandono. Por eso tenemos un país cuya desigualdad se expresa regionalmente; entre zonas urbanas metropolitanas que absorben una gran cantidad de recursos públicos y ciudades pequeñas o poblados modestos que solamente reciben migajas.

Hoy en día, como bien señalan los gobernadores, tenemos una ley de coordinación fiscal que otorga un predominio excesivo a la federación frente a los otros niveles de gobierno. Ley, por cierto, que tiene alrededor de 40 o 50 años, pero ni antes ni ahora puede sostener un esquema de este tipo no solamente por desproporcionado sino, además, por ser profundamente injusto porque, cabe insistir, quien termina pagando los platos rotos es la ciudadanía.

Esto se ha venido discutiendo desde hace varios años y ya existen propuestas para cambiar ese estado de cosas. No obstante, revertir las inercias del pasado y, sobre todo, la inmediatez con que toman decisiones los políticos, convierte las iniciativas en tan sólo buenos deseos.

El hoy secretario de Hacienda fue regañado por el presidente cuando se atrevió a sugerir que los ayuntamientos, en el futuro inmediato, debían incrementar sus recursos propios. Señalaba que dos tipos de gravámenes que pueden aumentar significativamente los recursos locales resulta de actualizar el catastro para el cobro acorde a las circunstancias actuales del impuesto predial. El otro impuesto es el de la tenencia que, igualmente, incrementaría la disposición de recursos en los gobiernos subnacionales.

s allá de estas propuestas y su viabilidad, sostengo que hay otros impuestos que acaso podrían ser más significativos y por derecho propio los gobiernos locales podrían reclamar sus beneficios. Uno de ellos es el impuesto al consumo, mejor conocido como IVA; mientras que el otro es el impuesto sobre la renta. En ambos casos, las actividades que grava se realizan en los espacios locales; lógico es que sus gobiernos puedan ser beneficiados de lo que por esos conceptos se recauda.

Desde luego, no se trata ahora que los gobiernos locales administren enteramente esos impuestos, pero sí puede convenirse un porcentaje que contribuya a fortalecer sus ingresos. En otras palabras, no se trata de cerrar la llave de los recursos a la federación, sino de que haya mayor justicia distributiva consolidando las arcas públicas de las entidades federativas y los ayuntamientos.

Considero que el país no puede esperar más para transitar hacia una renovación de las relaciones entre la federación y los gobiernos subnacionales, lo cual pasa por la modificación de la ley con la que se determinan las condiciones del reparto de los recursos públicos, tal y como he expresado apenas arriba. Sin embargo, aunque esto no sólo es imprescindible, sino que debe realizarse lo más pronto posible, el problema no es nada más de propuestas, modificaciones a la ley y voluntad política para hacer los cambios que se necesitan. El grave problema es que tenemos gobiernos locales ostensiblemente corruptos y, como dicen en mi pueblo, ahí es donde la puerca tuerce el rabo o, como dice mi amigo Charly, esos son otros 20 pesos.

Mientras no se fortalezca, al mismo tiempo, las instituciones para supervisar y alcanzar una rendición de cuentas genuina del uso y destino de los recursos públicos, los gobernantes a escala local terminarán haciendo lo que ha quedado evidenciado hasta ahora, convertirán el presupuesto público en patrimonio propio y derivarán los fondos hacia otras causas.

Como ya sabemos, existen muchos casos en que, a través de empresas fantasma, se desviaron recursos públicos en prácticamente todo el país, al menos en los últimos 20 años. El desastre de nuestro sistema de salud obedece a que los recursos destinados a atender estos temas fueron desviados para otros propósitos. El caso de Andrés Granier, en Tabasco, ha sido uno de los más escandalosos, pero hay muchos más que, gracias a los reportes de la Auditoría Superior de la Federación, ya han sido denunciados y están documentados. En Chiapas, el exgobernador fue exhibido en los medios nacionales por el desvío de recursos para el sector salud de esa entidad. En Veracruz, también ha sucedido lo mismo al menos en los dos últimos sexenios. En fin, los ejemplos sobran de la falta de controles con que operan los gobiernos locales, la arbitrariedad con que toman sus decisiones y la impunidad, así como la falta de una rendición de cuentas efectiva. Mientras no se ataque simultáneamente este flagelo, flaco favor se le hará a la ciudadanía que solamente verán pasar los recursos sin que tengan un mayor impacto en su beneficio.

Covid-19

Entonces, aún aceptando la necesidad de mayores recursos para las entidades federativas y los municipios, se tienen que diseñar al mismo tiempo esquemas institucionales que permitan una vigilancia efectiva sobre los funcionarios. De lo contrario, seguirá ocurriendo lo que ya sabemos, que esos recursos terminarán siendo usados para campañas políticas, las vanidades y ocurrencias de nuestros gobernantes.

Por eso llama la atención que ese conjunto de políticos gobernantes saque ahora el pecho de las injusticias de la federación. Insisto, no porque no existan esos desequilibrios, sino porque la experiencia indica que lo que a menudo ocurre es la desviación de los fondos. En otras palabras, es práctica común el uso indebido de los presupuestos públicos que, con frecuencia, terminan usándose para apuntalar campañas políticas.

Por otra parte, dada la falta de credibilidad en los políticos (la mayoría de las encuestan los sitúan en el peldaño más bajo de credibilidad entre la población), siempre terminan mintiéndole a la ciudadanía, con frecuencia de manera descarada y sin pudor alguno. Por lo tanto, es muy probable que, en este caso, teniendo una bolsa de recursos extraordinaria le terminen sacando réditos políticos invirtiéndolos en los procesos electorales venideros; al menos eso se puede sostener como hipótesis y con base en las experiencias no muy lejanas. La política es demasiado importante para dejarla en manos de los políticos y mucho menos para los oriundos de este sufrido país.

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