La acción de inconstitucionalidad del INAI

En medio del drama del coronavirus, Chiapas fue noticia nacional la semana pasada por la acción de inconstitucionalidad que interpuso el INAI ante la Suprema Corte de Justicia por la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas.

Esta ley, que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el 1 de abril de este año, no debiera haber presentado problema alguno, porque se pensaría que un nuevo marco jurídico, sobre todo en estos momentos de expectativa por un mejor gobierno, debiera superar a la primera.

No ha sido así. Lo que se desprende de esta nueva ley, y es en lo que los comisionados han puesto el dedo, es que se despide de forma arbitraria a los tres comisionados a quienes les falta entre dos y cuatro años para concluir su mandato. Es, sin ninguna duda, un despido injustificado.

Esta ley en realidad es la culminación de una serie de malos entendidos entre el secretario general de gobierno, Ismael Brito Mazariegos, y los comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso de la Información y Protección de Datos Personales (ITAIPCH).

Todo empezó en febrero de este año cuando se realizó en Palacio de Gobierno un acto del INAI en donde estuvo presente la comisionada nacional Josefina Román Vergara. Ese acto, que buscaba dar relevancia al compromiso que tiene el gobierno chiapaneco con la transparencia, causó malestar entre los funcionarios locales.

Ese mismo día, les solicitaron la renuncia a los tres comisionados del ITAIPCH, incluida su presidenta, Ana Elisa López Coello. Los comisionados argumentaron en contra de la medida, dijeron que esa no era la vía legal para dejar el cargo y que podría generarse un escándalo innecesario.

Ana Elisa López Coello, comisionada. Foto: Cortesía/Chiapas PARALELO

Pasaron los días. Los comisionados se mantuvieron en sus cargos, hasta que a fines de marzo se enteraron de la existencia de una iniciativa de ley, la cual fue publicada sin mayor debate de parte de los diputados del Congreso Local.

Se esperaba que inmediatamente después de la publicación de la ley se emitiera la convocatoria para designar a los nuevos comisionados, total que ya estaban palomeados, pero la contingencia por el Covid, alteró los planes. Fue la semana pasada, que los comisionados del INAI, coincidieron en que la ley es atentatoria y que por tanto interpondrán una acción de inconstitucionalidad.

Aunque debemos esperar la respuesta de la Suprema Corte de Justicia, hay que señalar que al gobernador Rutilio Escandón no le conviene contar con un órgano en donde los comisionados estén celosos por cumplir las órdenes de la Secretaría de Gobierno. Eso seguramente alimentará noticias nacionales de ocultamiento de información.

Es cierto que el ITAIPCH (antes IAIP) ha venido siendo socavado por diferentes gobiernos, pero no ha dejado de ser un órgano incómodo para los funcionarios, y no porque así lo quieran los comisionados, sino porque es parte de una estructura nacional de transparencia. Su actividad ha sido importante para diferentes actores sociales, en especial para investigadores, periodistas y empresarios, porque ha presionado a diversos sujetos obligados para entregar información que mantenían para consumo propio. No se ha logrado en todos los casos, pero algo se ha avanzado.

Así que lo más sano es que los comisionados cumplan con el periodo establecido para el que fueron nombrados por el Congreso local, y en este contexto, debería fortalecerse ese órgano que es vital para nuestra democracia.

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