Los errores de detener a un médico que combate la pandemia

La detención del médico Gerardo Vicente Grajales Yuca ha sido el acontecimiento que más ha dañado la imagen del gobierno del estado de Chiapas. La noticia ocupó al principio las redes sociales, pero después escaló a los medios nacionales e internacionales.

El abuso de autoridad, delito del que ha sido acusado el urgenciólogo, fue por haber solicitado a los familiares de un paciente medicamentos que no existían en los anaqueles del ISSTECH.

El problema es que no hay médico que trabaje en una institución pública que no haya tenido que pedir medicamentos a los derechohabientes o a sus familiares. Desde el gobierno anterior, pero más en el actual, los inventarios de medicinas son cada vez más escasos en el IMSS, ISSSTE o ISSTECH.

Un familiar que tuvo el infortunio de contagiarse de covid, los médicos que lo atendían en el ISSSTE nos dijeron, con la mayor amabilidad, que no había Midazolam en existencia y que si podíamos, que lo compráramos. Así lo hicimos. No por eso vimos a los médicos como estafadores, sino como especialistas con ánimos de salvar una vida.

Acusar a un médico de abuso de autoridad ha sido el peor error de esta administración. Los estrategas gubernamentales olvidaron que la detención de un médico representaría un enfrentamiento directo en contra de ese sector que ha protestado por la falta de instrumental, equipo de protección y de medicinas para luchar en contra del covid; olvidaron, también, que el gremio de los médicos es de los más organizados y poderosos del país, que no se quedaría callado y que protestaría alto y fuerte por la defensa de uno de los suyos. Primero fueron los colegios locales en solidarizarse; le siguieron después los colegios nacionales y las marchas de protesta, que amenazan con prolongarse.

Tan mal salió esta embestida que dejó al descubierto las peores fallas del gobierno: aparte de exhibir la falta de medicinas y equipamiento médico, se mostró la existencia de un búnker para atender a los políticos y a sus familiares. A ellos se les creó un espacio para estar alejados de los simples ciudadanos contagiados que no gozan de ningún privilegio y que por tanto han tenido que comprar las medicinas o sobrellevar la enfermedad en sus casas.

Por donde se vea, esta detención es un atropello que se debe enmendar rápido para evitar peores consecuencias en la imagen del gobierno local. Por lo pronto, el personal médico y de apoyo, que ha estado en la línea de combate contra la pandemia, debe ser reconocido y premiado.

Es posible que haya habido abusos de algunos médicos, pero este no es el momento de llevarlos a la cárcel; basta que se remedien esos errores por el cauce administrativo, y, sobre todo, que se dote de medicinas y equipo indispensable a los hospitales y a los centros covid. Solo así el gobierno y su mandatario saldrán librados de este enredo jurídico, el más grave cometido por la administración actual.

 

 

 

 

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