Los gobernadores: entre la incongruencia y el autoritarismo

En los últimos días se han discutido en la prensa nacional algunos de los temas que, sin duda, resultan trascendentales para la vida política del país. Destacan por su importancia la resolución de la Suprema Corte sobre la consulta para enjuiciar a los expresidentes. Es verdad que al corregirle la plana al presidente, la Corte reformuló el cuestionamiento que solamente estando incapacitado mentalmente uno podría optar por el NO. Sin embargo, el ejercicio en sí mismo no puede ser cuestionado como un mecanismo de democracia directa y que, además, hace efectivo un derecho ciudadano que prácticamente nunca se ha hecho realidad.

También, ha alcanzado cierta notoriedad, sobre todo en la capital del país, el movimiento de ultraderecha autodenominado como Frenaa y que tiene tomado un segmento del zócalo de la Ciudad de México. Parece un movimiento hueco, en tanto que sus únicos motivos parecen ser solamente su animadversión materializada en la persona del presidente.

Desde luego, la movilización de las mujeres ocurrida hacia finales del mes patrio con el fin de legislar por un aborto seguro y sin penalización. Esta última acción se articuló con una serie de demandas femeninas a escala global que incluyen, por supuesto, un alto a las agresiones hacia las mujeres que, en estos tiempos de confinamiento por la pandemia, se han incrementado los casos de violencia doméstica. Apenas antier el subsecretario, Alejandro Encinas, acaba de reconocer que efectivamente se detecta un incremento de la violencia hacia las mujeres, pero agregó, también, que el incremento de asesinatos se debe a un aumento de la participación femenina en redes criminales.

Este breve catálogo, desde luego, no pretende ser exhaustivo, sino acaso un muy condensado muestrario de ciertos temas que han ocupado o despertaron el interés en el territorio de los medios de comunicación nacionales. Sin embargo, uno de los asuntos que pasó desapercibido fue el de las finanzas estatales y, más concretamente, la situación que ha este respecto presenta el gobierno del Estado de Nayarit, cuyos déficit están a punto de obligar a ese gobierno a literalmente declararse en banca rota o, como se le llama técnicamente, en insolvencia de pagos.

Se sabe que los gobiernos estatales adquirieron un mayor poder con la alternancia en la presidencia de la república, que se materializó en un incremento sustancial de sus presupuestos no solamente por una elemental justicia, un pacto político entre las elites y, sobre todo, en un escenario internacional de altos precios del petróleo. Como todavía el PRI tenía bajo control la mayoría de las gubernaturas, se fue generando una suerte de cacicazgos subnacionales cuyo poder dimanaba de una nada despreciable partida presupuestaria que los gobernadores usaban discrecionalmente. Muchos de estos casos terminaron en el escándalo debido a los excesos cometidos por los gobernadores, la mayoría de ellos protegidos por la impunidad existente en el país. No fueron pocos, también, los que se jactaron de la descarada corrupción ocurrida durante sus mandatos.

Pero hoy, aunque la situación es algo distinta, todavía se puede sostener que los ejecutivos estatales poseen amplios poderes en los territorios que gobiernan, pero estos sí que carecen de los contrapesos que permitan limitar sus excesos. Ciertamente, la época de vacas gordas sirvió para el saqueo de los recursos públicos y comprometerlos a futuro contratando deudas a corto plazo y tasas de interés elevadas. Esta es la razón por la cual muchos gobiernos estatales tienen escasos recursos para la inversión, porque lo que reciben de la federación está prácticamente comprometido para el pago de sus abultadas deudas.

No es ninguna novedad que los gobiernos estatales afronten problemas ya no digamos para estimular la inversión, sino incluso para pagar la nómina de los empleados estatales, pero resulta sorprendente que los altos funcionarios no dejan de recibir buenos emolumentos por el desempeño de sus actividades. Es más, muchos de nuestros gobernantes en el plano subnacional pueden estar ganado incluso más que el propio presidente de la república.

En su más reciente visita a Veracruz el presidente López Obrador dijo que la entidad tiene prácticamente comprometidos casi todos sus recursos, salvo 5 mil millones de pesos que son los únicos que le quedan como remanente para la inversión. Si tomamos en cuenta que este es el tercer estado con mayor población del país, resulta a todas luces una muy mala noticia que tenga tan pocos recursos para afrontar los desafíos que implica proveer los elementos indispensables para el bienestar de su nutrida población. Si esa bolsa de recursos se repartiera equitativamente entre los poco más de 8 millones de veracruzanos, a cada uno de ellos tocaría poco más de 600 pesos. De ese tamaño es la tragedia de un estado rico en recursos humanos y naturales, pero sumido en la pobreza presupuestal.

Este escenario de precariedad financiera opera como un impulso para demandar al gobierno federal más recursos hacia las entidades federativas. De hecho, la demanda de mayor presupuesto a los estados ha sido el argumento para que algunos (cerca de 10 gobernadores) jefes de los ejecutivos estatales decidieran abandonar la CONAGO, frente a la postura del presidente de que solamente recibirían lo que la ley de coordinación fiscal estipula, de modo que no habrían recursos adicionales. Sin embargo, sorprendentemente no se discute qué es lo que los gobernadores hacen con el presupuesto público que tienen a su disposición. La mayoría de estos gobernadores disidentes se despachan con salarios que superan los del presidente. Y lo que es peor, muchos de ellos hacen jugosos negocios al amparo del poder que detentan. La gran y genuina cruzada por la corrupción que ha sido la principal bandera de este gobierno le hace falta pasar la prueba de lo que ocurre fuera del centro del país. Mientras no se establezcan controles en los gobiernos subnacionales, gobernadores y alcaldes, la lucha por la corrupción continuará siendo una quimera.

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