… por Los Domados. Ella lo sabe.

Hace unos días se desató una polémica en el Senado de la República a raíz de la comparecencia de la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez. Como encargada de la seguridad en el país, la Lic. Rodríguez tiene a su cargo todo el aparato de seguridad, el cual incluye a las fuerzas armadas en su calidad de instituciones del gobierno de la república que han sido habilitadas en actividades de seguridad pública.

Que el gobierno federal use a las fuerzas armadas en este tipo de actividades no es una novedad, lo que llama la atención es que en campaña el hoy presidente prometió que el ejército volvería a los cuarteles. En efecto, las fuerzas armadas han sido instituciones empleadas en tareas de seguridad pública de manera más abierta desde el sexenio de, Vicente Fox, y el gobierno de Felipe Calderón, intensificó las acciones del ejército con su malhadada guerra contra el narcotráfico. Por su parte, durante el gobierno del presidente, Enrique Peña Nieto, se suscitaron varios eventos en que el ejército tuvo una participación destacada y en todas ellas se ha evidenciado un uso excesivo de la fuerza, así como la aplicación de la máxima porfiriana de mátalos en caliente.

En el presente gobierno, los militares no solamente no han regresado a los cuarteles sino que, además, han resultado pieza clave en el combate a la inseguridad y sus miembros de más alto rango han pasado a formar parte de la Guardia Nacional, una suerte de policía nacional con un comando central que se ejerce desde el gobierno de la república. Durante este sexenio se pretende que el número de sus efectivos rebase los más de cien mil integrantes. Al mismo tiempo, se han estado construyendo cuarteles de la Guardia Nacional en zonas claves o estratégicas del país.

Más allá de estas consideraciones que hacen evidente el importante papel que ahora se le ha otorgado a las Fuerzas Armadas, lo cierto es que la comparencia de la funcionaria de seguridad destapó un debate entre las distintas fuerzas políticas que, de acuerdo con algunos, rebasó los límites de la civilidad política, mientras que otros asimilaron como insultos lo que se dijo durante la comparecencia.

Se sabe que hubo un acalorado debate en torno al tema de la seguridad, pero me dejó un tanto perplejo la exaltada defensa en torno a las fuerzas armadas que hicieron los representantes de la “izquierda” que anidan en Morena. Algunos senadores hicieron declaraciones en torno a la necesidad de “elevar el debate” entre los parlamentarios y es digno de encomio que se preocupen por ello. Sin embargo, hace muchos años que ambas cámaras dejaron de respetarse a si mismas, cuando es el insulto y las descalificaciones la norma que rige las conductas de los legisladores. Un diputado puede subir a la tribuna y mostrar señales obscenas a alguno de sus interlocutores que se traduce como un acto gracioso, cuando no es la mejor forma para plantear las diferencias y francamente resulta inaudito y hasta inaceptable que nuestros supuestos representantes populares se conduzcan de esa forma. Otros pueden literalmente liarse a golpes porque son partidarios de la máxima de “para qué discutir si todo se puede arreglar a golpes”. Y si bajamos de escala, es decir, si miramos lo que acontece en las legislaturas estatales o incluso en los cabildos, esa asamblea entre pares con que deberían gobernarse los ayuntamientos, es más que probable que las majaderías sean más la norma que la excepción. De modo que, a ese nivel, no tenemos nada de que enorgullecernos, pero es muy importante reconocer que hacen bien algunos de los actores políticos que reivindican la necesidad de una mayor civilidad en la discusión parlamentaria.

No obstante, si uno revisa la versión estenográfica de la comparencia de la secretaria Rodríguez ante el Senado de la República, no existieron malas palabras y mucho menos hubieron golpes. Es verdad que algunas senadoras y senadores hicieron señalamientos críticos respecto de la estrategia de seguridad de este gobierno, se ofrecieron datos que contrastan con las posturas oficiales, pero todo esto es consustancial a la actividad parlamentaria y en un régimen democrático es natural la confrontación de puntos de vista. Pero lo que quizás encendió los ánimos entre algunos senadores fue la intervención de la representante del PAN, Lili Téllez, quien inopinadamente calificó a los integrantes de la Guardia Nacional como las “edecanes más caras del país”.

En este caso, creo que las y los legisladores, como casi siempre ha sucedido, volvieron a representar la trama con que nos tienen acostumbrados. El punto aquí es que sí existe un debate acerca del papel de las fuerzas armadas en muchos episodios de la vida política del país y, más delicado aún, cuando desde los últimos gobiernos se les ha empleado en labores de seguridad pública.

Es necesario decir, también, que quienes ahora critican al gobierno tuvieron la oportunidad de hacer las cosas de distinto modo, pero deben admitir que no solamente no lo hicieron diferente, sino que sus estrategias resultaron fallidas. En este sentido, el gobierno de Calderón, como se sabe, desató una guerra infame que dejó al país en peores circunstancias; mientras que el gobierno de Peña Nieto con el emblema de la “verdad histórica” enterró junto con los muertos prácticamente toda esperanza de mejoría durante ese sexenio.

Provengo de una generación que no ha tenido particular afecto sobre las fuerzas castrenses. En toda América Latina e incluso en Estados Unidos, los militares han sido protagonistas de las peores masacres de las que se tenga memoria en contra de la ciudadanía y de la población en general. En el cono sur ha sido obscena la rudeza con que se ha eliminado a la disidencia. Salvo Costa Rica, en prácticamente todo Centroamérica el ejército ha sido actor principalísimo en acciones prácticamente de exterminio; mientras que en México no han sido pocos los momentos en que los militares han actuado con una brutalidad inaudita.

Los casos más recientes en que han participado miembros de las fuerzas armadas no dejan lugar a dudas del uso excesivo de la fuerza, por ejemplo, en el caso de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, las personas detenidas y ejecutadas en Tlatlaya, en el Estado de México, y se sospecha la intervención (por acción u omisión) del Ejército en la desaparición de los estudiantes de la Normal Isidro Burgos, en Ayotzinapa, Guerrero. Esto solamente por hablar de los hechos más recientes, pero se acumulan dentro del balance negativo la guerra sucia ocurrida durante los años 70 del siglo pasado para literalmente exterminar opositores al gobierno o la masacre de estudiantes en el movimiento de finales de los sesenta que en estos días se ha celebrado el 53 aniversario de semejante matanza.

Por eso resulta ahora un tanto desconcertante que los “representantes de la izquierda” hagan alarde de una defensa a ultranza de las fuerzas armadas, cuando han sido precisamente estas las que más duramente han tratado las manifestaciones de protesta que han sido enarboladas por (oh, paradoja!) la izquierda.

Suena algo incómodo, por decirlo de una manera amable, que ahora un segmento de la oposición hecha gobierno o lo que represente Morena actualmente, se conviertan en defensores a ultranza de las fuerzas armadas cuando la izquierda siempre ha tenido una relación conflictiva con las instituciones de seguridad y, sobre todo, ha sido caustica y frontal porque ha sufrido en carne propia los excesos precisamente de ellas.