Chiapas: un denso caldo con olor a muerte

Periodista Fredy López Arévalo. Imagen: Cortesía.

 A la memoria de Fredy López Arévalo

9 November 2021

No deja de ser sumamente inquietante el clima de violencia que se vive en algunas partes del país. Igualmente preocupante resulta el hecho de que algunos sectores y oficios se encuentren entre las actividades profesionales más riesgosas en el país, como en el caso del periodismo.

Desde siempre, el periodismo ha estado sujeto a múltiples presiones de agentes del Estado y de intereses particulares que intentan acallar las voces que se atreven a realizar señalamientos públicos sobre el mal proceder de algunos funcionarios o de la colusión de intereses entre agentes estatales y redes criminales o grupos de poder cuyos intereses pueden ser eventualmente afectados.

Con frecuencia se argumenta, sin embargo, que los periodistas asesinados son víctimas de las distintas redes criminales que operan en el país. Peor todavía, es muy común que se termine revictimizando a los periodistas caídos haciendo especulaciones sobre los móviles e hipotetizando su participación en acciones ilegales.

A las razones antes apuntadas se pueden sumar, también, el hecho de que la labor de los periodistas termina por mostrar la presunta participación de funcionarios públicos en la comisión de delitos o abiertamente una relación con las organizaciones criminales.

Como se puede ver, no existe una sola causa que motive la ola de asesinatos a periodistas en un contexto de por sí violento, donde las autoridades se han mostrado incapaces por ofrecer la indispensable seguridad que merecen los ciudadanos y más aquellos que, como los periodistas, arriesgan sus vidas en el desempeño de sus actividades diarias.

La cifra macabra de asesinatos de periodistas en este sexenio significa que han perdido la vida alrededor de 20, otros más han tenido que emigrar de sus lugares de origen o en donde se asientan y cumplen con su labor de informar, ni se diga aquellos que desaparecieron de la faz de la tierra y que la autoridad no ha sido capaz de localizar. Tan sólo en las últimas dos o tres semanas han sido ultimados a balazos a periodistas en los estados de Chiapas y Guerrero. Todo esto considerando que se trata de cifras o comunicados oficiales, es decir, casos plenamente reconocidos por las instancias gubernamentales.

El presidente Obrador está empeñado en desterrar la corrupción del gobierno, pero en uno de los poderes que lo conforman no solamente no avanza esa medida sino que, peor aún, todo indica que opera bajo los mismos criterios y personal que siempre ha hecho de la justicia una oportunidad para la venganza o la gallina de los huevos de oro esquilmando ciudadanos. No es suficiente el argumento de la división de poderes cuando las cifras indican brutalmente el grado de impunidad que reina en las instituciones de justicia y el carácter corroído de ellas como resultado de malas prácticas que se han sedimentado durante largo tiempo.

El triunfo de Morena a nivel nacional en el 2018 se correspondió con la victoria en las urnas de Rutilio Escandón Cadenas, actual gobernador del Estado de Chiapas. Después de algunas acciones efectistas, como la detención de algunos dirigentes del MOCRI, las autoridades estatales han demostrado serias limitaciones para ejercer el gobierno y han dado muestras irrefutables de su gran impericia para desempeñar el cargo que la ciudadanía les otorgó.

Sin el ánimo de ser exhaustivos podemos apuntar que, con todo y la implantación del nuevo modelo de justicia penal en la entidad, el sistema de justicia sigue operando a la vieja usanza, dejando una estela de impunidad que garantiza la libertad de los criminales y todo lo contrario para las víctimas. Es más, el anterior Fiscal del Estado ante la denuncia del secuestro de un niño y cuya madre recibió alguna cobertura en medios de comunicación de la Ciudad de México, se le ocurre la peregrina idea de hacer una telenovela con relación al rescate del menor.

Los despropósitos y los procedimientos ordinarios de la policía quedaron evidenciados cuando en un conflicto familiar, ex-parientes del gobernador fueron literalmente sometidos a balazos por policías al cuidado de su hija.

Los conflictos en comunidades, pueblos y municipios se encuentran en un estado de latencia que a la menor provocación se desbordan, como en el caso de Venustiano Carranza. En Chenalhó, por ejemplo, se ha denunciado la presencia de organizaciones criminales y paramilitares que constantemente mantienen en un permanente estado de conflicto o de guerra de intermitente intensidad a la comunidad de Aldama.

Recientemente, un agente de la Guardia Nacional ejecutó a un migrante en el municipio de Pijijiapan. Aunque las autoridades federales han tomado cartas en el asunto, no es menos cierto que esa resulta una de las rutas de mayor tránsito de migrantes y que a menudo están bajo control del crimen organizado.

Es un secreto a voces que en los últimos meses existe un recrudecimiento de la violencia criminal en la entidad. Entre junio y agosto de este año hubo un incremento de superior al 50% de víctimas ejecutadas por alguna de las bandas delictivas que operan en la entidad.

No hace mucho, los zapatistas denunciaron las agresiones de que fueron objeto dos de sus líderes indígenas en el municipio de Ocosingo.

Este clima de inestabilidad, para desgracia de todos, igualmente se experimenta en municipios como Pantelhó, Tapachula, Frontera Comalapa; entre otros. Es más, la propia capital del Estado ha sido el escenario de pugnas y balaceras entre grupos criminales que se disputan el territorio con el azoro, la indiferencia o la colaboración de quienes en teoría deberían combatirlos.

Pueblos y comunidades en que se entremezclan conflictos añejos por la disputa de recursos o conflictos agrarios que no han sido resueltos durante largos años; problemas derivados de las confrontación política microlocal que igualmente no se resuelven o que sí se hace es bajo el método de los consejos que terminan por prolongar los conflictos. Se suma a todo esto el paramilitarismo, el tráfico de migrantes, el poder incontrastable de caciques locales, la trata de personas, el trasiego de drogas y una autoridad que esta rebasada ante la balcanización del territorio donde no puede imponerse porque los grupos legales o ilegales le disputan palmo a palmo el poder, tanto como el control del territorio.

Es en este archipiélago de pugnas y poderes fragmentarios, pero capaces de imponerse, donde prospera una galopante impunidad que demuestra paradójicamente la gran fragilidad institucional y el alto grado de desprotección de la sociedad chiapaneca en su conjunto.

Esto es solamente parte del muestrario de la descomposición que hoy vive Chiapas y el escenario en el que el periodista, Fredy López Arévalo, fue victimado a tiros frente a su casa. Ojalá las balas que le segaron la vida no sean cubiertas con el manto de la impunidad y que se haga justicia por el bien de todos.

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