Antes que nada, deseo agradecer las palabras del profesor, Andrés Fábregas Puig, por los comentarios que esgrime en su colaboración de esta semana para Chiapas Paralelo acerca de mi artículo de la semana pasada. Para no perder el impulso por nuestras aficiones temáticas y deportivas, embisto de bote pronto alguno de sus mejores lances en torno al futbol, como el hecho que nos disgusta de estar tan contaminado de mercadotécnica y casi perder todo contenido lúdico ante la obscenidad del dinero que lo puebla. Comparativamente hablando, creo que le asiste la razón cuando nos convoca a ver lo que sucede en el beisbol y, en efecto, se trata de un deporte que se juega en muchas partes de México y reúne a familias enteras. Mi primera infancia transcurrió entre el calor seco de Tuxtla y la humedad sofocante de Palenque, pero mientras en la primera solía practicar el futbol, en la segunda me divertía con el beisbol. Tiempo después, intenté jugar básquet, pero con 1.67 de estatura mi suerte estaba echada y no esperaba ningún éxito en ese terreno, aunque la amistad era el mejor pago para coronar mi enjundia deportiva. Ahora, en lo que sigue, simplemente trato de corresponder con otra de nuestras pasiones y, al mismo tiempo, agradecerle sus recomendaciones bibliográficas a las que procuro estar atento.

De acuerdo con el historiador británico, Alain Knight, la idea que suele administrarse desde los medios acerca de México y su elevados niveles de violencia habría que matizarla tomando un poco de perspectiva. Los mexicanos no somos violentos por naturaleza, nos recuerda Knight, como tampoco hay características culturales que sean concluyentes para pensar que tenemos una propensión a la violencia. México, es verdad, ha tenido episodios históricos particularmente violentos, pero igualmente los hay de relativa tranquilidad.

Es monstruoso ver en tiempo real la manera en que hoy se ejecutan a las personas porque, más allá de la descomposición social e institucional que permiten el hiperrealismo de la matanza para un público urgido de obscenidades, no parece existir nada que pueda detener los asesinatos y la inseguridad que en distintos grados experimentamos todos los días. Pero, en verdad, estas muestras de crueldad no son nuevas, lo novedoso no radica tanto en los métodos empleados para todo tipo de homicidios perpetrados desde las redes criminales existentes en el país, sino la experiencia visual inmediata cual si fuera una representación realista del asesinato en directo.

Durante el gobierno del expresidente, Felipe Calderón, donde su principal funcionario encargado de la seguridad tenía por método construir una representación teatral del combate al crimen organizado, usando las cámaras de la televisión como instrumento más bien de propaganda que ocultaba o intentaba desviar la atención sobre la gravedad y el grado de descomposición de las instituciones de seguridad del Estado, se inició un tormentoso incremento de la violencia criminal en varias regiones del país. Quizás el punto culminante de semejante atrevimiento fue la supuesta detención en tiempo real de una banda de secuestradores que derivó en el peor escándalo de corrupción mediática, jurídica y política en que estuvieron involucrados un periodista de triste memora y de comprometida reputación, un funcionario sin escrúpulos y la participación de agentes del Estado encargados de impartir justicia que terminaron por hacer evidente el grado de putrefacción del propio sistema.

Es verdad que ya se había presentado con anterioridad una crisis de justicia ante las evidentes incapacidades del propio sistema de justicia, que más que contener el crimen común y sobre todo a las redes criminales, hacía evidencia de su colusión con redes delictivas y la fábrica de culpables con que operaba todo el sistema. Las muertas de Ciudad Juárez, por ejemplo, ya eran una muestra escandalosa de la inseguridad incontrolable y de instituciones de justicia degradadas que operaban sobre la base de incriminar, más que de investigar para sustentar la verdad jurídica.

México había firmado un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá en 1994, y al mismo tiempo un movimiento guerrillero inicia acciones militares en el estado de Chiapas, una de las entidades del país con mayores índices de pobreza y desigualdad. La ficción de nuestra entrada al concierto de países desarrollados, era desafiada por el realismo de miseria y de necesidades elementales no satisfechas entre sectores importantes de la población denunciadas por la vía de las armas.

Mientras tanto, la economía criminal no solamente crecía sino que, además, ya existían evidencias de una suerte de convergencia de intereses con funcionarios de alto nivel del Estado. El que todo esto bajara a una escala “todo terreno” poniendo de rodillas a las instituciones públicas desde el nivel más modesto solamente era una cuestión de tiempo.

La colonización de las instituciones públicas o la convergencia de intereses entre funcionarios del gobierno y redes criminales se materializa no solamente en términos de una economía criminal boyante y una corrupción endémica de lo que queda de las vetustas instituciones del viejo régimen, también se suman a todo esto una gran cantidad de vidas humanas sacrificadas por homicidios, secuestros y todo tipo de violencia que a diario la ciudadanía padece.

Paralelamente, crecían los movimientos “insurgentes” en el plano electoral, favorecido por un nuevo marco reglamentario, la creación de una institución nueva “independiente de los gobiernos en turno” que garantizaba certeza en los procesos electorales y una competencia entre partidos que permitía a la ciudadanía optar por el perfil que más se acercara a sus preferencias. De este modo, fue creciendo la alternancia en los distintos niveles de gobierno y las elecciones se volvieron cada vez más competitivas, pero con actores políticos anclados en el pasado y con resultados en el ejercicio de gobierno de mediana calidad a francamente lamentables.

Pese a la transición democrática y la alternancia en el poder, la mayoría de las instituciones, así como los agentes públicos y privados continuaron operando bajo los mismos esquemas y lógicas propias del régimen anterior. En este sentido, fueron sobre todo las instituciones de justicia y seguridad las que no solamente evidenciaban rezagos importantes, sino que su atraso significaba una constante violación de los derechos humanos.

Dada la gravedad de la crisis de derechos humanos que sufría el país a mediados de la primera década del presente siglo y milenio, se decidió llevar a cabo en 2008 un cambio significativo en el poder judicial, cosa que dio lugar a la implantación del nuevo sistema de justicia penal bajo la lógica de la defensa de los derechos humanos que, en resumidas cuentas, implica el reconocimiento de la presunción de inocencia y el debido proceso.

Sirvan estos comentarios como contexto del más o menos reciente documental que circula a través de una de las compañías que comercializa películas y series de televisión en formato streaming. Duda razonable, es una miniserie del abogado Roberto Hernández en la que se narra los pormenores a que están sujetas cuatro personas acusadas de secuestro en el municipios tabasqueño de Macuspana, Tabasco. La particularidad del documental no solamente estriba en mostrar el carácter deplorable de las cárceles en México y un sistema de justicia que todavía opera bajo los viejos moldes, con todo y nuevo sistema de justicia penal del que tanto se ha comentado. ¿Por qué razones eligieron Macuspana? El productor señala que se trata de uno de los primeros municipios en el país en implantar el nuevo sistema de justicia basado en la oralidad y la presunción de inocencia, pero tampoco puede decirse que la elección haya sido del todo aleatoria sabiendo que en ese lugar nació el ahora presidente de la república.

En cuatro capítulos, el documental nos muestra el calvario que han padecido los acusados. El abuso policial que se materializa en el uso excesivo de la fuerza, además del empleo de la tortura para literalmente arrancar confesiones.

El título con que iniciamos esta columna es la frase que un abogado entrevistado y que, en su momento, ocupaba un cargo importante en el sistema de justicia de Tabasco, ofrece con tenebroso realismo el modus operandi de las instituciones de seguridad. No he podido aun recuperarme del asombro que me dio escuchar que, en ocasiones, no hay más alternativas que torcer la ley (se raya en la ilegalidad, aseguró) para obtener la verdad.

En este sentido, el documental desnuda un sistema de justicia que opera con las mismas prácticas y aunque se haya intentado cambiar el molde, las personas que lo hacen funcionar día con día siguen haciendo las cosas como creen que funcionan o incluso insisten que no hay de otra que extraer confesiones mediante el extendido método de la tortura. Por lo tanto, no basta con tener el mejor modelo del mundo en términos del andamiaje institucional y jurídico para que haya justicia. Y habrá que seguir insistiendo a fin de que las cosas cambien. Mientras tanto seguiremos viviendo aberraciones como las que exhibe el documental y maneras un tanto pedestres de venganza.