La mañana del miércoles 12 de enero, un ciclista que circulaba por Periférico Sur en esta ciudad de San Cristóbal de las Casas, fue arteramente arrollado por el conductor de una camioneta blanca Chevrolet Silverado que se dio a la fuga impunemente dejándolo a su suerte y seriamente herido. Gracias a la redes sociales, hoy sabemos que sobre esa bicicleta iba Diego Alejandro López, y desde aquí le manifestamos toda nuestra solidaridad.

Además del elevado costo en términos económicos y de salud que este hecho representará para la víctima y para su familia, lo ocurrido pone de manifiesto la vulnerabilidad que afecta a peatones y ciclistas cuando se mueven por la ciudad. Esto sucede frente a la inoperancia e ineficiencia de unas autoridades municipales, que se muestran incapaces de aplicar los reglamentos y generar condiciones de seguridad para los usuarios del espacio público, creando así una atmósfera de ilegalidad que juega a favor de quienes saben que pueden cometer abusos sin temer consecuencias.

Cabe mencionar, que las y los diputados que componen el congreso del estado actual, tenían la obligación de actualizar la normatividad estatal en la materia, y armonizarla con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Esta ley, que hoy rige en todo el territorio nacional, fue publicada el año pasado, y según lo establecido en uno de sus artículos transitorios, los estados tenían la obligación de armonizar en consecuencia sus propias legislaciones antes de noviembre de 2022. Varios estados lo hicieron, pero Chiapas es uno de los que desde entonces se encuentra incumpliendo dicha disposición. Varios grupos de activistas y personas de la sociedad civil han solicitado a diferentes diputados y diputadas que lo hagan, pero hasta el momento siguen desatendiendo también a estos llamados.

El reglamento de tránsito y vialidad vigente en San Cristóbal no ha cambiado los últimos veinte años, desconoce a la movilidad como derecho humano tutelado constitucionalmente, e ignora en consecuencia la pirámide la movilidad, cuya jerarquización indica que los derechos de peatones, personas en silla de ruedas y ciclistas están sobre los de otros usuarios de las vías públicas. El ayuntamiento municipal actual tampoco ha presionado para que los legisladores realicen la armonización de la ley, que, de llevarse a cabo, permitiría estar en condiciones de actualizar a la vez este reglamento, y ofrecer así más herramientas a la ciudadanía para que esta haga valer los derechos que tiene al desplazarse.

En combinación con la manifiesta ineficacia de las instituciones locales, la no armonización de la legislación estatal con la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, contribuye a la permanencia del clima de violencia y hostilidad que se vive en los espacios públicos de San Cristóbal, y que, como lo demuestra el atropellamiento de Diego Alejando en la zona sur, tiene sus peores impactos sobre peatones, personas con movilidad reducida y ciclistas.

Lo anterior se ve también reflejado en el aumento que registra la tasa de incidentes viales en la ciudad, que, según cifras de la propia dirección de Tránsito Municipal, sólo entre el año 2020 y el 2021 estos prácticamente se duplicaron pasando de 840 a alrededor de 1,500 de un año a otro (Solicitud de información). En este aumento, de particular preocupación son las vialidades principales de la zona sur, que es donde más accidentes ocurren, hechos que muy probablemente obedecen a que esas son también las vías en donde los automovilistas pueden desarrollar las velocidades más altas.

Según el último censo del INEGI (2020), en al menos el 30% de las viviendas en San Cristóbal, las familias usan una bicicleta como medio de transporte. Muchos tenemos una hermana, un padre, un abuelo, una novia, un amigo, un pariente, un empleado que usa la bicicleta para transportarse. Todos sabemos que hay también decenas, quizá cientos de personas, que se ganan la vida teniendo como herramienta de trabajo un triciclo o una bicicleta, que se acondiciona para que funcione como negocio. Son miles los obreros de empresas y trabajadores de la construcción que diariamente se desplazan pedaleando a las fuentes de empleo que alimentan la economía local. Y es cada vez más frecuente ver en los mercados a señoras y jóvenes que llegan en bicicleta a hacer su mandado. La ausencia de garantías para que este tipo de vehículos puedan ser utilizados en los términos que reconoce el derecho a la movilidad estipulado en el artículo 4° constitucional, representa un gravoso riesgo para la economía, la salud, el bienestar, y, por desgracia, también para la vida de quien ha optado o se ha visto en la necesidad de moverse de este modo.

En un ejercicio basado en encuestas, realizado como parte del Proyecto Artemisa (FBook Proyecto Artemisa), una propuesta de movilidad sostenible con perspectiva de género impulsada por jóvenes, se pusieron en evidencia algunos datos interesantes. Entre estos, hay uno que indica que el 65% de la población considera que San Cristóbal se presta para ser una ciudad en donde se use mucho más la bicicleta y mucho menos el automóvil. Pero para esto, las autoridades tendrían que adoptar ciertas medidas orientadas a garantizar la seguridad de los usuarios.

Como ha sido largamente documentado, y como lo reconoce un número cada vez más grande de gobiernos locales en México y otros países, impulsar el uso de la bicicleta como medio de transporte deja importantes beneficios para la vida social, el medio ambiente, la salud y la economía de las ciudades. San Cristóbal podría aprovechar de una manera más eficaz e inteligente el gran potencial que tiene como “pueblo bicicletero”, como lugar que se disfruta mejor a pie, a velocidades en que la belleza arquitectónica, ecológica y cultural pueden ser mejor apreciadas.

Pero la inoperancia de las autoridades dentro de este tema sigue más bien promoviendo una cultura del automóvil con la que se están sepultando poco a poco todas las bondades de la antigua ciudad. ¿Cuántos proyectos de obra pública existen actualmente que tengan como objetivo una transformación del espacio público, de forma tal que una persona en silla de ruedas pueda trasladarse autónomamente de una zona a otra de la ciudad?, ¿Cuántas obras en ejecución existen para ampliar las banquetas, y poder caminarlas en lugar de padecerlas como hoy sucede?, ¿Dónde está la creación de una red de ciclovías realmente funcionales dentro de los planes de desarrollo urbano? La ausencia de este tipo de proyectos, aunado a todas las facilidades que se le conceden al uso de automóvil particular, contradice en los hechos a ese slogan publicitario creado con fines turísticos que dice que “a San Cristóbal se viene a caminar”.

No, para nuestra mala suerte, hechos como el que convirtió en víctima a Diego Alejandro en la zona sur, como los que han convertido en víctimas a cientos de habitantes y visitantes de la ciudad, dejan un mensaje lamentable: a San Cristóbal no se puede venir a caminar, o a rodar, con seguridad. Lo que sí se puede hacer es venir con un automóvil para usar y abusar de este sin importar las consecuencias que eso tenga para la ecología y la habitabilidad de los espacios públicos, o para la salud y la vida misma de los habitantes. Para quienes quieran o tengan que moverse por otros medios, el mensaje es en cambio otro: atenerse a la ley de la selva, donde impera el poder del más fuerte.

Exigimos desde aquí justicia para Diego Alejandro, y para todas las víctimas de hechos viales que tienen en la ausencia de una normatividad y políticas públicas eficaces, dos de sus principales causas.