Criminalidad y violencia en los altos de Chiapas

Por Mónica Daniela Osorio Reyes y Edgar Baltazar Landeros*

Ya han pasado casi ocho meses desde que el 14 de junio de 2022, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, un grupo de civiles armados tomó la zona norte del municipio, disparando al aire e incendiando vehículos. Tras cinco horas de caos, el grupo armado se retiró impune, sin que intervinieran las fuerzas de seguridad[1]. Lo que en el ámbito local se ha llamado “la toma de San Cristóbal” es un hito reciente sobre la compleja criminalidad y violencia en Los Altos de Chiapas. Se trató de un evento que evidenció una conflictividad con raíces profundas.

Los civiles armados fueron identificados como un grupo que disputa el control del Mercado del Norte, un punto estratégico para actividades ilegales[2] . Aunque protagonizados por actores diferentes y obedeciendo a diversas causas, este tipo de hechos distan de ser aislados y, por el contrario, son ejemplos del complejo entramado de violencia histórica que se vive en la región. Es propósito de esta contribución dar un poco de luz sobre esta violencia para que sea posible atenderla.

La violencia estructural[3] es un rasgo característico de Los Altos[4], donde se entretejen fenómenos históricos de racismo, pobreza[5], paramilitarismo y cacicazgo político-criminal. Pese a ello, estos fenómenos de violencia e inseguridad reciben poca atención, análisis y respuestas, quizás porque los indicadores delictivos convencionales no colocan a la entidad dentro de las más victimizadas[6]. Es más, sabemos que aún persisten déficits importantes de datos, explicaciones e intervenciones que permitan explicar y prevenir o mitigar la violencia estructural en Los Altos; y que esta ausencia, aunada a la complejidad de causas, consecuencias y actores que ejercen dicha violencia, impide reconocerla.

Dos fenómenos sirven para analizar ese carácter estructural de la violencia y esta ausencia de comprensión y falta de interés por lo que pasa en una de las regiones más victimizadas y precarizadas del país:

  1. La existencia de economías ilícitas y actores criminales en la región que no desata una acción estatal que sí es común en otros estados.

Este es el caso de las acciones antidrogas[7], que en esta parte del país no se realizan tan frecuentemente como en otros estados de la república; incluso cuando en la región se han identificado grupos criminales dedicados a su tráfico ilícito, como el Cartel de Chamula[8].

De acuerdo con la base de datos abiertos sobre acciones antidrogas de México Unido contra la Delincuencia, en Chiapas los registros de prácticamente todas las categorías de acciones antidrogas son muy bajos y únicamente destacan los aseguramientos de mariguana (por tener la mayor cantidad de registros de 1990 a 2021 con 38,237 kilogramos) y, más recientemente, de cocaína[9] (por registrar una incautación histórica de 1,297 kilogramos de dicha sustancia en 2021).

A nivel municipal, la relevancia de estos datos radica no solo en el potencial subregistro de los mismos o la falta de conectividad de las pocas acciones registradas con una estrategia de atención de la violencia estructural que se vive en la región, sino en que, cuando se observan de cerca, desvelan dinámicas distintas dependiendo si el municipio pertenece o no a Los Altos.

Por ejemplo, mientras para el grueso de los municipios del estado la información anual sobre incautaciones permanece relativamente estable y constante en el tiempo, para otros como Siltepec y Chenalhó, éste último ubicado en la región de Los Altos, los aseguramientos son escasísimos; pero cuando se presentan, las cantidades de droga asegurada alcanzan máximos históricos[10]. Es decir, en estos municipios hay un comportamiento atípico de un indicador de por sí escaso para la entidad, pero que podría ser reflejo de las dinámicas de violencia estructural que se viven en la región: a saber, existencia de grupos paramilitares, el control caciquil del territorio, el uso político de la violencia y la desatención que la región merece a las estrategias o acciones estatales y federales.

 

 

 

 

  1. La existencia y uso de grupos paramilitares en la región que tampoco es atendida ni ha sido descontinuada.

Otro indicador de la continuidad histórica de la violencia estructural en Los Altos, es la vigencia grupos paramilitares que fueron creados como parte de la estrategia contrainsurgente de los años 90[11]; contando entonces con asistencia militar, patrocinio de cacicazgos locales y aquiescencia de las autoridades[12]. La continuidad de esos grupos ha impactado en el desplazamiento forzado de comunidades. Tres municipios indígenas concentran el mayor número de personas desplazadas: Aldama (3,499), Chalchihuitán (1,237) y Pantelhó (3,205).

Desde Santa Martha, Chenalhó, paramilitares realizan disparos recurrentes en contra de comunidades del municipio de Aldama. De enero a abril de 2022, se registraron 1,113 agresiones armadas en contra de comunidades de Aldama[13], dejando tres personas muertas y cinco heridas. Periodistas han contabilizado que de 2018 a marzo de 2022, este conflicto ha dejado 30 personas asesinadas, aunque al corroborar está información con datos del SESNSP, en ambos municipio se registraron 23 carpetas de investigación por homicidio[14]. Es imperativo señalar estos subregistros para empezar a entender lo que pasa en Los Altos.

En julio de 2021, por ejemplo, apareció en Pantelhó un grupo civil armado denominado “autodefensa del pueblo El Machete[15]. Para octubre del mismo año aparecerían también autodefensas en los municipios de Simojovel y Altamirano. En los tres casos, se trata de municipios indígenas que vivían contextos de conflicto postelectoral por la crisis de legitimidad de cacicazgos familiares locales[16].

La vigencia de diversos grupos armados en Los Altos de Chiapas es muestra de la continuidad histórica de condiciones de violencia estructural en la región. La aparición reciente de “nuevos” grupos armados no es del todo una novedad si se toma en cuenta un contexto social donde las armas y la violencia son centrales en el tejido histórico de las desigualdades y disputas permanentes.

Las históricas tensiones entre los campos político y criminal en Chiapas, como en otras partes del país, no permite hablar de ámbitos separados sino de redes de complicidades y confrontaciones[17]. La permanente conflictividad sociopolítica, el desplazamiento forzado, la operación impune de grupos paramilitares y el uso sistemático de la violencia armada por parte de cacicazgos se suman a un contexto histórico de rezago y marginación que hacen de Los Altos una región permanentemente victimizada.

 

* Daniela Osorio es socióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México y estudiante de la ingeniería en Ciencia de Datos de la Universidad del Valle de México. Investigadora de México Unido Contra la Delincuencia.

* Edgar Baltazar es doctor en Ciencias Sociales y Humanísticas por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Director de Investigación y Políticas Públicas de México Unido Contra la Delincuencia

[1] Paradójicamente, en Chiapas existe una importante presencia militar, ya que en su territorio se encuentran desplegados 12,830 elementos castrenses, distribuidos en 72 puestos militares. Además, en la entidad se han construido diez instalaciones de la Guardia Nacional en los municipios de Palenque, Chilón, Frontera Comalapa, Las Margaritas, Huehuetán, Tapachula, Tonalá, Villaflores, San Cristóbal de las Casas y Bochil.

[2] En dicho mercado opera el grupo criminal conocido como Los Motonetos. Este grupo se integra fundamentalmente por jóvenes tsotsiles que participan en actividades delictivas como el tráfico de armas, la extorsión de comerciantes, la venta de drogas, de material pornográfico de mujeres indígenas y de autos robados.

[3] La violencia estructural deriva de los procesos de estructuración social que tienen “efectos negativos sobre las oportunidades de supervivencia, bienestar, identidad y/o libertad de las personas”. La Parra Casado, Daniel y José María Tortosa Blasco (2003) “Violencia estructural. Una ilustración del concepto” en: Documentación Social, núm. 131, p. 60. Los mecanismos de poder de este tipo de violencia causan “procesos de privación de necesidades humanas básicas” e incluyen “ideas de privación, daño psicológico, alienación, represión o desigualdad”. Villarruel Mora, Aarón (2017) “Violencia estructural: una reflexión conceptual” en: Vínculos. Sociología, análisis y opinión, núm. 11, julio-diciembre, p. 15.

[4] Los municipios que integran la región de los Altos de Chiapas son: Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, Huixtán, Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de Las Casas, San Juan Cancuc, Santiago el Pinar, Tenejapa, Teopisca y Zinacantán.

[5] De acuerdo con datos de CONEVAL, en Chiapas el 76% de la población sufre condiciones de pobreza, 29% vive en pobreza extrema, solo el 25% tiene acceso a alimentación de calidad y 40% a servicios de salud.

[6] Según los datos de víctimas proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Chiapas suele estar entre las 15 entidades con menos víctimas del país.

[7] Estas han sido registradas por MUCD en una base de datos que recupera información desde 1990 a la fecha, en relación a acciones de destrucción de cultivos y aseguramiento de sustancias ilícitas por parte de la Guardia Nacional, SEDENA, SEMAR y la extinta Policía Federal.

[8] Este grupo también se involucra en otras actividades como el tráfico de personas, combustible y madera, así como en la producción de pornografía.

[9] Cabe destacar que de 1990 a 2021 Chiapas fue la quinta entidad con más aseguramiento de cocaína.

[10] Siltepec de cocaína en 1991 de 4,775 kilogramos y Chenalhó de marihuana en 20003 de 2,948 kilogramos.

[11] El Plan de Campaña Chiapas 94 contempló el entrenamiento militar de fuerzas civiles contrainsurgentes.

[12] Galindo de Pablo, Adrián (2015) “El paramilitarismo en Chiapas” en: Política y Cultura, núm. 44, pp. 189-213.

[13] Una de las razones del conflicto es la disputa por un terreno de 60 hectáreas.

[14] Cabe aclarar que por parte del secretariado no sé proporciona información de víctimas a nivel municipal, por lo que es probable que dentro de esas 23 carpetas de investigación se pueda encontrar más de una víctima.

[15] Pocos días antes de la conformación de la autodefensa, en ese municipio fue asesinado el defensor de derechos humanos Simón Pedro Pérez López. Inicialmente, este grupo se definió en contra del grupo criminal conocido como Los Herrera.

[16] La investigadora Araceli Burguete presenta una síntesis sobre los procesos políticos de construcción de consejos municipales.

[17] En la historia política reciente de Chiapas es posible observar ese tejido entre lo político y lo criminal, con preponderancia en la región Altos. En septiembre de 2020, fue detenido el líder de un grupo armado que disputaba el poder al alcalde de Chamula. En abril de 2019, una excandidata a la presidencia municipal de Bochil fue detenida por dirigir un grupo armado que hostigaba al alcalde de ese municipio. Un grupo paramilitar de Chenalhó propició en 2017 y 2018 el desplazamiento de comunidades de Chalchihuitán. En 2017, la alcaldesa de Chenalhó empleó a un grupo armado para recuperar la presidencia municipal que se encontraba ocupada por un grupo antagónico. En 2018, el alcalde de Yajalón creó irregularmente un grupo “táctico” como estructura paralela a la policía municipal.

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