Los costos humanos de las políticas de contención migratoria[i]

Migrantes: El otro camino de regreso a casa.
Foto: La Verdad

Neil Harvey[ii]

Los más recientes datos publicados por el gobierno de los Estados Unidos sobre el número de aprehensiones de migrantes indocumentados en la frontera con México vuelven a señalar una incongruencia entre el tamaño del fenómeno migratorio y las políticas de contención que se siguen aplicando. Según la agencia de la Patrulla Fronteriza se registraron en agosto de este año 177,000 aprehensiones de migrantes indocumentados entre los puertos de entrada, un aumento de más del 30 por ciento en comparación con el mes anterior. Es notable que la cifra para agosto del 2023 es similar a la que fue registrada antes del cambio de política fronteriza anunciada por la administración Biden en mayo de este año, cuando el gobierno dio por terminado el Titulo 42. En su lugar, se volvió a aplicar el Título 8, el cual representa una política más restrictiva y punitiva debido a los cargos penales que implica para aquellos migrantes indocumentados que son detenidos al intentar ingresar a los Estados Unidos sin inspección en un puerto de entrada, incluyendo la detención, la deportación, y la prohibición de admisión de cinco años.

La medida entró en vigor al mismo tiempo que fue implementado un nuevo sistema que exige que los solicitantes de asilo pidan una cita con un oficial de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Protection, CBP, por sus siglas en inglés) mediante el uso de una nueva app conocida como “CBP One.” En efecto, la obligación de pedir una cita usando la app CBP One inicialmente redujo el número de personas arrestadas en la frontera, canalizando el flujo migratorio hacia los puertos de entrada oficiales como el de Ciudad Juárez-El Paso. Sin embargo, ha habido varios problemas que han limitado el uso de esta nueva vía legal para entrar a los Estados Unidos. Algunas de estas limitantes son: el número reducido de citas otorgadas, en comparación con la demanda de la población migrante; el limitado acceso al internet y la falta de conexión estable para los migrantes durante su estancia en albergues, campamentos o las calles de las ciudades de la frontera norte mexicana; la frecuente caída de las conexiones en medio del ingreso de los datos en los formularios de la app; la falta de reconocimiento facial al momento de subir las fotos de los solicitantes; y, la dificultad de programar una sola cita para todos los miembros de una unidad familiar de migrantes. Aunque el número de citas disponibles se incrementó, pasando de 1,000 a 1,450 citas diarias entre mayo y agosto, esta cantidad sigue siendo limitada si consideramos que hay más de 120,000 migrantes que, en algunos casos, llevan hasta seis meses esperando en distintas ciudades ubicadas en la frontera norte de México y hay otros que siguen llegando con la esperanza de poder cruzar a los Estados Unidos.

El uso casi obligatorio de la app CBP One es acompañado por una nueva medida restrictiva para reducir el acceso al asilo. Se trata de una política del gobierno de los Estados Unidos que niega el derecho a pedir el asilo a aquellos migrantes que (i) no han pedido la cita usando la app CBP One; (ii) no son elegibles para uno de los programas de alivio humanitario (los cuales están restringidos a ciertas nacionalidades); o (iii) que no pueden demostrar que han pedido asilo en un tercer país y éste les fue negado. Esta política entró en vigor el 11 de mayo del año en curso y busca restringir drásticamente el número de personas que pueden solicitar el asilo en los Estados Unidos. La medida fue bloqueada por un juez federal a finales de julio bajo el argumento de que los no-ciudadanos que cruzan entre los puertos de entrada en términos establecidos por el Congreso no deben ser afectados en su derecho a pedir el asilo. El juez dio quince días al gobierno para apelar su decisión, lo cual hizo la administración Biden el 3 de agosto, y la medida sigue en pie mientras no haya una resolución legal de su constitucionalidad. Para el gobierno, es una herramienta más para reducir el número de personas que puedan entrar al país y argumentar que su administración está siendo eficaz en el control de los flujos migratorios, lo cual es un tema central en la política nacional a pesar del dolor humano que sigue provocando. Por su parte, dos organizaciones sociales que abogan por el derecho al asilo (Al Otro Lado, y Haitian Bridge Alliance), con nueve demandantes individuales, presentaron una demanda formal en una corte federal para pedir la suspensión de esta política de rechazo a los solicitantes de asilo.

Los intentos oficiales de contener la presión migratoria han causado dos grandes problemas que se van empeorando con el tiempo: (i) el crecimiento de la población migrante que rebasa la infraestructura de atención en las ciudades fronterizas mexicanas, lo cual se refleja en el desbordamiento de la capacidad de los albergues oficiales y el surgimiento de un sector no regulado de pequeños albergues que se han convertido en otra forma de extorsión al cobrar todas las necesidades, desde  un cuarto en donde dormir, hasta la comida, el agua, y el internet, algo imprescindible para pedir una cita de CBP One; y, (ii) la falta de acceso al empleo formal de los migrantes varados en las ciudades fronterizas ha facilitado su reclutamiento por parte de grupos criminales en la venta de drogas, volviéndoles aún más vulnerables ante estos grupos y la policía local. Una consecuencia de esta forma de contener la migración es la creciente desesperación con el uso de la CBP One y el aumento en el número de los intentos de cruzar la frontera entre los puertos de entrada oficiales, como antes. De esta forma podemos entender porque siguen muriendo migrantes al intentar cruzar por los ríos y zonas desérticas que conforman lo que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) considera la frontera más peligrosa del mundo. En lo que va de este año, la Patrulla Fronteriza ha reportado 140 migrantes muertos en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso.

Si escuchamos a los migrantes podemos darnos cuenta de los costos humanos de las políticas de contención migratoria. Durante el mes de junio tuve la oportunidad de conocer algunos de los migrantes que habían conseguido su cita con la agencia de CBP. Se estaban quedando un par de días en uno de los varios albergues en la región transfronteriza, en este caso un centro localizado en Las Cruces, Nuevo México, a 50 millas al norte de la línea fronteriza entre Ciudad Juárez y El Paso. En esta breve estancia los empleados y voluntarios que trabajan en el albergue ayudan a los migrantes a conectarse con familiares o amigos que viven en el interior de los Estados Unidos a donde pretenden llegar y vivir mientras esperan su cita ante un juez de inmigración en fechas muy variables (desde un par de meses hasta un par de años). Durante estos días los migrantes descansan y reciben alimentación y servicios médicos, y se organizan actividades y juegos para los niños. En este espacio y tiempo acompañé a un grupo de estudiantes de ciencias sociales en un proyecto que dirigimos mi colega Dr. Jeremy Slack y yo en la recopilación de testimonios de más de treinta migrantes acerca de su larga y difícil travesía. Sus historias reflejan la diversidad de las causas de la migración y las esperanzas que comparten con los que no habían logrado cruzar y que seguían esperando su cita desde los albergues o campamentos en donde pasaban meses en Ciudad Juárez.

Varios de ellos mencionaron las múltiples formas de violencia y extorsión a las que habían sido expuestos en su camino. Los migrantes venezolanos hablaron de situaciones traumáticas que vivieron al cruzar el Tapón de Darién, de haber visto a personas que murieron por falta de atención oportuna para curarse de las lesiones que sufrieron, pero también valoraron la ayuda solidaria de otros migrantes que les hizo posible seguir su camino. Casi todos mencionaron la extorsión que sufrieron a manos no sólo de grupos criminales sino también de policías y agentes de migración en Guatemala y en México. Algunos decidieron emprender el viaje por razones económicas, por ejemplo, un señor nicaragüense que perdió su fuente de ingreso como guía turístico debido al impacto negativo en este sector que ha significado la crisis política en su país. Otros salieron por la inseguridad que ha llegado a extremos intolerables en sus comunidades, por ejemplo, en el estado de Jalisco en donde una familia extendida que había operado exitosos talleres de producción artesanal fue amenazada de muerte por un grupo criminal debido a su rechazo a participar en la delincuencia organizada. Casi todos hablaban de la inseguridad que vivieron en Ciudad Juárez, incluso por la falta de acceso a condiciones aptas para una estancia que en algunos casos fue de más de seis meses.

Es evidente que el número de personas que buscan el asilo sigue en aumento a pesar de las viejas y nuevas medidas de contención que se han implementado. Estas medidas tienen un alto costo en cuanto a la violencia, extorsión, y vulnerabilidad de la población migrante por la forma en que limitan el acceso a lo que es reconocido como un derecho universal. Hace falta presionar más para que los gobiernos reconozcan el fracaso de sus políticas de contención y los costos humanos que resultan de la continuidad de su aplicación.

[i] Agradezco a Wendy Harvey por su ayuda en la corrección de estilo de esta columna.

[ii] Universidad Estatal de Nuevo México, colaborador del ODEMCA.