Guatemala: las autoridades comunitarias ante el Estado cooptado y la crisis institucional[i]

Foto: Omar Pérez/Prensa Comunitaria

Por Santiago Bastos Amigo[ii]

Con la toma de posesión de Bernardo Arévalo como presidente de Guatemala el día 15 de enero a las 3 de la madrugada, terminaba uno de los periodos más complejos, tensos y a la más promisorios y esperanzadores de la débil democracia de este país centroamericano: estuvimos al borde del abismo pero -por ahora- se logró rescatar la voluntad popular y abrir una luz que no se veía desde la firma de la paz hace 27 años. Para este logro histórico ha sido fundamental la actuación decidida de las autoridades comunitarias indígenas, que se plantaron ante los chantajistas y supieron encauzar el sentimiento popular de la necesidad de una recuperación democrática. Esta actuación de las autoridades comunitarias ha llamado la atención, pero no es algo nuevo en la política reciente de Guatemala: desde hace 20 años son parte fundamental en la movilización indígena en el país.

De la rearticulación a la defensa del territorio

Las autoridades comunitarias son una forma de autogobierno de los espacios locales que forma parte de la institucionalidad asociada a la “comunidad indígena”. Como construcción histórica diversa y cambiante, ancla sus raíces en las formas de sociabilidad y gobierno previas a la invasión; que se fueron recreando y transformando en su relación con el estado primero colonial, después republicano y liberal-cafetalero. En el contexto de modernización contrainsurgente que vivió Guatemala en la segunda mitad del siglo pasado, la política de tierra arrasada que desarrolló el ejército, las comunidades mayas del altiplano fueron el principal objetivo, quedando muy desarticuladas.

En el contexto del fin del conflicto y mientras se daba la política multicultural protagonizada el llamado Movimiento Maya, en muchas comunidades empezó a darse una rearticulación de sus golpeadas instituciones comunitarias. En muchos lugares se empezó a retomar, reorganizar o directamente recrear la figura concreta de la Alcaldía Indígena, en relación con el resurgimiento los especialistas locales en derecho comunitario y espiritualidad maya. Mientras algunas siguieron funcionando como lo habían hecho siempre -centradas en la gestión del territorio, la ritualidad y la sociabilidad interna- otras entraron en un proceso de transformación.

Se renueva el tipo de personas que nutren esa institucionalidad, al entrar actores que la jerarquía comunitaria gerontocrática y patriarcal no admitía, como mujeres, jóvenes o migrantes. En muchos casos, líderes locales y activistas se reintegran a sus comunidades después de la guerra. También se renueva su misma concepción: acorde a los tiempos de reconstitución y reivindicación indígena en Guatemala, estas autoridades empiezan a presentarse y actuar como representantes del Pueblo Maya y el ejercicio de la autoridad comunitaria se entiende como parte de esa autonomía que se ejerce y a la que se tiene derecho.

Dada esta nueva perspectiva, muchas de estas instituciones comunitarias renovadas superan en su actuar el ámbito local, sin dejar nunca de tenerlo como base de su actuación. Como actores políticos van adquiriendo cada vez más importancia y esto va haciendo que se vayan consolidando e insertando en procesos diversos. Cuando el extractivismo se implanta en Guatemala a través de proyectos mineros, hidroeléctricos y de agroindustrias, la defensa frente a estas amenazas se hace desde una base comunitaria y territorial. En algunos lugares son estas autoridades reconstituidas quienes la llevan a cabo y en otros, es la defensa del territorio la que hace que se pongan en marcha procesos de renovación comunitaria.

La acción más conocida y contundente fueron las consultas comunitarias de buena fe que se empezaron a realizar en 2005 y se extendieron prácticamente por la mitad del país los siguientes años. La acción comunitaria se reforzó en aquellos lugares donde se instalaron actividades extractivas con tal impunidad y desprecio por la gente, que provocaron casi inmediatamente protesta y oposición: fueron autoridades de base local y de legitimidad comunitaria quienes llevaron adelante la lucha.

De la misma forma, las luchas por la memoria y la justicia, los reclamos por la espiritualidad o por la propiedad intelectual de los textiles, se hacen desde estos espacios comunitarios. Algunas alcaldías y autoridades van actuando en temas de política nacional para la defensa de los intereses de sus comunidades, como los 48 Cantones de Totonicapán, gracias a su capacidad de movilización que es capaz de cortar carteras y paralizar el país.

La política indígena, desde lo comunitario a lo electoral

Todo esto supone un cambio en lo que era la política indígena de Guatemala. Había estado ligada al proceso de paz alrededor de un Movimiento Maya formado por actores de carácter nacional, formados o apoyados por actores comunitarios. Ahora son los sujetos comunitarios los que conforman o se mueven en coordinaciones regionales, dando un carácter de política territorial y actuando desde la comunidad hacia arriba.

Quienes no son capaces de vincularse a esta acción comunitaria prácticamente desaparecen de la escena política, y sobreviven los que son capaces de sumarse, mientras que surgen otros actores en diferentes escalas a partir de la coordinación territorial de movilizaciones comunitarias. A nivel nacional el Consejo de Pueblos Mayas –CPO-, busca articular la experiencia surgida de las consultas comunitarias, en un nivel regional se dan diferentes coordinaciones que ya a no se articulan en nombre de un genérico Pueblo Maya, sino en el de cada una de lo que eran las comunidades lingüísticas que ahora se autorrepresentan como pueblos: el Parlamento Xinca, las Autoridades Ixiles, el Consejo Mam, el Gobierno Ancestral Plurinacional Chuj, Akateko, Q’anjob’al y Popti’. En este contexto surge otro actor que también representa esta fase: el Comité de Desarrollo Campesino –CODECA- era una asociación de carácter regional que adquiere importancia a nivel nacional al promover la movilización comunitaria en protesta por el costo de la energía eléctrica.

En este contexto, se formaliza la acción política pública de las mismas autoridades comunitarias, que conforman la Asociación de Autoridades Ancestrales de Guatemala donde hay una gama muy amplia de tipos de autoridad y de institución, desde más locales a más regionales, más civiles o más espirituales.

Toda esta movilización comunitaria se hace evidente en las jornadas de agosto y septiembre año 2015 que lograron el encarcelamiento del presiente del país, Otto Pérez Molina. La movilización que se dio en los territorios fue tan fuerte -pero menos visibilizada- que la de la plaza en la capital; y en este centro simbólico de la protesta también llegaron las autoridades ancestrales con un protagonismo y presencia política como representantes no excluyentes de los pueblos indígenas de Guatemala.

Así, mientras en Guatemala se asienta un régimen político que se basa en la cooptación de las instancias púbicas para el enriquecimiento personal en una conjunción de intereses de oligarquía, transnacionales, exmilitares, políticos corruptos y crimen organizado; se va consolidando una lógica de autodeterminación y reconstitución como pueblos indígenas desde la base comunitaria, acompañada de la apuesta de los pueblos como sujetos políticos autónomos con saberes y conocimientos propios. Todo esto lleva al reclamo por un estado plurinacional como forma de salir de la crisis política.

Estos avances hacia la autodeterminación van unidos a una presencia y un interés cada vez más claro por la política electoral, la política institucional de un estado guatemalteco que es reconocido cada vez como más corrupto, más ilegítimo y más colonial.

Ya en el año 2015, CPO había entrado a participar electoralmente aliado a Convergencia, una opción política de izquierda. A raíz de todo lo que ocurre ese año, CODECA decide formar el Movimiento por la Liberación de los Pueblos –MLP-, planteando la necesidad de un proceso constituyente plurinacional popular como su eje de acción. Con estos dos actores, para las elecciones de 2019 se amplía lo que era el espectro político en el cual se sentían representados lo maya y lo comunitario, que solía estar ligado a la URNG y a Winaq. Es notorio el caso del MLP, que alrededor de la figura de Telma Cabrera consigue una presencia y una legitimidad que asusta a los poderes fácticos del país.

Para las elecciones de 2023 se da una amplia presencia de actores indígenas en la política electoral. Por el miedo que levanta, el MLP sufre la acción judicial perversa del pacto de corruptos al quedarse sin su binomio presidencial, pero echa toda la carne al asador con su propuesta de “volcancito visto volcancito marcado”. Al mismo tiempo, figuras históricas indígenas se presentan en diferentes listas. Esta actitud, junto con todo el esfuerzo hecho por las demás opciones, muestra una actitud paradójica o una acción complementaria en la política indígena: de forma paralela al proceso de reconstitución desde lo comunitario, se viene dando esta voluntad de presencia en la política nacional como forma de resolver la situación colonial.

2023: Elecciones, golpe y respuesta comunitaria

Pero el resultado de estas elecciones no ha sido el esperado. En el contexto de boicot sistemático y planificado a todas las opciones que puedan cuestionar al régimen,  ni el MLP ni las otras opciones ligadas a lo indígena consiguen apenas presencia en el Congreso ni en las municipalidades. En cambio, quien recoge los anhelos de cambio, primero de forma tímida y luego de una forma abrumadora, es Semilla, un partido que también surge de las movilizaciones de 2015, pero con muy poca ligazón con lo indígena a pesar de su voluntad de cambio y su carácter progresista.

Este triunfo truncó la estrategia del pacto de corruptos por perpetuarse y perpetuar su forma de hacer política. Ante ello, se fue conformado un “golpe blando” por el que instancias públicas diversas -Ministerio Público, Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia- organizaron una persecución para impedir que Bernardo Arévalo asumiera la presidencia.

Así, la lucha electoral se convirtió en un pulso entre dos formas de entender la política y el lugar del pueblo en ella: se dieron todo tipo de manifestaciones a favor de Arévalo y de Semilla en respuesta a los actos de intentar anular legal a esta opción. Las Autoridades Ancestrales y otros actores indígenas se manifestaron de forma muy visible a favor del mantenimiento de los resultados electorales.

Cuando el 29 de septiembre de 2013, la Fiscalía contra la Corrupción allanó el Tribunal Supremo Electoral y se llevó una serie de actas electorales que ya habían sido escrutadas previamente, un conjunto de autoridades comunitarias indígenas lideradas por los 48 Cantones de Totonicapán y la Municipalidad Indígena de Sololá, convocaron a un Paro Nacional Indefinido. Otras alcaldías se sumaron, después otros actores comunitarios indígenas empezaron a convocar a paros en las carreteras, en las calles, en sus propios lugares; y otra serie de actores urbanos, universitarios y de otros sectores fueron acuerpando el paro hasta llegar a tener 180 lugares paralizados en todo el país.

Se produjo un verdadero levantamiento popular pacífico y lúdico en muchos lugares, de muchas maneras, por muchos tipos de actores. En las plazas tomadas y carreteras cortadas hubo música y bailes, rezos ecuménicos por la mañana y resistencia pasiva ante los intentos de la policía por desalojar. Guatemala mostró ser una sociedad capaz de ser feliz y libre al mismo tiempo que reclamaba respeto. En este sentido fue impactante el apoyo de todo tipo de actores de diferente carácter y ámbito hacia las autoridades comunitarias, aceptando casi borrarse del mapa para apoyar y sumarse a su iniciativa. Por la historia de este país, la aceptación que los actores no indígenas hacen del liderazgo de unas autoridades que no solo son indígenas, sino también comunitarias, representantes de esa parte de esta sociedad negada por tantos siglos.

Finalmente, el paro nacional fue desconvocado por los actores, por la incapacidad de la población de continuar más tiempo y por negociaciones con ciertos actores empresariales. La presión política continuó en forma de un plantón enfrente de la sede del Ministerio Público en el céntrico barrio de Gerona en la ciudad de Guatemala, que se mantuvo a través de una rotación de actores diversos liderada y organizada por las mismas autoridades comunitarias convocantes.

Podemos asegurar que las tres semanas de movilización general y el plantón que lo siguió, salvaron la democracia en Guatemala. El irrestricto y bullicioso apoyo popular permitió al binomio ganador y a las instancias que lo apoyaban presentarse con fuerza en los enfrentamientos y negociaciones con los actores corruptos. Provocaron tal atención internacional que acabaron logrando un apoyo diplomático a Arévalo en que la postura tajante de Estados Unidos fue determinante para que la toma de posesión del presidente Arévalo tuviera lugar y se pudiera pensar en otra fase.

Autoridades comunitarias y política nacional: ¿hacia donde?

En el escenario de la frágil democracia de Guatemala, estamos ante un episodio que abre cierto optimismo respecto a la posibilidad de revertir la tendencia a un Estado autoritario y corrupto presente ahora en Centroamérica y en otros lugares. Se ha roto con la maldición de la capacidad infinita del pacto de corrupto de imponer sus formatos sobre la voluntad de la gente; muchos actores se han dado cuenta que es posible acabar con ello y forzar la política a través de una combinación de elementos electorales con presión en la calle. Esta posibilidad le pone al nuevo gobierno en la necesidad de acciones que se ajusten a las expectativas de la población.

Los actores populares, antineoliberales e indígenas tienen claro que éste es un momento en el que se va a poder pasar de la actitud defensiva a una de propuesta y presión, que hay que aprovechar para avanzar.

El sujeto indígena organizado en torno a las autoridades comunitarias ha sido fundamental para llegar a este punto. Su capacidad de movilidad política, la legitimidad lograda y su inserción de lleno en la defensa de la democracia, los han convertido en actores políticos de primera importancia, pero las posibilidades de que sus objetivos como indígenas sean atendidos, también es limitada. El nuevo gobierno que ha formado Bernardo Arévalo es claramente un gobierno urbano, ladino, de clase media y su lógica no plantea cambios estructurales. Sus posibilidades de lograr cambios profundos en la política o en la economía guatemalteca son muy limitados. Es un gobierno paritario en términos de género, pero sólo hay una mujer indígena -que no viene de los actores movilizados sino de otros más institucionales. Ante ello, las reacciones han sido diversas, dependiendo de sus propias tendencias: mientras algunos reclaman más presencia indígena en la administración, otros buscan avanzar hacia la Asamblea Constituyente Plurinacional.

En fin, no sabemos qué va a pasar en Guatemala en los próximos cuatro años. Lo que sí podemos interpretar de los hechos descritos aquí, es que estamos ante un sujeto político indígena que viene reconstituyéndose de forma cada vez más evidente a través de la figura de estas autoridades comunitarias y ancestrales. También tenemos una política estatal en la que cada vez se hace más evidente que hay que participar para poderla cambiar, pero parece que esto no se puede hacer a través de actores políticos o electorales propios y es la política comunitaria la que toma ese papel de empujar transformación estatal.

Las autoridades comunitarias indígenas llevan más de 20 años conformándose como un sujeto político parte de unos pueblos indígenas que van más allá de las comunidades y que reclaman una serie de derechos que se ponen sobre la mesa: la autodeterminación, el territorio, el derecho a ser consultado. Cuando el Estado guatemalteco entra en crisis, es esta forma comunitaria la que se pone en marcha para destrabar la situación. Cuando la participación electoral como guatemaltecos es burlada sistemáticamente, ésta se convierte en la salida que ellos proponen y la sociedad acepta, y se consolida así una forma de entender la participación que ya venía desde hace tiempo: participar en la política guatemalteca desde sus comunidades, como sujetos comunitarios.

Eso ya no se va a poder cambiar.

[i] Colaboración preparada para el Observatorio de las democracias: sur de México y Centroamérica (ODEMCA), como parte del seguimiento de las agendas del Foro Social sobre democracias otras.

[ii] Investigador, CIESAS Sureste (México) / Prensa Comunitaria (Guatemala).