¿Prohibir o no prohibir? El falso dilema del celular en las escuelas y el acceso a las redes sociales

Foto: Fabiola Huerta Sánchez, 2025

Por Ana Sánchez García y Dora Elia Ramos – El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur)

ana.sanchez@posgrado.ecosur.mx y dramos@ecosur.mx

La discusión sobre el uso de celulares en la escuela se ha colocado en el centro del debate público. En México, como en otros países, crecen las propuestas para restringir o prohibir su uso en las aulas con argumentos que parecen contundentes: distraen, afectan el rendimiento, aumentan el ciberacoso y deterioran la convivencia. Formulado así, el debate se queda corto porque la pregunta trasciende el dilema de si se prohíben o no en las escuelas.

La pregunta de fondo es otra: qué tipo de vida digital están habitando hoy niñas, niños, adolescentes y juventudes, y qué papel juegan la escuela, las familias, el Estado y las plataformas en esa experiencia. El problema no empieza ni termina en el celular, pasa por los algoritmos que determinan los contenidos que vemos, la ausencia de alfabetización digital crítica y una mirada adultocéntrica que suele decidir sobre las niñeces y juventudes sin escuchar lo que viven y sin contemplar sus necesidades.

La nueva ofensiva regulatoria

No es casual que el debate haya escalado. En Australia, Suecia, China y Reino Unido, gobiernos y sistemas educativos han impulsado restricciones al uso de teléfonos móviles y redes sociales en la escuela. La UNESCO ha advertido que la tecnología puede abrir oportunidades educativas, pero también excluir, distraer o dañar si no hay condiciones pedagógicas, acceso equitativo y formación suficiente para quienes enseñan y aprenden.

En México, esta preocupación se tradujo en una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación presentada en la Cámara de Diputados en marzo de 2025. La propuesta busca limitar el uso de teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y redes sociales en educación básica y media, permitiéndolos exclusivamente para fines pedagógicos y bajo supervisión escolar. La iniciativa insiste en que las autoridades educativas deben garantizar ambientes de aprendizaje libres de distracciones tecnológicas y que madres, padres y tutores deben involucrarse en la vigilancia y orientación del uso digital, sin que se tenga claro cómo ellos logran su propia alfabetización.

En los medios se expresan ideas de que las escuelas sin celulares están asociadas a mejoras académicas, reducción del ciberacoso, mayor interacción presencial y menor exposición a contenidos inapropiados. Todas son buenas razones para limitar los celulares, pero resultan insuficientes para atender los problemas asociados con ellos.

El aparato no actúa solo

Pensar el celular únicamente como amenaza escolar simplifica la realidad. En muchas familias, sobre todo en contextos de vulnerabilidad, el teléfono también es contacto, localización, seguridad, organización cotidiana y vínculo afectivo. Es un artefacto técnico, sí, pero también un mediador emocional y social.

Regular no es lo mismo que comprender

Una primera tensión del debate es que regular no es lo mismo que comprender. Una política escolar puede limitar el uso del dispositivo y aun así fracasar si no reconoce que el teléfono forma parte de un ecosistema mucho más amplio, gobernado por plataformas mundiales diseñadas para capturar atención, producir dependencia y ordenar visibilidades mediante algoritmos. Esas ecuaciones matemáticas no son un detalle técnico: moldean lo que se ve, lo que circula, lo que se intensifica y lo que permanece.

Un litigio estadounidense ha dado fe de esta realidad. En agosto de 2026, Meta —matriz de Instagram y Facebook— alcanzó un acuerdo de hasta 18 mil millones de dólares con 48 estados para poner fin a un juicio que la acusaba de haber diseñado deliberadamente plataformas adictivas que dañaron a infancias y juventudes. El desenlace no fue impuesto por una sentencia, sino negociado, y obligó a la empresa a reformar sus productos.

La acusación central no apuntaba al mal uso que una persona hace de su teléfono, sino a la responsabilidad de quien diseña el entorno: la empresa fue señalada por crear mecanismos dirigidos a capturar la atención de las juventudes y por ocultar información sobre sus efectos en la salud mental, el sueño y la productividad. Que el desenlace no haya sido una escuela prohibiendo celulares, sino una corporación obligada a rediseñar sus plataformas, revela dónde está realmente el origen y el nudo del problema.

Nuestro argumento es que cuando se pone todo el peso de la discusión en el celular o la red social, se pierde de vista que el verdadero entorno de riesgo es la combinación entre diseño digital, desigualdad social y falta de acompañamiento.

Lo que pasa cuando el debate baja al territorio

Una investigación reciente de maestría realizada en el Colegio de Bachilleres de Chiapas, plantel 58, en la Zona Norte de San Cristóbal de Las Casas, ayuda a mirar el problema en toda su complejidad. El estudio, de corte cualitativo etnográfico, trabajó con 188 estudiantes de ambos turnos mediante encuestas, talleres, un foro estudiantil y narrativas orales. Los hallazgos revelan una cruda realidad.

El 45% del estudiantado reportó haber vivido alguna situación de violencia digital y el 93% dijo conocer casos cercanos. No se trató solamente de burlas o conflictos aislados. La investigación identificó cinco formas principales de violencia digital: ciberacoso, difamación, hostigamiento, violencia sexual digital y reclutamiento criminal mediado por entornos digitales.

Los efectos fueron profundos: miedo, vergüenza, ansiedad, tristeza y enojo aparecieron como emociones recurrentes, provocando desregulación emocional. En el plano escolar, los daños se tradujeron en distracción, problemas de atención, miedo a participar y menor rendimiento. En el plano social, surgieron aislamiento, pérdida de confianza, exclusión y ruptura de vínculos.

Los impactos tampoco se distribuyeron igual. Las mujeres reportaron mayor exposición a violencia sexual digital, control y hostigamiento. Los hombres aparecieron más expuestos a formas de reclutamiento criminal y demostraciones de masculinidad violenta. Las juventudes indígenas enfrentaron racismo, burlas y señalamiento identitario. Y la precariedad económica incrementó la vulnerabilidad ante el engaño, la explotación y las tareas vinculadas con grupos criminales.

El hallazgo central de la investigación es que la violencia digital en este plantel no puede entenderse solo como un problema tecnológico o escolar. Tampoco es una manifestación de desigualdades históricas, estructurales y territoriales de la Zona Norte de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Es más bien una ilustración de la vida de las juventudes mexicanas en los barrios bravos.

Regresando al inicio: “Prohibir o no prohibir” es un dilema mal planteado

A la luz de estos datos, la discusión pública en torno al celular y las redes sociales aparece incompleta. Sí, el celular es un distractor. Sí, el ciberacoso existe. Sí, la escuela necesita reglas claras. Pero si la respuesta se queda en sacar el dispositivo del salón y en el acceso a las redes sociales, sin abordar la violencia sexual digital, el racismo, la desigualdad territorial, la precariedad o la captación criminal, entonces se está interviniendo sobre la superficie, con medidas punitivas y no formativas.

El prohibicionismo se ha impuesto ya en varios países y pisa fuerte, pero corre el riesgo de convertirse en una salida cómoda: una respuesta visible frente a un problema que en realidad exige una transformación más compleja. Además, suele estar atravesado por una lógica adultocéntrica y patologizante: la idea de que las juventudes deben ser controladas porque no saben habitar críticamente el entorno digital, en lugar de reconocer que muchas veces sí identifican el riesgo, pero carecen de redes de apoyo, herramientas y espacios de escucha, y que los adultos estamos igual de controlados por el artefacto.

Ahí está uno de los puntos más débiles del debate legal actual. México avanzó en la protección de derechos digitales y frente a la violencia digital. Existen marcos relevantes como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las reformas asociadas a la Ley Olimpia, la protección de datos personales y las disposiciones en materia de violencia contra las mujeres, pero persisten vacíos notables frente a fenómenos como el ciberacoso escolar, la manipulación algorítmica, la violencia reputacional, la captación criminal mediante videojuegos y redes, y la escasa preparación institucional para atender daños digitales complejos en la escuela, y también fuera de ella.

La tecnología también necesita pedagogía

La salida no es dicotómica, no pasa por romantizar la tecnología ni por demonizarla. Pasa por reconocer que el reto educativo va más allá de decidir si el celular entra o sale del salón, sino cómo se enseña a vivir con tecnologías en condiciones de dignidad, cuidado y pensamiento crítico.

Eso implica varias tareas simultáneas: regulación escolar razonable, formación docente, protocolos frente a la violencia digital, trabajo con familias, exigencia de responsabilidad a las plataformas –para usuarios o para las plataformas mismas– y una alfabetización digital para todos y todas; que no se limite al uso instrumental, sino que incluya emociones, consentimiento, reputación, seguridad, desigualdad y derechos.

También implica un cambio de mirada para reconocer la necesidad de educación digital integral, porque las juventudes viven en un mundo digitalizado. Las juventudes no son solo receptoras pasivas del daño digital. En la investigación del COBACH 58, ellas demandaron acompañamiento, espacios de reflexión y guía adulta. Participaron en talleres, en un foro estudiantil y en procesos de devolución y análisis. Sus voces no solo piden prohibiciones y desmontar la impunidad de facto sobre lo que se expresa digitalmente; también solicitan herramientas para entender lo que viven y para transformar su entorno desde una postura de agencia y participación política juvenil.

Del adultocentrismo al encuentro intergeneracional

Tal vez ese sea el punto más importante del debate actual. El problema no es únicamente cómo regular el uso de la tecnología, sino la posición de donde se regula. Si la escuela y las instituciones responden solo desde la vigilancia, la sospecha y la sanción, refuerzan el adultocentrismo. Si actúan desde el diálogo, el reconocimiento y la corresponsabilidad, puede ocurrir algo distinto: un encuentro intergeneracional capaz de acompañar sin infantilizar y de cuidar sin silenciar.

La discusión sobre los celulares en las escuelas no debería cerrar con una consigna. Debería abrir una pregunta más incómoda y más honesta: cómo construir una vida digital menos violenta, más justa y más digna para las infancias y juventudes. Mientras esa pregunta no entre plenamente a las aulas, a las leyes y a las políticas públicas, el debate seguirá girando alrededor del artefacto o las redes. Ignorando que el mundo empresarial, gubernamental y criminal, que hoy hace indispensable al celular o las redes sociales, usa técnicas adictivas, inseguras y, muchas veces, peligrosas. El quehacer es fortalecer esa mirada juvenil que muestra agencia e inquietud por habitar los espacios políticos en los que se define el marco de la vida digital, desde una participación protagónica de sus vidas.

Referencias

Associated Press. (2026, 27 de agosto). Time limits and a midnight cutoff: Meta’s new rules for kids go further, but critics say not enough. Disponible en: apnews.com

Barreras Samaniego DK, Merino Escamilla NY. 2025 Mar 5. Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de uso de teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y de redes sociales en niveles de educación básica y media, en instituciones educativas públicas y privadas. Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación. Disponible en: sil.gobernacion.gob.mx

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 2026. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Disponible en: diputados.gob.mx

Sánchez García A. 2026. Efectos de la violencia digital: estudio de caso del Colegio de Bachilleres de Chiapas, plantel 58 de la Zona Norte de San Cristóbal de Las Casas [tesis de maestría inédita]. San Cristóbal de Las Casas (Chiapas, MX): El Colegio de la Frontera Sur.

The New York Times. (2026, 26 de agosto). What’s changing for teens on Instagram and Facebook. Disponible en: nytimes.com