¿Culpables?

Plaza central de Tuxtla Gutiérrez

La entrevista ad hoc hecha por un “periodista” “especialista” ad hoc  en seguridad en el campo militar 1 al general detenido por matanza de los estudiantes la autorizó el ejército, en concreto, el secretario de la defensa nacional. De ser así, el presidente tendría un problema… de lealtad militar; de no ser así, el problema sería para el general. Es difícil intentar aceptar la última porque mostraría una autorización sin autorización  en el interior del ejército. Lo es porque la disciplina y hermetismo de los militares ha sido, hasta hoy, una fuerte columna en la que se sostiene su cohesión, y por ello no ha habido en los últimos años serias divisiones, al menos de forma pública. Aunque, por otro lado, no es un secreto que las fuerzas armadas tengan en su interior distintas percepciones acerca de, por ejemplo, su salida de los cuarteles para hacer labores policiacas, principalmente. Desde luego que ha otras, pero es en este trabajo donde se ha centrado el principal asunto de la polémica.

Si aceptamos la primera hipótesis, se interpretaría como un mensaje del ejército hacia todos aquellos que desean llevarlo al banquillo de los acusados decidida seguramente por los civiles; además, la liberación ordenada por la Fiscalía de algunos militares implicados en la matanza estudiantil sería una prueba para no permitir que otros de sus miembros de esa matanza, sean procesados y acusados. Esta situación me recuerda la  película cuestión de honor protagonizada por Jack Nicholson donde intentan acusar a un coronel de la infantería de marina de abusos mediante la aplicación de un “código rojo”, permitido para hacer ciertas acciones militares con resultados humanos “inevitables”. Al final de la película triunfa la justicia militar de la Marina norteamericana, dando a entender que es una institución impecable y con honor. Es una versión acomodada para esto, pero no deja de ser interesante proyectar un asunto interno en las fuerzas armadas.

Hay presiones de varias partes, ha dicho el presidente Obrador. ¿Serán una de ellas las del ejército y la Marina? ¿De civiles implicados por la orden dada a los militares? De ser esta última otra hipótesis válida, las miradas deberían dirigirse al expresidente Peña en su papel legal de comandante de las fuerzas armadas. En este camino aparece el asunto de afectar a un expresidente, cosa que no se ha hecho en México en mucho tiempo, es decir, juzgado, o  llevado a juicio político. No ha ocurrido. Es difícil que ocurra. Sería abrir un nuevo capítulo en la historia política mexicana, donde varias aspectos normativos tendrían que reformarse. Pero como predomina el antireformismo en la derecha, las fuerzas políticas y económicas que formaron parte de esa especie de oligarquización beneficiada por muchos años de acuerdos y favores, no permitirán que se modifiquen, cambien o reformen  −impunidad, privilegios fueros−.

Pocas alternativas se ven. Al orientarse desde varias décadas hasta hoy para acciones del orden interno, debido a que en gran parte las acciones de defensa del exterior están  vinculadas al Comando Norte de Estados Unidos, la seguridad pública es una de las hipótesis más aceptadas y consensuadas, incluso cuando la derecha era gobierno. El costo lo estamos viendo. Antes de la matanza de estos estudiantes, hubo otras sin llevar a los responsables ante la ley. No sólo en 68; también después con el terrorismo de Estado, en su expresión de “guerra sucia”. ¿Por qué debería hoy ser la primera?

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