Una multitud de migrantes han sido expulsados bajo el Título 42, una ley que con argumentos de “seguridad nacional” relacionados a la pandemia envía a México a las personas que solicitan entrar a Estados Unidos. Sin un proceso legal familias son llevadas a Corinto, Honduras, y vuelven a sentir cerca de los peligros que les orillaron a salir
* ¿Por qué hay personas que no valoran todo lo que tienen, lo tienen todo y otras no tenemos nada? Yo sé que no es correcto pero, siempre se lo he recriminado a Dios”, expresó Oralia Fuentes, hondureña de 24 años.
Agentes del Instituto Nacional de Migración ignoran los papeles que acreditan la nacionalidad de un bebé nacido en México y persiguen a su familia para sacarlos del país. La mamá con sus tres hijos, cuyas vidas corren peligro en Honduras, fueron llevados por la fuerza sin trámite legal de por medio
El líder de la comunidad de migrantes haitianos en Tapachula, Edelince Morange denunció hoy que agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) le provocaron a su esposa un aborto, luego de que los golpearan en un retén migratorio en Frontera Comalapa.
Salvador González Guerrero, contralmirante militar en retiro, asumió la oficina de Migración en el estado, con sede en Ciudad Juárez, en sustitución del general Pedro Alberto Alcalá López, quien fue trasladado a la oficina del instituto en Guerrero
*La protección de un Estado puede ser considerada efectiva, según el ACNUR, cuando el riesgo que da lugar al temor es suficientemente mitigado por una protección nacional disponible y efectiva, frente al daño temido. Ante la tendencia de denegación del derecho de asilo a las personas que proceden de un país considerado seguro, la consideración de una protección nacional efectiva es fundamental.
*En la investigación ofrecieron una sistematización de información referente a la militarización del sureste y fenómenos como la presencia de redes de venta y traslado de drogas, personas, controles de migración o negocios específicos como el inmobiliario y turístico.
La compañía ADO reiteró que, por petición de autoridades estatales, federales y del Instituto Nacional de Migración, es necesario acreditar el estatus migratorio para comprar boletos de autobús, medida calificada como anticonstitucional y discriminatoria, que se ha combinado con operativos de agentes para detener migrantes en las centrales
Esta acción de “no hacer nada” y del tortuoso itinerario burocrático del migrante solicitante de refugio, exacerba los discursos xenófobos y racistas en las ciudades en las que son retenidos, dejando el gobierno perversamente en “sus ciudadanos”, otra estrategia para desalentar al migrante y que muchas veces deriva en violencias.