Durante su vista a Chiapas, Diana Riba i Giner, diputada española del grupo Los Verdes, fue testiga de la situación que sufren colectivos indígenas, personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Chiapas, por lo que concluyó que: el acuerdo de libre comercio no puede ser ajeno a esta dura realidad.
Opinión De criminalización y juventud Giorgia Meloni no camina sola en Europa ¿Quiénes son los evangélicos? ¿intoxicados o inducidos? San Cristóbal de Las Casas: Una ciudad en riesgo Shakespeare, de nuevo, 2 Noticias Ante la violencia, gobiernos deben priorizar el interés superior por la niñez Por incertidumbre, suspenden clases en más de 30 instituciones educativas en San Cristóbal San Cristóbal de Las Casas vive en incertidumbre ante la violencia Es una tendencia simulada de redes, asegura gobierno federal sobre intoxicación de estudiantes en Chiapas Exigen a FGR transparentar investigación de la tragedia migrante del 9 de diciembre Misión civil llega […]
Derechos humanos, uno de los puntos sobre la mesa en las conversaciones comerciales entre la Unión Europea y México.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales, periodistas y defensores de derechos humanos revelaron el uso de del spyware Pegasus por parte del Ejército para espiarlos, que se suma a la filtración por parte del grupo de hackers Guacamaya. Anunciaron que buscarán que se legisle para proteger a la ciudadanía contra estas prácticas
#AlianzadeMedios | Por Pedro Matías en Página 3 OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- El gremio periodístico de Oaxaca condenó la agresión a los periodistas Álvaro Cuitláhuac López y Mario Romero, quienes fue golpeados, insultados y retenidos por manifestantes de Santa Inés del Monte que mantenían bloqueado el Congreso del estado. Con machete en mano, palos, piedras e insultos, los rijosos de Santa Inés del Monte que cerraron los accesos a recinto legislativo para obligar a los legisladores a atender su problemática interna, impidieron que los comunicadores abandonaran el lugar cuando ya se encontraban fuera del recinto. Los reporteros intentaron retirarse luego de […]
En México, uno de los países más peligrosos para periodistas, los gobiernos estatales han creado instancias de protección que existen sólo en el papel porque no tienen presupuesto asignado,o personal suficiente y adecuado, ni se coordinan con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Por Samantha Páez A los periodistas Margarito Martínez y Lourdes Maldonado los asesinaron en enero de 2022 a unos metros de su casa, en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California, México. Habían solicitado protección a la Unidad de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Baja California, […]
Opinión Travestismo político o muerte, esa es la cuestión Nuevas plataformas digitales: el futuro de la comunicación Kuri Grajales da golpes, pero también recibe Pocos leones y muchísimas hienas/ 1 Diez minutos Noticias Exigen a CFE se responsabilice por incendio que arrasó con mil hectáreas en Arriaga Crimen organizado crece en Chiapas, organizaciones acusan aquiescencia de autoridades Hasta siempre Jtotik Miguel Preocupante presionar a migrantes para que arriesguen su vida por un documento: Colectivo de Monitoreo Biden presiona a López Obrador para detener flujo migratorio: Human Rights Watch Alcalde de Teopisca es asesinado al salir de su casa Chiapas, la […]
*En el mundo han sido asesinados 1200 periodistas entre 2006 y 2020. No obstante, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) identificó una disminución de casos en un 20% de 2016 y 2020. De entre los datos. la Comisión alertó la impunidad en los casos, pues el 87% se mantiene en impunidad. El Índice de Progreso Social (IPS) 2015-2020, a nivel estatal que hace “México, ¿cómo vamos?”, dio a conocer que Chiapas ocupa el último lugar en Acceso a la información y Comunicaciones, pues es la entidad con mayor tasa de agresión […]
Las agresiones y las denuncias en contra de los periodistas yucatecos han aumentado este año. Uno de los mecanismos que ha empleado el Estado es el hostigamiento judicial, con leyes violatorias de derechos humanos como el artículo 295 del Código Penal, que establece penas de hasta dos años de prisión por difamación