Tres mujeres trans que viven en Tamaulipas contaron sus historias de resistencia contra la violencia y la lucha por el reconocimiento de sus identidades, lo hicieron cuatro días antes del asesinato de Ociel Baena, magistrade y activista por los derechos de las personas LGBTI.
La autoridad federal otorgó el amparó porque consideró que se violó el derecho de consulta libre e informada a comunidades mayas. Los pobladores denuncian que las granjas avícolas provocan enfermedades y daños al medio ambiente, por la filtración de aguas residuales a la Laguna de Chichankanab y otros mantos acuíferos
El periodista Ismael Villagómez Tapia laboraba en el El Heraldo de Juárez, tenía 43 años, Hasta el momento se desconoce quién o quiénes son los responsables de este asesinato.
Uno de los sectores sociales afectados por el huracán Otis son los periodistas locales de Acapulco, quienes además de enfrentar sus propios daños deben informar el saldo y los estragos de la devastación, aun con las imposibilidades mismas de comunicar.
El asesinato de Ociel Baena y su pareja sigue sin esclarecerse. La Fiscalía de Aguascalientes ha apresurado declaraciones sin realizar los protocolos de investigación adecuados, pero la muerte de le magistrade puso en la agenda pública lo que muchos no quieren ver: las personas no binarias existen y resisten
“¡Mátame, si puedes!”, retó el indígena Binnizáa Ismael Luis López al comisariado de Bienes Comunales, César Octavio Morales, y a sus pistoleros.
La pequeña Amal, proyecto que simboliza la lucha de los niños refugiados, recorre las calles de Guadalajara este 14 y 15 de noviembre.
Durante tres días, el Instituto Nacional de Migración desalojó por la fuerza a migrantes que pernoctaban en las inmediaciones de la Central del Norte. Los hechos han generado un ambiente de miedo e indignación, y pone en entredicho la nueva política que el gobierno federal presume a todo el mundo, la de una migración más humana y con respeto a los derechos humanos
La comisión local de búsqueda de Chihuahua destina solo 5 mil 504 pesos anuales en promedio a la localización de cada una de las víctimas de desaparición