Dos probables asesinos de Berta Cáceres podrían quedar libres

A 4 años de su asesinato, Chiapas exige justicia por Berta Cáceres

*Berta Cáceres, era líder ambientalista, coordinaba el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue ejecutada el 2 de marzo de 2016, sus perpetradores estaban vinculados a la empresa Desarrollo Energéticos S.A (DESA), constructora de la represa hidroeléctrica Agua Zarca a la cual ella y el pueblo indígena Lenca en Honduras se resistían.


Recordemos que, a 4 años de su asesinato, 7 personas fueron sentenciadas por dicho crimen, sin embargo, las hijas e hijo de la activista mencionaron que existían pruebas suficientes para procesar y sancionar a la familia Átala, señalada como los autores materiales del asesinato.

Sergio Ramón Rodríguez Orellana (empleado de DESA), Douglas Geovanny Bustillo (sargento retirado) y Mariano Díaz Chávez (mayor de las fuerzas armadas) fueron sentenciados a 30 años y 6 meses de prisión cada uno.

Henry Hernández (militar retirado), Edilson Atilio Duarte Meza (sicario), Elvin Eriberto Rápalo Orellana (sicario) y Óscar Aroldo Torres Velásquez (sicario) a 50 años y 4 meses de prisión cada uno.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), el día 7 de abril denunció la posibilidad de que dos de los asesinos condenados por la muerte de Berta Cáceres salgan de la cárcel en el marco de la emergencia sanitaria.

COPINH se ha hecho de conocimiento sobre gestiones para que Sergio Rodríguez Orellana y Douglas Bustillo, trabajadores de la familia Atala Zablah, sean puestos en libertad por supuestas razones médicas en medio de la crisis por el Covid-19. Así mismo más beneficios o incluso la excarcelación de David Castillo, uno de los autores intelectuales del crimen.

El Consejo Cívico denunció que las autoridades del Estado de Honduras y del Instituto Nacional Penitenciario dirigido por el ejército de Honduras pretendan dejar en libertad a estos asesinos convictos aprovechando la crisis de salud que atraviesa el país.

Así mismo, denuncian que este plan se sumará a las condiciones de privilegio en las que se encuentran los delincuentes, en especial a Castillo quien ha gozado de excepcionales visitas, alojamiento VIP, libertad de traslados y transporte, amparado por las anteriores y actuales direcciones del Centro Penitenciario de Támara, donde al parecer también se encuentran Rodríguez y Bustillo.

COPINH exigió que las autoridades encabezadas por el coronel José González Maradiaga, director de la junta interventora del Sistema Nacional Penitenciario, esclarezcan esta situación. Hacemos un llamado y alerta nacional e internacional.

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