Piden a Gobierno detener el autor intelectual del asesinato de Mario Gómez

Periodistas protestan con sala de redacción frente Palacio de Gobierno, exigen detención de autores intelecturales del asesinato de Mario Gómez – FOTO – APECOCH (19)

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado a las autoridades investigadoras y procuradoras de justicia nacionales para que, en ejercicio de sus facultades, realicen investigaciones diligentes y exhaustivas, para esclarecer los crímenes en contra de periodistas y comunicadores y se condene tanto a los autores materiales como a intelectuales de estos crímenes.

El Órgano Nacional junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconocen que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en América Latina, esto se ve reflejado en el secuestro, desaparición y homicidio, atentados a la libertad de expresión que se cometen de manera cotidiana y alarmante en contra de los periodistas.

LA CNDH señaló que, en los últimos dos decenios, han registrado 165 homicidios de periodistas en México, de los cuales 12 han ocurrido este año.

Añadió que, de 2005 a la fecha, han registrado 21 casos de periodistas desaparecidos, mientras que de 2006 a la actualidad se han contabilizado 54 atentados a instalaciones de medios de comunicación, lo que hace evidente el grave panorama de violencia que enfrentan los periodistas y comunicadores por su labor.

En Chiapas, el caso que visibilizó la vulnerabilidad de los periodistas es el de Mario Gómez, quien fue asesinado al salir de su domicilio la tarde del 21 de septiembre de 2018, en el barrio de San Martín, municipio de Yajalón.

Dos personas a bordo de una motocicleta le dispararon, su familia informó a este portal que el periodista había acudido ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para pedir protección debido a amenazas a su integridad física, sin embargo, le retiraron la seguridad.

Por su parte, la organización Artículo 19 informó que, en 2016, documentó amenazas a Gómez vinculadas a su trabajo periodístico, los días 15 y 16 de junio en Yajalón, tras haber hecho públicos actos de corrupción de funcionarios del estado.

La Organización solicitó a la FGE aclarar los criterios bajo los que se decidió el retiro de medidas de protección a Gómez; y a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión que investigara el caso a fin de conducir a los responsables del asesinato ante la justicia.

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Tras 8 meses del asesinato del periodista, Jorge Luis Llaven Abarca, Fiscal General del Estado, expresó que la investigación no había cesado y quedaba pendiente la detención de una persona, quien podría ser el asesino intelectual del hecho.

Llaven Abarca informó en ese entonces que, además de las dos personas detenidas y llevadas a procesos por su participación material del asesinato, aún resta una investigación que podría llevar al asesino intelectual.

Sin embargo, periodistas y familiares del reportero, exigieron el 21 de septiembre de este año, a la FGE cumplir con su deber y dar con los autores intelectuales del crimen del comunicador y no encubrirlos.

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Henry y Nancy Gómez, hermano y hermana del reportero, denunciaron que no confían en las investigaciones de la FGE pues temen que todo quede en la impunidad, porque el defensor de los criminales de Mario Gómez, desde su despacho privado, es ahora el fiscal de procedimientos penales, Jorge Segismundo Rotter Díaz.

Por lo que, un grupo de periodistas y comunicadores de Chiapas colgaron una manta en un puente peatonal, donde pidieron a Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador del Estado, castigo no sólo para los autores materiales del crimen sino también para él o los autores intelectuales.

Ante el contexto expuesto, el Organismo Nacional recuerda a las autoridades investigadoras y procuradoras de justicia que, la CIDH destacó que la “debida diligencia” exige que las investigaciones penales impulsadas por el Estado deben tomar en cuenta la complejidad de los hechos, el contexto en que ocurrieron y los patrones que explican su comisión, asegurando que no haya omisiones en la recopilación de pruebas y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación.