El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y el Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) advirtieron este martes que Chiapas vive un colapso de gobernabilidad sin precedente, en el que las fronteras entre la autoridad legítima y el poder criminal se han borrado, dejando a comunidades enteras atrapadas en un régimen de miedo, silencio y control territorial que ya alcanza a todo el estado.

Pedro Faro, integrante del Frayba, describió la situación con un concepto que atravesó toda su intervención: el «cuarteto del mal». Cuatro actores que operan de forma entrelazada y que juntos han desmantelado lo que quedaba del estado de derecho en Chiapas: el gobierno, las organizaciones corporativistas, la delincuencia organizada y las empresas —legales e ilegales.

«Las leyes no son funcionales en este contexto (…) lo que pasa en México, en Chiapas, es que las instituciones no funcionan para que se imparta justicia, para que hayan acuerdos políticos y sociales donde se garanticen los derechos básicos», dio.

Para el defensor de derechos humanos, el problema no es que el plan de gobierno nacional o estatal se constituya formalmente como criminal. El problema está en la práctica: «Hay funcionarios cooptados, hay presidentes municipales que le rinden cuentas a la delincuencia organizada, son parte de la delincuencia organizada». Y advirtió que las próximas elecciones representan un riesgo adicional: «Vamos a ver cuántos personajes de la delincuencia organizada vamos a tener como gobernantes».

Los expertos coincidieron que en lo que se vive son nuevas formas de gobernar, un nuevo orden social, nuevas formas de vivir la vida “donde lo legal y lo ilegal se funden y donde el estado, corporaciones y actores armados se entrelazan”.

En su participación, Faro señaló que la violencia ha penetrado tan profundo en el tejido social que ya no solo afecta la seguridad física de las personas:, afecta «la confianza entre comunidades, pueblos, organizaciones y vecinos, incluso entre familiares. En muchos lugares ya no es posible saber quién está vinculado con qué actor, ni distinguir entre riesgo y resguardo. Como expresan las propias comunidades, ya no hay confianza para platicar, ya no sabes con quién estás hablando«.

El miedo como método

Carla Beatriz Zamora, socióloga e investigadora del Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), describió cómo la violencia ha generado un nuevo orden social que obliga a la población a adaptarse a nuevas formas de vivir. Un orden que, advirtió, no debe normalizarse. «Lo que tenemos ahora es un nuevo orden social que marca la violencia, dijo.

Identificó las formas económicas que sostienen ese orden: extorsión, tráfico de armas, tala ilegal, trata de personas, trata de infantes y delitos cibernéticos. Señaló además un impacto psicológico que aún no termina de dimensionarse: la desesperanza, la frustración y el miedo que enfrentan quienes han vivido estas etapas.

«Hay un impacto económico que todavía no se da cuenta pero se ve en el abandono de propiedades,  el cobro de piso, el control de la economía”, apuntó la investigadora.

Desde enero de 2021 hasta octubre de 2025, organizaciones humanitarias registraron 24,290 personas víctimas de desplazamiento forzado en Chiapas, provenientes de municipios como Pantelhó, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Oxchuc, Chenalhó y Ocosingo, entre otros. Chiapas concentró, según la Universidad Iberoamericana, el 61.8 por ciento de los casos de desplazamiento forzado registrados a nivel nacional en 2024.

Chiapas como frontera total

Uno de los conceptos más contundentes del foro fue la idea de Chiapas como «frontera amplia en todo el territorio». Faro explicó que la condición fronteriza históricamente asociada a la franja con Guatemala o con Tapachula, se ha extendido a todo el estado; es decir, que la delincuencia organizada ejerce pleno control no solo en zonas limítrofes, sino en los Altos, la Sierra, la Selva y la región Tojolabal.

En ese contexto, los expertos coincidieron  en que esta región vive «un escenario inédito», donde se vive la degradación acelerada de las condiciones mínimas del estado de derecho, el silenciamiento impuesto por el miedo, y lo que se describió como una catástrofe social semejante a la que se vive en otras regiones de México.

Zamora Lomelí coincidió en que el desafío no es solo recuperar la seguridad, sino «recuperar la capacidad de vivir sin miedo, ejercer los derechos y decidir sobre los territorios, sin estar sometidas ni a las armas ni al silencio».

En la jornada de reflexión y análisis las y los expertos platearon diversas metodologias para realizar investigaciiones academicas que permitan demostrar esta realidad como contraparte a la narrativa oficial que señala que en Chiapas se vive en condiciones de paz. Sin embargo, sostuvieron que para reconstruir el Estado de Derecho, se requiere voluntad política.