Comuneros de Chimalapas llegarán al ejido Gustavo Díaz Ordaz, buscan conciliación pacífica

Chimalapas

Una comisión de 500 personas insistirá en la disolución voluntaria del ejido chiapaneco enclavado en su territorio. El proceso corre en paralelo a un litigio de límites aún no ejecutado plenamente por la Suprema Corte.

Una comisión de 500 comuneros de San Miguel Chimalapa, Oaxaca, llegará este viernes 4 de septiembre al ejido Gustavo Díaz Ordaz —asentado en su territorio comunal— para continuar el proceso de conciliación que ellos mismos pusieron en marcha hace un mes, al vencer el plazo de 30 días que la asamblea comunal otorgó a los ejidatarios para disolver voluntariamente su núcleo agrario e incorporarse a la comunalidad oaxaqueña.

Ese emplazamiento fue lanzado desde el 4 de agosto, cuando San Miguel Chimalapa fijó 30 días a los habitantes de Gustavo Díaz Ordaz para disolver su ejido y adherirse como comuneros, advirtiéndoles que de no hacerlo realizaría las acciones necesarias para la restitución de sus tierras.

El Comisariado de Bienes Comunales de Chimalapas dio a conocer un comunicado donde señala el carácter pacífico de la movilización y llama al proceso «conciliación de campesino a campesino, de indígena a indígena».

El nudo agrario

El conflicto es anterior a la resolución de la Suprema Corte que muchos dan por cerrada. El ejido de Gustavo Díaz Ordaz fue creado alrededor del año 1967, tras la invasión de tierras comunales por pobladores del estado de Chiapas; junto a él se establecieron otros núcleos —Rodulfo Figueroa, Flor de Chiapas y Ramón E. Balboa— todos sobre territorio oaxaqueño de los Chimalapas.

En noviembre de 2021, el Pleno de la SCJN resolvió, con 10 votos contra uno, que las 160 mil hectáreas de bosques y selvas disputadas desde 1967 con Chiapas pertenecen a las comunidades zoques de San Miguel y Santa María Chimalapa. El Congreso de Oaxaca reformó su Constitución en 2023 para dar cumplimiento al fallo.

Sin embargo, el asunto dista de estar resuelto. La sentencia aclaró que la delimitación política entre estados no extingue por sí sola los derechos agrarios ya reconocidos a ejidos y comunidades; por eso el conflicto agrario sigue en paralelo al de límites. Y hay además un problema técnico pendiente: un punto de la resolución quedó ubicado en el océano Pacífico, y la SCJN analiza la corrección de esos errores de coordenadas que, de no subsanarse, impiden ejecutar plenamente el fallo.

La postura de los ejidatarios

 Unas 420 familias del ejido Gustavo Díaz Ordaz sostienen que cuentan con documentación agraria que los reconoce como ejidatarios y que sus trámites, registros y servicios continúan vinculados al municipio chiapaneco de Cintalapa, por lo que rechazan incorporarse como comuneros de San Miguel Chimalapa ante el temor de perder derechos parcelarios.

María del Rocío del Pino Flores, representante del grupo Mujeres Unidas de Gustavo Díaz Ordaz, informó que el documento del emplazamiento fue entregado el 4 de agosto por un contingente de aproximadamente 400 personas, algunas de las cuales, dijo, portaban machetes. Los comuneros oaxaqueños han desmentido que haya habido violencia.

Uno de los elementos que tensó el ambiente en semanas recientes fue el ingreso de fuerzas de seguridad de Chiapas a la zona. Tras el emplazamiento del 4 de agosto, la presencia de seguridad pública chiapaneca en los ejidos se consideró como una medida de disuasión, aunque los gobiernos de Oaxaca y Chiapas no se habían manifestado públicamente ante el emplazamiento. Los comuneros zoques lo rechazaron categóricamente, señalando que esas patrullas no tenían nada que hacer en territorio oaxaqueño.

Sin mesa de diálogo institucional

La dirigencia comunal de San Miguel Chimalapa confirmó que hasta el momento no habían logrado establecer una mesa de diálogo directa con las autoridades del Gobierno de Oaxaca para encauzar el conflicto, y que ante la falta de acompañamiento institucional que ejecutara en el terreno el fallo de la Suprema Corte, los comuneros se mantuvieron firmes en el emplazamiento.

El propio boletín del 2 de septiembre lo constata: señala que las reuniones sostenidas con el gobernador de Oaxaca, con instancias federales y con el presidente de la Suprema Corte «no son concretas ni tangibles», y que el proceso de corrección de las coordenadas del fallo tomará aproximadamente tres meses más.

El Comisariado propone que los ejidatarios de Díaz Ordaz —y de los otros tres ejidos en igual situación— puedan mantener sus casas y sus trabajaderos siempre que reconozcan que están en territorio comunal y acaten el Estatuto Comunal de San Miguel Chimalapa. La propuesta no implica que dejen de ser chiapanecos.

El diálogo del 31 de agosto en la cabecera municipal —al que asistieron pobladores y autoridades ejidales de Gustavo Díaz Ordaz— fue el único avance concreto registrado antes del vencimiento del plazo. La comisión que llegó este viernes busca establecer una mesa de trabajo permanente.